Piedras en el zapato y llagas incurables

Primero fue el menosprecio y la desidia; ahora el uso político para derogar de apuro el abuso de funciones antes de que la Suprema Corte de Justicia lo pueda declarar constitucional o no. Por ese tortuoso camino se pretende ganar en la liga un partido que se perdió en la cancha y ante la opinión pública. Si el propósito del gobierno se concreta se añadirá un terrible antecedente sobre la prioridad de los temas políticos sobre los jurídicos, la tesis que desarrolló el presidente José Mujica. En caso de consumarse esta solución pírrica, la satisfacción será del oficialismo y de los obsesos militantes a quienes alientan en el desprecio por las leyes mientras abonan el clientelismo y el caciquismo.

Otro argumento utilizado por los especialistas para la derogación es que, como todo el Código de 1934, es una norma de inspiración fascista italiana. Pero, ¿acaso no es de inspiración y de acción fascista votar de apuro una reforma del Código solo para salvar a Lorenzo y a Calloia?

La primer propuesta para derogar se remonta a 2007, cuando la impulsó el ex presidente y senador colorado Julio María Sanguinetti. Fue rechazada.

Resulta patético observar cómo el dolor de las llagas modifica comportamientos, criterios y principios. “El Observador” destaca que cuando el Parlamento discutió esa derogación, el líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, se opuso para no quitarle “herramientas a los jueces”, porque es un delito que se comete con “el manejo de los dineros púbicos”.

Ahora, cuando dos puntales de su sector y del gobierno pueden ser procesados por irregularidades sobre los bienes que administraban, exige que no se aplique. Sostiene que de lo contrario se consumará una injusticia porque la ley “permite interpretaciones arbitrarias”. Nada cambió. Es la misma ley que él apoyó y se negó a derogar. ¡Al diablo los jueces y el manejo del dinero público!

El tema sobre este delito no es nuevo y sin embargo su solución se mantuvo hibernada hasta ahora. Lo más fuerte ocurrió durante el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle. En 1996, la Justicia procesó por abuso de funciones al entonces presidente del Banco Central del Uruguay, el extinto Enrique Braga, por la venta del Banco Pan de Azúcar. Pudo plantearse la inconstitucionalidad o la derogación pero no ocurrió. La oposición festejó alborozada.

También festejó alternativamente en los años siguientes, cuando fueron procesados los colorados Juan Justo Amaro, Hugo Granucci, Pablo Illarieti, Carlos Rodríguez Landoni, Salomón Noachas, Hugo Granucci, Norberto Sanguinetti, Jorge Conde y Benito Stern; y los blancos Fernando Caride, Jorge Sacchi, Andrés Arocena, Néstor Moreira Graña. Daniel Cambón y Julio Grenno, entre otros.

Todos fueron atacados o defendidos con argumentos políticos, sin que nadie considerara que lo democráticamente esencial es oponerse a que las cuestiones políticas y las violaciones a la ética se cuelen por la ventana de la Justicia. Como ahora con esta derogación “express”, más parecida a un indulto que a otra cosa.

Los urge una sentencia de 2010 de la Suprema Corte de Justicia que ya laudó sobre la constitucionalidad. Fue votada en mayoría de los ministros Jorge Chediak, Jorge Ruibal y Jorge Larrieux. Los tres siguen en la Corte y puede suponerse que votarán en el mismo sentido sobre Lorenzo y Calloia. Antes, la Corte decidirá sobre una acción de inconstitucionalidad presentada en julio por el intendente de Colonia, Walter Zimmer, sobre quien pesa un pedido de procesamiento.

En los próximos meses, entonces, la cuestión estará centrada en la carrera que ha decidido emprender el gobierno para votar la derogación antes de un fallo judicial que presume contrario a sus intereses. Pase lo que pase, la llaga es incurable.