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    Organizaciones internacionales preocupadas por medidas que pueden debilitar a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA

    La posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pierda autonomía y quede bajo el control de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) generó alerta en varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Es que una propuesta presentada por Ecuador ante la Asamblea General de la OEA, que se celebra estos días en Asunción, Paraguay, pretendía restringir el financiamiento de la Comisión a lo que aporten los Estados, y limitar los fondos que recibe de la cooperación internacional. Esto —advirtieron varias organizaciones— quitaría independencia a la Comisión y debilitaría las relatorías, en particular la de Libertad de Expresión, que es la que recibe más fondos internacionales.

    Tras largas negociaciones, nueve países de Unasur presentaron una propuesta más moderada que la ecuatoriana, que sin embargo contempla la posibilidad de que se discuta la creación de “un fondo único para el fomento de contribuciones voluntarias (...) hasta tanto se logre que el pleno financiamiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) sea asumido por los Estados Miembros”.

    La propuesta ingresó ayer para ser discutida en Comisión General y hoy será sometida a votación. El canciller Luis Almagro dijo a Búsqueda que la nueva iniciativa “tuvo una buena acogida de los demás países”, y sostuvo que no contempla excluir a las relatorías del financiamiento internacional. Afirmó que para Uruguay “no existe la posibilidad” de que la CIDH sea mantenida exclusivamente por los Estados. Uruguay quiere “dotarla de más y mejores recursos” y “decir lo contrario es completamente equivocado”.

    La CIDH es un órgano autónomo de la OEA que se dedica a la protección de los derechos humanos en América. Está integrada por varias relatorías, que trabajan para la promoción de derechos específicos y se financia con aportes de los Estados y de donaciones de la sociedad civil.

    Reforma.

    Desde hace algunos años Ecuador ha impulsado un proceso de reforma de la CIDH que busca limitar la cooperación internacional que reciben las relatorías. En particular, la medida afectaría a la relatoría de Libertad de Expresión, que cuenta con un presupuesto considerablemente mayor al resto, y que ha sido muy crítica con el gobierno ecuatoriano por sus ataques contra la prensa. Si bien la discusión sobre la reforma parecía haber quedado saldada en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA celebrada en marzo de 2013 —donde no prosperaron las principales propuestas ecuatorianas—, el tema volvió a tomar fuerza en las últimas semanas.

    El 23 de mayo, en el marco de una reunión de cancilleres de la Unasur en Galápagos, se emitió una declaración proponiendo que el Consejo Permanente de la OEA estudie “las distintas dimensiones del sistema de relatorías”, con “propuestas concretas respecto al financiamiento equilibrado de las relatorías, incluyendo la creación de un Fondo para recibir contribuciones extra presupuestarias, que deberían ser asignadas de acuerdo a un programa de trabajo previamente aprobado”.

    Días después, en la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana, celebrada en Haití, los Estados acordaron —con la salvedad de México y Costa Rica— “profundizar el análisis con el objetivo de que el SIDH, sea financiado exclusivamente por los Estados miembros de la OEA”. Mientras “se promoverá la creación de un Fondo único para la recepción de contribuciones extrapresupuestarias, que deberían ser asignadas de acuerdo a un programa de trabajo previamente aprobado por los Estados”.

    La Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas —que incluye, entre otras, a Amnistía Internacional— emitió un comunicado criticando la propuesta, que “claramente violaría la autonomía de la Comisión”.

    Riesgo.

    Con estos antecedentes, las discusiones en las Asamblea General de la OEA en Asunción fueron seguidas con atención por la CIDH y las organizaciones de derechos humanos.

    El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que en la Asamblea se estaba discutiendo una propuesta de Ecuador “casi idéntica” a la aprobada en Haití, que busca prohibir que las relatorías “reciban fondos directos de la cooperación internacional, con lo cual habría literalmente que cerrarlas”. Vivanco cuestionó que países como Uruguay y Brasil apoyaran a Ecuador en sus planes.

    Vivanco dijo a Búsqueda que la nueva propuesta presentada por los países de la Unasur sigue siendo “peligrosa” en tanto mantiene viva la amenaza sobre las relatorías y la posibilidad de quitarles la cooperación internacional.

    “Igualar para arriba”.

    “Uruguay es partidario de que la CIDH reciba más recursos, y es favorable a que haya más contribuciones de los países, de la sociedad civil y del sector privado”, afirmó el canciller Almagro. “La autonomía de la CIDH es fundamental y no puede haber ningún doble discurso, ningún doble estándar, y no lo hay en nuestra posición”.

    El representante de Uruguay ante la OEA, Milton Romani, dijo a Búsqueda que Uruguay mantiene su postura de “igualar para arriba” a todas las relatorías.

    Uruguay se “opuso” a que la Comisión sea financiada “en exclusividad por los Estados parte”, y a la “reapertura” de la discusión sobre el tema de las relatorías, ya que “no es procedente” porque fue “resuelto en una sesión especial de la OEA”, afirmó Almagro.

    Información Nacional
    2014-06-05T00:00:00

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