Para el Código, sal de fruta

Con ese marco asoma peligrosamente la justicia por mano propia. Cada vez hay más ciudadanos armados y, desde el gobierno, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, alentó a armarse como “atributo de la libertad”, una ideología que desde sus desvaríos adictivos reivindica como patrimonio histórico de la izquierda tupamara.

La advertencia de Ohanián, en una entrevista de Victoria Fernández hace dos semanas en Búsqueda, desnudó la desinformación. El Código “eleva los estándares y le da más garantías al indagado” debido a que habrá un mejor Estado de derecho, dijo. Pero advirtió: ese “aumento de garantías hay que comunicarlo a la población de forma adecuada”. Y de eso, nada. Quizá creen que es gastar pólvora en chimangos. Los chimangos, obviamente, somos nosotros.

Cuando el Código comience a aplicarse, el rechazo será alto. A la ignorancia sobre el fondo se añadirá el aumento de la delincuencia y a los discursos policiales se los llevará el viento. O las balas. Para completar este panorama sombrío y confuso, antes de que rija el Código, una comisión estudia otorgarles a los fiscales la opción de no castigar algunos delitos leves, entre los cuales se incluye la  rapiña sin uso de armas. La teoría y la realidad.

Durante diversos seminarios, algunos expositores alertaron sobre la necesidad de educar a la gente. Sin embargo nadie trasladó a los hechos esa preocupación que debe tener el asesoramiento de especialistas en publicidad y comunicación.

Transcurrieron 11 años desde que el proyecto de CPP ingresó al Poder Legislativo y más de un año desde su promulgación. De información pública, cero. No han asumido esa responsabilidad la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo ni las cátedras o las organizaciones sociales, pese a que es un deber de todos. Hay que educar sin el bla, bla, bla jurídico que pocos comprenden y es el que suelen utilizar los mal llamados operadores judiciales.

Tiene que ser al pan, pan, y al vino, vino. Accesible para todos sin enredar a la gente con tecnicismos. Todo se puede traducir.

El ciudadano medio —incluyo a profesionales ajenos al mundo de las leyes y a muchos políticos— desconoce las diferencias entre el Código Penal y el Código del Proceso Penal. Para la mayoría, incluyendo a varios periodistas, es una nebulosa.

Una encuesta con dos o tres preguntas simples asombraría.

“El gran privilegiado del Código va a ser el indagado. Y está bien que así sea, pero hay que explicitarlo, y no se ha hecho”, destacó Ohanián.

¿Cuántos ciudadanos pueden entender y admitir que el abogado asesore al detenido desde el instante en que es detenido? ¿Cómo “digerir” que muchos investigados queden en libertad mientras se sustancia el proceso hasta que meses o años después llegue la sentencia? ¿Cuál será la reacción de las víctimas y de sus familiares ante esa situación? ¿Los autores de todos los delitos quedarán en libertad mientras se sustancia el proceso? ¿Se admitirá que los fiscales no persigan algunos delitos que consideren leves?

El CPP traslada la investigación a los fiscales. Estarán en el centro de la diana y tendrán que dar la cara. Los jueces serán terceros imparciales entre fiscales y defensores. Pero eso no lo entiende el ciudadano aunque vea procesos similares en televisión. Para casi todos, la Justicia es la Justicia; una globalidad más allá de los roles de jueces y fiscales. Lo que le interesa al ciudadano es ver al delincuente entre rejas; cada vez más el “ojo por ojo y diente por diente”. Aunque bárbaro, contra eso es difícil pelear sin educación.

De la misma forma que ocurre en el terreno comercial con una marca (para el caso, el CPP) cuando se busca su aceptación por los consumidores mediante campañas publicitarias, eso mismo debe ocurrir con este Código. Los ciudadanos (los consumidores del nuevo Código) necesitan sentirse seguros para confiar en las marcas “Sistema judicial” y “Código del Proceso Penal”.

Es una responsabilidad de los tres poderes del Estado, de las universidades y de las organizaciones sociales. Sin una campaña pública y un instructivo de largo aliento entre los estudiantes, asistiremos a un caos social. Pero todos miran de reojo. Como tienen un costo que nadie quiere pagar, nadie hace nada. El costo social será mayor.

Por ahora, para la indigestión que pronostica Ohanián, sólo hay sal de fruta.