Peligrosa puerta giratoria

Las elecciones generales del domingo 26 en España son un buen ejemplo, aunque no el único.

La ley Orgánica Electoral española de 1985 establece que de presentarse a un cargo electivo, los jueces, fiscales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policías en activo “tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas”. Pero en el caso citado previamente el Consejo General del Poder Judicial decidió por mayoría quitarle a la postulante su condición de integrante del Tribunal Supremo. Se basaron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicite la excedencia voluntaria y le fuere concedida, perderá su condición de tal”, salvo que sea solicitada para el cuidado de hijos o familiares o víctima de violencia de género.

Para que quede claro. Perdió el cargo por una cuestión formal, legal y no de fondo, porque se considere inconveniente esa ida y vuelta. No dijo el Consejo si cuando deje la función partidaria podrá incorporarse nuevamente al Tribunal Supremo, ya que solo le quitó su cargo y el reintegro no está impedido en las normas. El artículo 356 de la ley citada establece que, de no ser electos, los jueces deberán comunicar dentro de los 30 días siguientes al cese de la función política su opción de regresar como jueces.

En los últimos 30 años de la democracia española varios jueces de todos los partidos han utilizado esa conveniente puerta giratoria. El más notorio por su actividad mediática dentro y fuera de fronteras ha sido Baltazar Garzón. Era juez, fue electo diputado por el PSOE, dejo su banca, y volvió a ser juez. En 2012 lo destituyeron por haber cometido prevaricato: dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta. La puerta giratoria contamina.

Esa amplia libertad también les ocasiona a los políticos dolores de cabeza. El partido de izquierda Podemos anunció antes de las elecciones que no volvería a considerar candidata a la ex juez Victoria Rosell. Tenía 18 años de carrera judicial y había sido portavoz de uno de los gremios de jueces cuando en 2014 fue electa diputada. Ahora, investigada por haber demorado un expediente para favorecer a su esposo y ante la decisión de su partido, solicitó reingresar al Poder Judicial. ¡Qué garantías puede ofrecer y qué confianza puede tener en ella el justiciable!

No es habitual en cambio que se incorporen fiscales en las listas electorales y solo hay algunos casos aislados. “Los fiscales tienen una imagen más vinculada al poder político, mientras que los jueces tienen mayor apariencia de imparcialidad”, comentó un ex juez.

Ese mismo ex juez explica los fichajes de jueces por la atracción que estos ejercen sobre los partidos, porque tienen influencia, proceden del servicio público y aportan experiencia de gestión debido a su trabajo y a sus conocimientos legales. Sostuvo que los jueces son aptos para evaluar las necesidades de los ciudadanos.

Antes de regresar a la magistratura se exigía un plazo de dos años de “congelación” tras pasar por la política partidaria. En lugar de eliminarlo se cambió y ahora en pocos días se puede pasar del escaneo al juzgado tras formalizar el fin de la excedencia.

Algunos gobernantes han propuesto limitar esa puerta giratoria pero eso nunca prosperó, pese a que algunos jueces han debido ser apartados de alguna investigación por su estrecha vinculación con un partido político.

Mejores despachos, mayor consideración pública, salarios suculentos, amplio acceso a reuniones sociales, y algunos beneficios más. Para los jueces uruguayos todo eso puede resultar muy seductor, pero las normas que sabiamente los distancian de la actividad partidaria tienen un valor mucho mayor. Por ahora podemos respirar tranquilos.