Los visionarios Peter Neufeld y Barry Scheck habían trabajado como defensores públicos en casos penales durante los 15 años anteriores en una organización del Bronx. Esa experiencia, su compromiso con los derechos humanos y sus mentes ávidas los llevaron a detectar la importancia de los avances que se estaban realizando en el campo de la genética y avizorar la trascendencia que eso podía tener como prueba en los casos judiciales, especialmente para verificar el acierto de la avalancha de condenas a penas crueles y desmesuradas que caracteriza al sistema legal penal de los Estados Unidos de América, el país con la mayor cantidad de personas presas del mundo y donde aún está vigente la pena de muerte.
El National Registry of Exonerations lleva registro de 3.388 exoneraciones en Estados Unidos de América desde 1989. 195 de ellas eran a la pena de muerte.
Las organizaciones de inocencia ponen también el foco en la formación de estudiantes de Derecho para que existan abogados y abogadas más sensibles y más activos, y también tienen como finalidad la reforma de la Justicia legal penal para tratar de prevenir la condena de personas inocentes a partir de los hallazgos y el estudio sobre las causas que las provocan y para humanizar el sistema penal.
Otro aspecto de la labor de inocencia apunta a ayudar a las personas exoneradas a reinsertarse en la sociedad después de años y hasta décadas de injusto encarcelamiento.
El litigio de inocencia no se limita en la actualidad a la utilización de la prueba de ADN, sino que se extiende a la producción de otras pruebas que sirvan para probar la inocencia. Hoy se conoce mucho más sobre los motivos de los errores, que abarcan desde cuestiones tales como los límites del conocimiento humano y de las ciencias, los sesgos de los operadores del sistema judicial, defectos en el diseño de los procesos, problemas con la memoria de testigos y víctimas, discriminación, influencia de medios de comunicación y de grupos de presión, defensa inadecuada o racismo, hasta casos en que más que errores existen irregularidades y delitos por parte de las personas responsables de investigar y de administrar justicia, tal como ocurre en nuestro medio con las llamadas “causas armadas”.
En América Latina, sobre todo desde fines de los años 2000, se han creado al menos 35 organizaciones de inocencia que hoy integran la Red Inocente.
En Argentina el Proyecto Inocencia se creó a partir del documental de Enrique Piñeyro The Rati Horror Show, estrenado en el año 2010. Esta película relata el caso de Fernando Carrera, quien fue culpado de lo que se llamó “La Masacre de Pompeya” y condenado erróneamente sobre la base de pruebas fraguadas a la pena de 30 años de prisión, luego de haber sobrevivido al acribillamiento efectuado por fuerzas policiales que lo confundieron con el autor de un robo y que en la violenta persecución causaron la muerte de tres personas.
El documental tuvo un impacto notable en la visibilización del caso y diversas pruebas obtenidas en la investigación realizada por el cineasta fueron entregadas a la Justicia, donde luego de varias idas y vueltas la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió absolver a Carrera.
Luego de echar luz sobre la punta del iceberg de las condenas erradas en la Argentina, Piñeyro comprendió que era necesario pensar en otras iniciativas que permitieran comprender mejor el problema y ayudar a quienes atravesaban situaciones semejantes a las de Carrera.
Con ese objetivo se tomó contacto con el California Innocence Project y con su director, Justin Brooks, con cuya guía se armó en Argentina una organización similar a las que existen en el resto del mundo, que funciona desde 2012.
En la experiencia de estos años se ha podido verificar que muchos de los factores que generan condenas erradas en otros países también existen en Argentina.
También hay otros factores criollos que muchas veces empeoran el problema, como la subsistencia de la tortura, la corrupción, el ritualismo, la excesiva familiaridad entre quienes integran agencias con roles procesales contrapuestos, la duración desmesurada de los procesos y el abuso de la prisión preventiva, que hace que muchas veces el daño a los inocentes se consuma antes de que se dicte una sentencia que se pronuncie sobre su eventual culpabilidad.
