Para reflexionar

Rilla advierte sobre esa “tendencia” de los uruguayos a “hablar mal de los políticos o del sentido común”. “Eso ya lo vi”, dice. Cree que con ello se arriesga la democracia y se corre riesgo de terminar en “autoritarismos, totalitarismos, dictadura”.

No obstante ello, destaca la labor parlamentaria con “una vida mucho más rica” de la que se tiene idea. Resalta el valor de las interpelaciones, las que entiende que siempre tienen “consecuencias políticas” y que ha sido bueno lo que la oposición ha hecho en ese sentido en los últimos 15 años, porque “es el único lugar que ha tenido para poner de manifiesto sus visiones”.

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Respeto la autorizada opinión del historiador Rilla, pero tengo una evaluación diferente sobre la importancia de las interpelaciones y, sobre todo, en cuanto a sus efectos en la opinión pública y como instrumento para informar y aclarar tal cual son las cosas a la gente.

Es la percepción que me generan los hechos y más su difusión, como lo que pasó, por ejemplo, con la que le realizó el senador colorado Pedro Bordaberry al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en relación con el “avión presidencial”. La conclusión, según los titulares, fue que el Parlamento aprobó la actuación del Ministerio. No mucho más. Pero lo que realmente pasó es que el Frente Amplio en todo su arco (de radicales a moderados, de izquierda a derecha) aprobó una operación muy discutida en variados aspectos y en torno a la cual hubo cosas como un impertinente e inédito “dictamen” de la Fiscalía de Gobierno —rechazado por los juristas del Tribunal de Cuentas (TC)— y un cambio de voto decisivo en el TC viabilizado con la renuncia de unos de sus miembros (hechos que lamentablemente nos acercan a lo que sucede en Ecuador o Venezuela). Sin duda fue una operación con muchos vaivenes llevada adelante por la Presidencia, pero que, como quedó plasmado, contó con el aval de todo el Frente Amplio.

Aparentemente el propio senador Bordaberry no se sintió conforme con los resultados y de ahí su intención de llevar el tema a la Justicia. Supongo que habrá quedado inconforme con las repercusiones públicas de la interpelación. No creo que él esperara que se lograse una mayoría para censurar al ministro (no hay antecedentes), y que este renunciara y que el gobierno desistiera de la compra de la aeronave.

Pasar el tema del “avión” a la Justicia —pienso que es un “temita” en lo que hace a la plata en juego y en relación con otros como los de Ancap, Pluna o los negocios con Venezuela—, puede tener validez si el propósito es mantenerlo vigente y que tenga una mayor publicidad.

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Pero lo de recurrir a la Justicia tiene sus riesgos.

Si había elementos como para que interviniera la Justicia, se tendría que haber ido directamente y no pasar por el Parlamento.

El caso en cuestión, no se puede negar, tuvo gran exposición y discusión pública. El que no se enteró de todos sus recovecos fue porque no quiso. No es un problema de transparencia, entonces, ni de delitos —específicamente delitos— notorios que obligaran una actuación de oficio.

Guste o no, créase o no, la operación con todas sus idas y venidas fue aprobada por el TC. Y no creo que un juez pueda desautorizar una operación que ha hecho el Poder Ejecutivo aprobada, aunque sea en una tercera instancia, por el TC. No creo que lo pueda hacer, entiendo que no podría y que no debería poder; si ocurriera, entonces sí que cada vez nos pareceríamos más a Venezuela, donde el Supremo Tribunal hasta “suspende” a la Asamblea Legislativa e invalida sus decisiones.

¿Que el juez “escarbe” por otro lado? No lo veo, y además puede que sea peligroso: esto es, que se vaya por lana y se salga trasquilado.

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Otro de los riesgos de ir a la Justicia en cada caso que fracasa la vía parlamentaria, además de no favorecer la imagen y la propia eficiencia y autoridad de la institución legislativa, es que puede dar pie al intento de aquellos que quieren escapar de la Justicia con la pancarta de la “no judicialización de la política”. A la vez, puede quitarles fuerza e ir en desmedro de aquellos casos, como los ya citados de Ancap, Pluna y Venezuela, que sí ameritan la intervención de los tribunales.

En alguna forma lo que están haciendo muchos dirigentes del Frente Amplio cuando hablan de “judicialización de la política” tiene poco que ver con lo del mentado avión presidencial, más bien apuntan a los otros casos.

Pero el hecho es que con ese tipo de “advertencia” se está aplicando sobre los jueces una presión política, con el (otro) riesgo de que se derive —si es que no es lo que se pretende— en una politización de la Justicia (algo así como lo que pudo haber ocurrido en el Tribunal de Cuentas).

Y es lo que nos faltaba: que los jueces se pongan a gobernar y a marcar y enmarcar el debate político o, en su defecto, lo que es peor aún: que los dirigentes políticos pasen a manejar la Justicia.