Parlamento otorga más “independencia” a la Junta Anticorrupción

La Jutep, también conocida como “Junta Anticorrupción”, asesora en materia de delitos contra la Administración Pública, la economía y hacienda pública.

Gerardo Amarilla (Partido Nacional) opinó que es una “opción muy positiva” sacar a la Jutep del Poder Ejecutivo. Sostuvo que un organismo “tan importante para la democracia” tiene que tener “mayor independencia” para trabajar.

Para Amarilla, “se podrían haber ampliado las competencias y cometidos” de la Jutep, porque hoy, “si alguna debilidad tiene es la imposibilidad de ser proactiva, de iniciar investigaciones de oficio”.

Ope Pasquet (Partido Colorado) afirmó que con este cambio, la Jutep “será fortalecida” en cuanto a “independencia” y podrá “ejercer de mejor manera su cometido de contralor”.

En tanto, Daniel Radío (Partido Independiente) dijo que la medida “colabora con la funcionalidad de la Junta” y destacó que el proyecto sea de “absoluta regularidad constitucional”.

Medidas.

La semana pasada, al participar en la Comisión de Constitución de Diputados, José Pedro Montero, presidente de la Jutep, dijo a los legisladores que la iniciativa permitirá a la Junta “tener cierta independencia, no solo técnica —aspecto que nunca fue discutido—, sino administrativa” y la habilitará a convertirse en un “organismo de contralor fuera de la órbita del Poder Ejecutivo”.

“Con esto se da un paso muy importante en lo que refiere a las posibilidades de total independencia, lo que podremos destacar en los organismos internacionales, cada vez que participemos en sus reuniones, porque es una de las condiciones que ponen tanto las Naciones Unidas como la OEA”, agregó.

Montero destacó que la iniciativa ahora aprobada, permite a la Jutep solicitar funcionarios en comisión. “La Junta de Transparencia tiene quince funcionarios, de los cuales solo cuatro son presupuestados en la Junta desde el año 2000, los demás están todos trabajando con pases en comisión”.

Explicó que en los últimos años, a la Junta le han asignado “muchas más competencias”, lo que obligó a solicitar funcionarios. “La idea es tener la posibilidad de que la Junta pueda solicitarlos. Si nos sacan funcionarios, no podremos seguir trabajando de la forma que lo hemos estado haciendo”.

En la sesión, Montero explicó que la Junta puede “disponer la retención del 50% del salario de un funcionario público omiso en la presentación de las declaraciones juradas”.

“Una vez constatada la omisión del funcionario, se procede a la retención y no hay pataleo posible”. Cuando el funcionario presenta la declaración “se le devuelve el dinero”, dijo.

Montero indicó que la Junta tiene la “función de prevención, aunque no tiene una acción directa de lucha contra la corrupción”.

Agregó que hasta ahora se ha “limitado a ver si se publican o no las compras y los llamados a licitaciones. En caso de tener que realizar una investigación, se haría en el marco de los artículos 50 y 51 de la Rendición de Cuentas de 2010. En esa oportunidad, el Parlamento votó la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas declarara con determinados valores. (…) En ese caso, lo mandaría a la Asamblea General o a las Juntas Departamentales en su caso. Ahí tendríamos la más amplia facultad de investigación”.

El vicepresidente de la Jutep, Luis Yarzábal, recordó que en abril de este año realizaron un seminario-taller con representantes de los organismos que luchan contra la corrupción, donde analizaron medidas para mejorar la prevención y detección de hechos ilícitos. Dos de esas recomendaciones serán planteadas al Parlamento, adelantó.

Se “recomendó extender a todo el funcionariado público” (unos 240.000) las actividades de capacitación que realiza la Junta. “Una vez que los funcionarios conocen las normativas que regulan el control de la corrupción y el comportamiento del funcionariado público, mejoran su rendimiento y su participación. Pero la Junta no puede hacer estas actividades, entre otras cosas porque no dispone del rubro presupuestal que le permitiría pagar horas-docente. Entonces, una propuesta normativa que va a hacer la Junta, será que se le adjudique una partida para contratar horas-docente a fin de extender su capacidad a todo el funcionariado público”.

En ese seminario también se habló sobre las denuncias de corrupción. “La Junta se siente un poco estrangulada por una disposición que determina que toda denuncia que llegue a su ámbito tiene que ser enviada, sin más trámite, a la Fiscalía”, comentó Yarzábal.

El organismo entiende que en esto hay “una limitación a los ciudadanos, al no contar con un ámbito en el que puedan presentar sus denuncias y sentirse protegidos. En ese sentido, del seminario surgió la propuesta de que la Junta pueda ser el órgano que reciba la denuncia sobre corrupción y las procese brindando protección al funcionariado”, agregó.