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    jueves 13 de junio de 2024

    Partidos políticos y economía del conocimiento

    Nº 2236 - 3 al 9 de Agosto de 2023

    Vamos ingresando a la campaña electoral. En los partidos se van perfilando precandidaturas y reformulando alineamientos internos. Esta dimensión concreta de la competencia electoral, la danza de nombres y la lotería de sus chances suele captar gran parte de la atención. Pero, al mismo tiempo, los partidos van definiendo sus plataformas electorales y decidiendo los temas a incorporar en sus futuras agendas de gobierno. Esta otra dimensión es tan o más importante que la anterior. Al fin de cuentas, la elección es un procedimiento de selección de elencos de gobierno y de alternativas de políticas públicas, y no un fin en sí mismo, aunque a veces lo olvidemos. Aldo Solari, hace muchos años, decía que la competencia política en Uruguay tiene algo de pleito deportivo…, y sigue siendo cierto.

    Las plataformas electorales son importantísimas en una democracia representativa. Las promesas electorales claras, precisas, concretas son esenciales tanto para que los electores terminen de definir su voto como para facilitar el proceso de rendición de cuentas en la elección siguiente. Además, cuanto más y mejor trabajan los partidos antes de la elección en la definición de sus propuestas sobre políticas públicas, más probable es que, llegado el caso, tengan un buen desempeño como gobernantes.

    No es muy difícil imaginar por dónde irán algunos de los énfasis discursivos. Asuntos como seguridad, trabajo, bienestar y costo de vida tendrán un espacio especial durante la contienda. Otros, como educación o medio ambiente, aunque menos mencionados en los sondeos, seguramente formarán parte de la discusión, simplemente porque han estado muy presentes en la agenda del gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. Me pregunto qué lugar ocupará, durante el año que viene, la discusión sobre economía del conocimiento. Es imprescindible que los partidos hablen más y mejor sobre innovación, ciencia y tecnología. Como veremos a continuación, hay antecedentes alentadores. Pero es preciso que el debate sobre cómo hacer que Uruguay ingrese más decididamente en la era de la economía del conocimiento alcance otra centralidad en el debate público y otra profundidad en el plano de las propuestas concretas.

    Nuestros partidos no parten de cero. En verdad, la temática de la innovación estuvo presente en los programas partidarios durante la elección de 2019. En las Bases programáticas del FA, puede leerse: “El desarrollo del país está unido a la innovación basada en la ciencia y tecnología”. “Los países del mundo desarrollado y aquellos emergentes más avanzados –afirman los colorados en Un pequeño país modelo– han priorizado la generación de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), que viabilice el desarrollo y el crecimiento de sus economías”. Dice el programa de gobierno del Partido Nacional, Lo que nos une: “Uruguay se debe transformar en un polo de innovación y desarrollo global, que atraiga inversiones y genere casos de éxito e impacto en la transformación digital de la sociedad”. La innovación también estuvo presente en El cambio hacia delante, programa de gobierno del Partido Independiente: “Promover la innovación es importante porque allí están las nuevas oportunidades de negocio, las posibilidades de desarrollo y crecimiento del país, su gente y sus empresas”. Finalmente, Cabildo Abierto, propuso como meta el “fortalecimiento del relacionamiento entre el Estado, la academia y el sector privado para el avance en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)”.

    ¿Apenas buenas intenciones? ¿Mero “progreso manuscrito”? No lo creo. Es cierto que a nuestro sistema de partidos le llevó mucho tiempo pasar de ocuparse de sanear la base del funcionamiento de la economía a ponerse como meta favorecer la innovación. Entre 1985 y 2004, colorados y nacionalistas privilegiaron el primer objetivo: combatir la inflación, liberalizar y abrir la economía, modernizar las empresas públicas. De todos modos, a la vez, pusieron algunos cimientos que hicieron posible los pasos siguientes, como la creación del Pedeciba (1986), del INIA (1989), la instalación de la Facultad de Ciencias (1990), y la ejecución por el Conicyt del primer Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (1991-1999). Otro hito relevante fue la aprobación de la Ley de Inversiones (1998) en la medida que, entre otros objetivos, apuntó a incrementar la demanda de I+D por parte de las empresas. Durante los 15 años siguientes, sobre la base de ese legado, el Frente Amplio avanzó algunas cuadras más hacia el segundo objetivo. ANII (2005), Plan Ceibal (2006), Utec (2012) y el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (2010) son algunos hitos fundamentales en este recorrido.

    Estos antecedentes, desde mi punto de vista, son un testimonio de cómo, poco a poco, el desafío de la innovación ha sido siempre comprendido por la sociedad uruguaya, e incorporado por el sistema de partidos. Pero con la pandemia se verificó un punto de inflexión en esta temática. El trabajo del GACH, oportunamente convocado por el gobierno, dejó en evidencia como nunca antes la importancia de la ciencia para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Esta experiencia también demostró que, además de deseable, es perfectamente posible construir sinergias entre partidos políticos, ecosistema científico y mundo empresarial.

    Espero que podamos leer, por tanto, plataformas electorales con buenos capítulos sobre economía del conocimiento, y con propuestas detalladas sobre innovación, ciencia y tecnología. También espero una campaña electoral en la que los principales candidatos y candidatas tengan buenas respuestas cuando se les pregunte por políticas de innovación. Pero no hay que exigir que lo hagan exactamente en los mismos términos. Por el contrario, es preferible que ofrezcan políticas públicas distintas, para que la ciudadanía pueda optar libremente entre diversas alternativas. Habrá, seguramente, un área de intersección entre las distintas propuestas. Por ejemplo: sospecho que no serán pocos los partidos que propongan jerarquizar este tema dándole rango ministerial, tal como ha sugerido recientemente Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Pero los partidos no tienen por qué coincidir en todo. Lo que cabe esperar en pleno siglo XXI, y en una democracia madura como la nuestra, es que tengan clara la meta, el horizonte. Pero no tienen por qué coincidir en el camino. Que compartan el fin, y discrepen en los medios. Algunos apostarán más al Estado y la inversión pública. Otros más al mercado y la inversión privada. Y la ciudadanía, como corresponde, decidirá.