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Si algo han tenido en común los gobiernos de la coalición republicana y del Frente Amplio es su indiferencia hacia las necesidades presupuestales de la Justicia. La importancia de que los tres poderes del Estado sean fuertes para funcionar como un sistema de pesos y contrapesos en una democracia no necesita mayor argumentación. Un Poder Judicial fuerte garantiza una Justicia de calidad, protege los derechos de los ciudadanos y evita los excesos de los poderes gubernamentales y legislativos. De hecho, el prestigio y la independencia del Poder Judicial suelen ser reivindicados en los discursos políticos como valores esenciales de la democracia uruguaya.
Sin embargo, las últimas administraciones han ignorado las reiteradas advertencias del Poder Judicial sobre los problemas que la falta de recursos genera en su funcionamiento y en los servicios que brinda a la sociedad. Este poder del Estado es el responsable de juzgar la corrupción y el lavado de activos y de evaluar la constitucionalidad de las leyes. Es el responsable de tomar medidas de protección urgentes para las víctimas de violencia basada en género y de decidir sobre el futuro de niños y niñas afectados por situaciones de violencia o abandono. Es el responsable de la defensoría pública, que da asistencia legal a quienes no tienen recursos y representa a más del 90% de las personas investigadas penalmente. Nada menos.
Las páginas de Búsqueda han informado de manera sostenida sobre los problemas de funcionamiento que se derivan de la escasa asignación de recursos para la Justicia y sobre los reclamos de sus funcionarios y autoridades. La semana pasada, entrevistada por Búsqueda, la nueva directora general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Adriana Berezán, volvió a poner el tema sobre la mesa con un mensaje claro para el sistema político. “A mí me cuesta entender, nunca logré entender, por qué el Parlamento mira al Poder Judicial como lo mira, con poco respeto”, dijo. La experimentada jerarca sostuvo que “el esfuerzo que se hace para trabajar debería ser reconocido de otra manera” y enfatizó que “con esta situación los que pierden, los que sufren las demoras, los edificios que se llueven, la falta de accesibilidad, son los usuarios”.
El desinterés del sistema político alcanza también a la Fiscalía, otro órgano fundamental del sistema de Justicia, responsable, nada menos, de las investigaciones penales. En la misma edición de Búsqueda, acompañando el reclamo de Berezán, otro artículo relataba la decisión de la Asociación de Magistrados Fiscales de acudir a instancias internacionales para advertir sobre el “debilitamiento institucional” de la Fiscalía. El organismo carece de una jefatura definitiva y con respaldo político, ya que desde que renunció Jorge Díaz a su cargo en octubre de 2021 el Parlamento no ha logrado ponerse de acuerdo para nombrar a un sustituto. El organismo tampoco ha obtenido los refuerzos presupuestales a los que aspira para, por ejemplo, crear una Fiscalía especializada en corrupción y reforzar las sedes de delitos sexuales. En tiempos en que el país se encuentra frente una crisis de seguridad, con cárceles con récord de presos y una creciente influencia del narcotráfico, descuidar al organismo encargado de investigar a homicidas y traficantes de drogas no parece sensato.
La preocupación por la escasez de recursos es prácticamente unánime entre los operadores del sistema de Justicia, desde las asociaciones de fiscales, jueces y defensores públicos hasta las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General. Sería bueno que el sistema político los escuche y que recuerde que no son los jueces, fiscales y defensores los principales afectados: son los ciudadanos y la salud de esa democracia que tanto les gusta elogiar.
