Otra vez el aborto

La mujer, que tenía tres hijos, comenzó el juicio con 22 años, embarazada por cuarta vez debido a una violación. Su pretensión fue rechazada y en 1970 fue obligada a dar a luz a una niña que entregó en adopción. Continuó su batalla y la ganó en 1973, cuando en una sentencia por siete a dos el Tribunal Supremo dictaminó que los gobiernos federales carecían de poder para prohibir los abortos. Se basó en los argumentos de la privacidad y la libertad personal de la mujer para proteger la práctica del aborto hasta las 23 semanas de embarazo. Esto significó otorgarle a ese derecho protección constitucional.

El 3 de mayo, Político, un medio periodístico online de Arlington, publicó un borrador sobre la opinión de la Corte redactado por el juez Samuel Alito. El borrador del fallo ataca enérgicamente el precedente que considera “terriblemente equivocado desde el principio” y por cinco a cuatro deja sin efecto la sentencia de 1973. La filtración —sin precedentes en la historia judicial americana— obligó al presidente de la Corte, John Roberts, a confirmar su existencia. Aclaró que “no representa una decisión de parte de la Corte ni la postura final de ningún miembro”. Oficialmente se conocerá el mes que viene.

Juristas conservadores estadounidenses se manfiestan satisfechos con el cambio, que tiene el respaldo de los jueces designados a la Corte por el expresidente Donald Trump. Otros advierten que un cambio erosionaría el prestigio del último refugio de la Constitución teñido por una batalla partidaria entre demócratas y republicanos. ¿Filtración o maniobra política?

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, advirtió que una anulación “no solo sería el resultado de décadas de campaña de odio contra los derechos de las mujeres, también sería profundamente racista y clasista. Mujeres racializadas y mujeres pobres se verían desproporcionadamente afectadas por cualquier decisión que pusiera fin al aborto seguro y legal”.

Para Callamard “cualquier retroceso en la protección del derecho al aborto no solo perjudicaría la percepción global de Estados Unidos, sino que también daría un terrible ejemplo que otros gobiernos y grupos antiderechos podrían aprovechar en todo el mundo en su intento de negar los derechos de las mujeres, las niñas y personas gestantes. Anular ‘Roe contra Wade’ se convertiría en el símbolo de una gran regresión en todo el mundo, poniendo en riesgo los recientes avances y poniendo en peligro la salud y la vida de millones de personas”.

Pero esa influencia negativa sobre otros gobiernos que alerta Callamard es ajena a Uruguay, que en 2012 aprobó, como una de las pocas excepciones en Sudamérica, la despenalización del aborto luego de un intenso debate con el precedente de un veto presidencial (Ley 18.987). En 2008, luego de aprobada una ley de despenalización el presidente Tabaré Vázquez la vetó con el argumento de que la ciencia ha demostrado que la vida empieza desde la concepción. El aborto no es un acto médico y la ley era contraria a principios constitucionales y a compromisos internacionales asumidos por el Uruguay, argumentó el médico católico.

El aborto había sido penalizado en 1936 como delito (Ley 9.763). La mujer que lo consintiera era castigada con prisión de tres a nueve meses mientras que quien colaborara afrontaba un castigo de seis a 24 meses de prisión. Aunque sin datos precisos se estima que entre 1936 y 2012 murieron centenares de mujeres, especialmente pobres, debido a abortos clandestinos; quienes no murieron debieron ser hospitalizadas debido a mala praxis.

En 2012 el Frente Amplio reactivó la ley vetada por Vázquez. Fue aprobada con los votos frenteamplistas y la oposición de muchos blancos y colorados, algunos por disciplina partidaria. Entre la población el respaldo a la despenalización es amplio: en 2013 una consulta popular para realizar un referéndum contra la ley reunió menos de 9% de apoyo. Desde entonces la cuestión del aborto ha estado prácticamente ausente del debate electoral uruguayo y no existe un solo indicio de posibles cambios.

La excepción permanente han sido la Iglesia Católica y en los últimos años Cabildo Abierto. En 2020 un informe del coordinador cabildante sobre salud, el médico Fernando Silva, se tituló Holocausto silencioso. Exhortó a no “cerrar los ojos” ni “darles la espalda” a mujeres, padres y niños, y llamó a “crear un nuevo orden jurídico” en el que “todos tengamos un lugar y se respete la dignidad humana”. El líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, receptor del informe, dijo que su sector promovería cambios pero dos años después nada ha hecho.