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Cualquier mujer que pretenda el título de alférez de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA) debería atarse las trompas de Falopio o abstenerse de relaciones heterosexuales durante al menos cuatro años. Es el camino para asegurar su graduación. El decreto 470/07 que regula el ingreso establece que deberá “ser soltero/a sin descendencia cierta o esperada, debiendo mantener esta situación hasta egresar del instituto”. Una imposición del Estado al celibato. También prohíbe el ingreso de quien antes haya tenido hijos o sea divorciado/a o viudo/a. ¡La inquisición vive!
Salvo las dos opciones citadas al comienzo, para una mujer no existe ningún método 100% seguro para prevenir un embarazo que, por otra parte, no podría físicamente ocultar. Un hombre, en cambio, puede engendrar un hijo y ocultarlo hasta graduarse. O hasta jubilarse, ¿por qué no?
En setiembre de 2004 se promulgó la ley 17.817 de interés nacional para la “lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación”.
Esa norma entiende por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
El decreto de 2007, firmado por el presidente Tabaré Vázquez y la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, parece tener más fuerza que la Constitución y que la ley de 2004.
El asunto seguiría oculto de no ser por Mariana Croz. Ingresó a la EMA en 2012 y en 2015, cinco meses antes de recibirse, constató su embarazo. Ahí terminó su sueño. Al ingresar conocía el decreto y lo aceptó. Pero, ¿se puede obligar a una persona a aceptar mediante un contrato de ese tenor que se violen sus derechos fundamentales?
Como premio consuelo, la Fuerza Aérea le ofreció un trabajo como soldado que significa una remuneración y una jerarquía inferior a la de un alférez, informó “El Observador”.
Mariana decidió pelear. Luego de dar a luz solicitó ser reincorporada a los cursos de la EMA. Le respondieron negativamente basándose en el decreto. Presentó una nota en el Ministerio de Defensa y la castigaron con cinco días de arresto a rigor por no respetar el orden jerárquico. El orden jerárquico antes que el orden natural.
Más tarde, presentó denuncias ante la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Educación y Cultura, y ante la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
En febrero y marzo de este año se expidieron ambos organismos. El primero dijo que el decreto implica “una discriminación basada en el género” y recomendó una “revisión total”. La INDDHH fue más enérgica: le dio al Ministerio seis meses para revisar y adecuar las normas a los principios de no discriminación.
“Determinar el estado civil de una persona por un período aproximadamente de cuatro años, no aceptando personas viudas, divorciadas o con descendencia para el aprendizaje riguroso de la profesión militar aeronáutica es claramente un fin desproporcionado que contraviene la normativa en materia educativa nacional tanto como el marco internacional”, dijo la INDDHH. Además, recordó que la ley de educación establece el derecho de las alumnas grávidas a continuar con sus estudios.
La semana pasada, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, declaró que el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, le expresó que existe voluntad para cambiar el reglamento pero que no será sencillo porque se aplica desde hace años. ¿Cómo qué no será sencillo? La pena de muerte se abolió en 1907 y el juicio por jurados en 1938. Y eran temas más complejos que requirieron una ley, no un decreto. Esto se arregla cambiando o eliminando el decreto de 2007 que derogó decretos anteriores. O como en 2009 cuando un decreto de Vázquez estableció que la opción sexual de los postulantes no será considerada una “característica negativa psíquica”.
¿Cuál es el problema? Tal vez influye que quien tiene que dejar sin efecto el decreto es el mismo presidente que lo dictó, con lo cual admitiría que antes discriminó. ¿O acaso hay presión de los mandos?
En abril de 2015, durante el Consejo de Ministros en Melo, Vázquez dijo que “nos duele muchísimo” la discriminación de género. Quizá calmó ese dolor con analgésicos, porque la discriminación que estableció hace ocho años sigue ahí, lastimando.
Habrá que ver cómo se arregla este entuerto que deja varias interrogantes: los asesores jurídicos de Defensa ¿no advirtieron en 2007 ese despropósito? Si lo advirtieron, ¿por qué lo firmaron Vázquez y Berruti? ¿Fueron mal asesorados? ¿Cómo se interpreta lo que le expresó Menéndez a Muñoz? ¿Dónde se escondieron desde 2007 las organizaciones de defensa de los derechos humanos y en particular las que bregan por los derechos de la mujer? ¿Y los partidos políticos? ¿Y la Iglesia católica?
Si nada cambia, el Estado enfrentará un litigio Contencioso Administrativo y eventualmente deberá indemnizar a Mariana Croz. Todo es posible en la dimensión desconocida cuando algunos derechos fundamentales de la gente importan un pepino.
