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Cuando el presidente de la República, junto a su equipo, anunció que los Consejos de Salarios convocarían a 88 ramas del sector privado para analizar la posibilidad de adelantar los aumentos salariales previstos para más adelante, ya sabíamos de qué se trataba. Una vez más las estructuras mal concebidas dan un poder al Estado que en algún momento lo va a usar, aprovechando una supuesta protección legal sin respetar principios liberales y sin considerar las consecuencias.
Inmediatamente el PIT-CNT se envalentonó, declaró que todo lo anunciado era insuficiente, presentó una propuesta típicamente demagógica (e irrealizable) y se preparó para una campaña en su lucha por la indexación permanente y general del salario; fácil de vender, aunque en este contexto solo provoque un espiral inflacionario que termina perjudicando al que pretenden beneficiar. Pero claro, esto último es más difícil de vender.
El ministro de Trabajo se ocupó de aclarar que este llamado es solo para negociar de acuerdo a las posibilidades de las partes, cosa que no cambió en nada: el monstruo ya había sido despertado por el Poder Ejecutivo. En realidad lo que se hizo fue dinamitar una de las pocas virtudes de los Consejos de Salarios: se rompieron los periodos de paz sindical que, dando vuelta la forma de expresarse de los representantes sindicales, es un —costoso— derecho que ganan los empresarios. Es un tiempo para producir sin distracciones.
Los empresarios tampoco tardaron en hacerse oír. “En el medio del río se nos pide un cambio de acción”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Explicó que el gobierno, al mismo tiempo que les reclama cuidar los precios, agrega esta potencial situación conflictiva y un adelanto de la carga salarial. Destacó también que se repite el conocido error de llamar a negociar por rama, donde hay empresas que pueden asumir ese esfuerzo y otras que definitivamente no. Pero esto es un problema estructural que tenemos, donde obligamos a los que no pueden a autoflagelarse y achatamos las posibilidades de otros que podrían.
El gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera fue el único que se atrevió a dejar de lado el intervencionismo del Estado en este rubro y las consecuencias positivas fueron defendidas en varios momentos por el ministro de Economía de la segunda mitad de su gobierno, Ignacio de Posadas, destacando que el crecimiento del trabajo en el país fue inmediato. De Posadas considera que los Consejos de Salarios son la “vaca sagrada” de los sindicalistas, pero se queda corto: ni siquiera el actual gobierno multicolor se atreve a desafiar esta (costosa) entidad creada en 1943.
Días pasados el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que modifica la Ley 18.566 que regula las condiciones de negociación colectiva para la actividad privada, para ajustarla a las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo. Pero atiende cuatro de las cinco observaciones, dejando afuera la más trascendente, que señala que si bien la fijación de salarios mínimos puede ser objeto de entendimientos tripartitos, todos los demás convenios deberían ser fruto de un acuerdo bipartito, y destaquemos: ¡Sin injerencia del Poder Ejecutivo! Con esto el gobierno confirma con un mensaje claro cuál es su posición en el asunto, sin hacer caso a los mentores más liberales, y sin que se le pueda echar toda la culpa a sus socios mucho más conservadores.
La realidad marca que nuestro costo de vida sea elevado, como sucede en muchos países que prosperan, pero el poder adquisitivo en general viene atrasado. Los Consejos de Salarios son otra forma de intentar controlar el mercado, aunque no sabemos a ciencia cierta si no han sido parte del problema. Tomemos en cuenta que las pautas salariales que pusieron los gobiernos siempre están más relacionadas con sus propias necesidades, que con la realidad de una variedad enorme de empresas. Ahora nos perdimos otra vez la oportunidad de dejar que el mercado haga los ajustes, con participación de las partes (bipartitas, por empresa) directamente involucradas. Una vez más no confiamos en la autodeterminación del ciudadano e imponemos el paternalismo del Estado.
