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Una cachetada = 81.000 alumnos sin clase. Es difícil comprender una mentalidad tan cerrada, corporativista, antidemocrática, que propone hacer paro (medida sindical legalmente aceptada pero históricamente en el borde máximo de presión, a ser utilizada como último recurso) ante cualquier ataque físico, psicológico o de cualquier otro orden a un integrante del orden docente en enseñanza primaria o secundaria.
Un repaso a la historia del magnífico movimiento sindical uruguayo, especialmente referido a sus orígenes y hasta mediados de la década de 1980, va a proporcionar insumos imprescindibles para entender lo que realmente significa un movimiento obrero sindicalizado en la defensa de sus intereses, adaptado a la realidad social y económica en la que está inmerso.
A vía de ejemplo, ha habido decisiones sindicales de transportistas que implicaron volcar la recaudación de una jornada laboral a los familiares de un transportista víctima de un asalto, herido o muerto por delincuentes. Eso significa que la población no queda víctima de un hecho de la que no es responsable, continúa recibiendo el servicio público que paga y las víctimas directamente vinculadas al hecho delictivo reciben una compensación pecuniaria como resarcimiento parcial.
Una cachetada, inaceptable comportamiento de un integrante de la sociedad contra un docente, un obrero en funciones de su tarea laboral, no puede ser causante de un paro cuya consecuencia directa es la clausura de centros educativos durante 24 horas. Estos centros, especialmente en zonas de contexto crítico, generalmente incluyen, aparte del elemento educativo al alumno, contención controlada durante media jornada, comidas sustantivas que, lamentablemente, no les son accesibles en su entorno familiar. En buen criollo, la escuela no solo enseña, sino contiene y alimenta, tal vez las únicas comidas diarias de muchos alumnos.
81.000 serían los alumnos castigados en estas circunstancias por la bofetada propiciada por una “madre” a un docente, pretendiendo defender a su hijo del sistema educativo formal, diferente a las pautas que tiene en su contexto.
81.000 a 1 es un despropósito total.
¿Es aceptable que los líderes sindicales de la educación continúen aceptando concepciones marxistas largamente desechadas, especialmente luego de la implosión del sistema en 1989, con dos únicas rémoras trogloditas como Corea del Norte y Cuba?
¡Vamos! ¡Estamos en pleno siglo XXI, 2014, no en el siglo XIX! ¿O no han leído las noticias en los últimos 200 años?
Una escena preelectoral puede intentar explicar una posición totalmente antidemocrática, tal vez en parte populista, pero realmente desproporcionada, únicamente intentada a ser justificada por un corporativismo retrógrado, antipopular y antidemocrático.
Dedo para abajo, no se justifica y esperemos que las autoridades correspondientes, responsables por la educación pública, adopten las medidas adecuadas: no pago de las horas no trabajadas, penalización por no concurrir a cumplir con el trabajo contratado, incorporación de los antecedentes en los legados personales del personal afectado, etc.
¿Cuándo vamos a hacer un paro contra estas arbitrariedades sindicales? Los ciudadanos que pagamos los impuestos, que abonan los sueldos de estos siervos públicos, somos quienes debemos marcar la cancha, a quienes se nos debe obedecer y no a los sindicatos, a los mal llamados poderes públicos, ejercidos por otros siervos públicos de conexiones político-partidarias con el gobierno de turno (aquellos que no llegaron con sus votos a un cargo legislativo pero que el partido les premió con un puesto público, sin tener capacitación técnica para el mismo).
Es hora de reflexionar sobre esto, especialmente el domingo 26 de octubre, para intentar modificar esta realidad que ha hundido a la democracia uruguaya.
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