Eso ha llevado a modificar algunos modos de intervención en los casos, tratando de aportar información relevante antes de que las sentencias queden firmes, a través de la presentación de escritos como amicus curiae en veinte casos, como ocurrió en dos recientes fallos muy importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia: los dictados en los casos de Cristina Vázquez y Jorge González Nieva, en los que la Corte tomó en cuenta argumentos planteados por Innocence Project Argentina. Cristina había sido condenada a partir de prejuicios, estereotipos y pruebas falsas por un homicidio que no cometió y estuvo presa injustamente 11 años. Poco tiempo después de recuperar su libertad fue encontrada sin vida.
Jorge González Nieva es un taxista que estuvo preso más de 13 años por una salidera bancaria con homicidio en la que no participó. Fue condenado sobre la base de una causa armada por la policía y un fiscal, en la que se introdujo información incriminatoria falsa en un acta que le hicieron firmar al único testigo aprovechándose de que era analfabeto.
También se ha cooperado aportando pruebas que generalmente son imposibles de sufragar y producir por las personas que suelen caer bajo las garras del sistema judicial penal y que muchas veces son imprescindibles para demostrar su inocencia.
Fuimos los defensores de Marcos Bazán, quien estuvo preso más de cinco años por un femicidio que no cometió, en su segundo juicio. Allí resultó absuelto en contraposición a la cadena perpetua que se le había impuesto en el primer juicio sobre la base de las supercherías de un supuesto especialista en la guía de perros que carecía de la mínima seriedad y credenciales y que no obstante sus evidentes mentiras había sido tomado en cuenta por la Justicia.
Innocence Project Argentina recibe anualmente cientos de pedidos de intervención.
El panorama de condenas erradas en la Argentina es de lo más variado y pone en evidencia diversos problemas que requieren prestar más atención a los aspectos probatorios de los procesos penales, una cuestión generalmente desatendida en los análisis teóricos y en la reflexión política sobre las cuestiones penales, que en las últimas épocas solo aparece guiada por el endurecimiento creciente y el recorte de derechos.
Estas cuestiones deben ser consideradas también con atención frente a una transformación en curso que promueve cada vez más juicios por jurados, donde determinar qué pruebas son admisibles pasa a ser central para la decisión que luego se adoptará. Los mayores límites a la revisión de los veredictos de los jurados obliga también a fijar pautas probatorias claras que hoy no existen.
Debe prestarse atención a procedimientos vetustos diseñados hace siglos y que han demostrado favorecer los errores como, por ejemplo, el modo en que se llevan a cabo las ruedas de reconocimiento de sospechosos.
Otras falencias graves de nuestra realidad se advierten en los obstáculos para el registro audiovisual o taquigráfico de los juicios y en la ausencia de normas claras que obliguen a la conservación de la prueba biológica en condiciones adecuadas aun después de las condenas, de modo tal que sea posible detectar eventuales errores a partir de los avances científicos que pueden darse después de las sentencias, que, a diferencia de una ciencia en constante evolución, deben dictarse invariablemente en un tiempo limitado.
Las penas draconianas preconizadas desde la política pierden legitimidad no solo desde la perspectiva de los derechos que vulneran, sino también si se atiende a los problemas del sistema legal penal revelados por la labor de las organizaciones de inocencia: falta de eficiencia y significativos márgenes de error asociados a su funcionamiento.
Estas deficiencias se asocian a la falta de equidad y problemas de igualdad de nuestras sociedades, ya que la mayoría de las personas no dispone de los medios para hacer frente a persecuciones erradas o desviadas intencionalmente. Aquellas personas en situación de vulnerabilidad son más frágiles también frente a una Justicia penal que se equivoca y mucho.
Esta agenda de reformas está pendiente y debe ser atendida si es que se toma la justicia en serio. Sobre todo la justicia que lacera la vida de la mayoría de la gente.
La política argentina ha estado prestando demasiada atención a su propio ombligo judicial, léase la Justicia federal, ignorando obscenamente el sufrimiento de las mayorías y las barreras que les impiden el acceso a la justicia.
*Presidente de Innocence Project Argentina
