Oscuridad política

Cuando se llega a un acuerdo político no es necesario respetar el orden de las antigüedades y los legisladores pueden designar sin prelación, incluso cargos a futuro. La Carta establece que si transcurridos 90 días de una vacante no hay acuerdo ingresará automáticamente el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones. El Frente Amplio no quiso a John Pérez para la Corte y se aplicó la antigüedad.

Aunque marqué la negativa frenteamplista y su falta de fundamentos públicos, lo mismo ocurre en el oficialismo, cuyas preferencias o rechazos son también una incógnita. Unos y otros tienen la obligación democrática y moral de informar con transparencia. Hacen lo contrario. Los ciudadanos, todos potenciales litigantes, tienen derecho a saber quién será quién en las cúpulas. Es una forma de generar confianza en un sistema que cada tanto sufre cimbronazos. En cambio transitan entre gallos y medias noches considerando presuntas afinidades partidarias de los candidatos.

Mientras los políticos pierden el tiempo con minucias en las redes sociales —cuando no chismes o rumores—, las postulaciones a la Corte y al TCA se fundamentan en los años en la magistratura, en un currículum preñado de papelitos de seminarios y algunas carreras docentes. Cero de fundamentos jurídicos o sobre la filosofía en la aplicación de la ley. Los políticos prefieren que sus correligionarios les soplen al oído virtudes o defectos, mientras algunos hacen lobby en el Palacio Legislativo.

El mecanismo constitucional es manipulado mediante acciones opacas. El abogado Santiago Pereira Campos, catedrático de derecho procesal y asesor de gobiernos en reforma de sistemas de Justicia, lo elogia, pero advierte que existen demandas de la sociedad civil. Desde 2015 se han remitido al Poder Legislativo decenas de propuestas donde se reclaman mecanismos más transparentes sobre el debate para designar a los ministros, recordó tiempo atrás en el programa No toquen nada de Radio Del Sol.

Algo parecido expresó quien era presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Cristina Cabrera: “No alcanza con llegar después de 30 años de haber desempeñado la función, sino cómo se aplica el sistema (de selección). Debería haber una discusión fermental para divulgar públicamente el currículum y quiénes son los candidatos y sus propuestas”.

Es deseable y necesario que los candidatos comparezcan ante los legisladores para responder públicamente —insisto, públicamente— a preguntas fuera de casos concretos. Si reciben cuestionamientos deben tener la oportunidad de dar su punto de vista. Algo parecido ocurre en Estados Unidos ante el Senado. Allí se llama “audiencia de confirmación” y los candidatos deben responder incluso sobre eventuales transgresiones en su vida privada.

¿Usted ha escuchado o leído en Uruguay debates fermentales sobre esa necesidad de transparencia? Seguro que no. Tampoco los impulsa el periodismo. Levantar conventillos de redes sociales es más fácil y no hay que estudiar.

Los políticos pretenden continuar con la sartén por el mango y el mango también, según la “filósofa popular” María Elena Walsh. Cuando menos se sepa, más posibilidades de arreglos oscuros y más tiempo para desarrollar trivialidades que convierten al mundo político en un pobre espectáculo. En algún momento esa granada les estallará en las manos.

Del otro lado estamos los ciudadanos que cada cinco años votamos a quienes deberán definir las cúpulas judiciales que sentencian en última instancia sobre demandas familiares, laborales, penales, comerciales, administrativas o inconstitucionalidades ¡Casi nada! ¡Sobre todo, la vida y las haciendas! Después, a llorar al cuartito o a judicializar los temas políticos.

El aserto “donde manda capitán no manda marinero” es marca registrada en la Asamblea General, aunque los 130 capitanes son muchos menos que los 3,4 millones de ciudadanos-marineros. Si los que mandan optan por la oscuridad, habrá que usar una linterna.

Según las antigüedades conocemos las opciones más cercanas. Luis Tosi cesa en la Corte el 27 de octubre. Debería sustituirlo Ana Maggi, pero antes de transcurridos los 90 días, el 9 de enero de 2022, cumplirá 70 años, por lo que ingresaría quien le sigue, Doris Morales. El resto de los ministros continuará hasta después que asuma el nuevo gobierno en 2025.

En el TCA Eduardo Vázquez Cruz cesará el 10 de diciembre de 2022. José Balcaldi, Ángel Cal y Rosina Rossi tienen la misma antigüedad como ministros de tribunal. Ante esa igualdad la prioridad es del juez con más años en la judicatura. Son Balcaldi y Rossi, pero surge otra traba: ambos tienen los mismos años en la judicatura (son jueces desde el 29/8/1986) y nada hay establecido sobre a quién le corresponde la prioridad ni quién la determina.

Como sea la situación, en el TCA uno sustituirá a Vázquez Cruz y el otro a Nilza Salvo, que el 30 de enero de 2023 cumplirá 70 años.

Encargué pilas para la linterna. Que sean alcalinas.