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El carnaval uruguayo vive, en gran parte, gracias a los aportes estatales de la Intendencia de Montevideo y Antel, pero “Daecpu y Tenfield se llevan todo el dinero del carnaval”, según afirman las periodistas Leticia Castro y Lucía Di Iorio en su tesis de graduación como licenciadas en Comunicación de la Udelar.
“El 50% del dinero que la IM dispone para eventos lo gasta en la llamada ‘Fiesta de Momo’, mientras la empresa de ‘Paco’ Casal y la asociación de directores carnavalescos le sacan provecho al negocio. El gobierno departamental organiza el espectáculo, pero no accede a los contratos que generan ganancias millonarias para ambas sociedades privadas, y no ha logrado renegociar los acuerdos firmados hace más de diez años”, detalla el trabajo citado.
Hace pocos días los organizadores de espectáculos carnavalescos manifestaron su preocupación por los impactos que pueden tener los protocolos de asistencia a espectáculos públicos, que harían bajar sustancialmente las entradas vendidas en los tablados y quieren saber si el Estado va a seguir apoyando con dinero o subsidios tal actividad.
El argumento principal para justificar que el dinero de los contribuyentes termine en el bolsillo de murguistas, cantantes, artistas o actores es que deben “promover la cultura”, ya que “el Estado tiene la obligación de subsidiar a la cultura porque es un bien de toda la sociedad”. Pero ¿qué es la cultura? ¿Hasta dónde el Estado debe subsidiar actividades que no tienen un retorno medible? Es un tema sumamente espinoso y resbaladizo.
Si bien existen varios modelos sobre cómo auspiciar las actividades culturales (que se detallan en la tesis), en resumen, hay dos grandes criterios: o se subsidia a la oferta (al actor, escritor u organizador del evento) o se subsidia a la demanda (al consumidor). El segundo modelo tiene la virtud de dejar en manos de los consumidores la elección sobre a quién beneficiar con tales dineros y evitar (la casi siempre inevitable) connivencia entre quien da el subsidio y quien lo recibe.
En un reciente reportaje Álvaro Ahunchain, novel director del INAE (Instituto Nacional de Artes Escénicas), dice: “He sido muy crítico con el FA y no así con la gestión cultural del FA. Creo que el Estado tiene la obligación de subsidiar a la cultura porque es un bien de toda la sociedad (…). Lo que he criticado es la hegemonía cultural que postula. (…) Digamos la verdad, en buena medida, el resultado positivo de [Daniel] Martínez en el balotaje se debe a que los músicos y artistas del FA salieron a convencer a la gente”.
“El Estado tiene la obligación de subsidiar a la cultura”. Bajo este principio general se terminan justificando la compra del museo Gurvich (en 3,5 millones de dólares) y se nombra a la hija de un ministro para gestionarlo. Se les paga decenas de miles de dólares a cantantes ya consagrados, para repetir canciones ya conocidas. Se construye un Antel Arena, entre otros justificativos, porque será un centro de “atracción cultural”. Y así también tenemos canales y radios estatales para “difundir la cultura”, pero con pocos resultados si vemos los rating de audiencia: apenas los ven y escuchan un puñado de personas.
Si se quiere educar el “paladar” artístico de los uruguayos, hay maneras más efectivas de hacerlo: desde inculcar el gusto por la lectura, el arte o el teatro desde la escuela; utilizar las redes sociales para llegar de una manera más efectiva a la población (en especial a los jóvenes) o facilitando donaciones privadas mediante la ley de mezenazgo.
El subsidio directo casi siempre termina teniendo olor a amiguismo, sesgo o influencias indebidas. Esto hace que para algunos todo el año sea carnaval y para muchos se parezca más a una tragedia.
