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El informe Actualización de la presión fiscal equivalente (PFE), realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, cuyos resultados principales publicó el diario El País el domingo 26, muestra que Uruguay integra el podio de los países de América Latina y el Caribe con mayor presión tributaria.
En efecto, tomando los datos de 2015 para un conjunto de 23 países de la región, se llegó a la conclusión de que Uruguay tuvo en ese año una PFE de 33,2% del PBI, siendo solo superado por Argentina (35,8% del PBI) y por Bolivia (34,5% del PBI), y ubicándose levemente por encima de Brasil (33% del PBI). El promedio para toda la región fue de 24,9% del PBI, por lo que la presión tributaria directa e indirecta que soporta el sector privado en nuestro país es un tercio mayor al promedio regional.
Vale la pena señalar que el concepto de PFE fue desarrollado por el economista uruguayo Alberto Barreix (asesor del BID en temas fiscales y tributarios, y uno de los artífices de la reforma impositiva del año 2007 en Uruguay), e incluye no solo a los impuestos tradicionales (a la renta, al gasto, a la propiedad, etc.), sino también las contribuciones a los sistemas de pensiones y de salud públicos, las contribuciones privadas —actuariales— obligatorias a la seguridad social (por ejemplo a las AFAP y a las Cajas paraestatales), y las rentas derivadas de los recursos naturales y/o empresas públicas, siendo por lo tanto un concepto mucho más amplio de los recursos que el sector público extrae de la sociedad.
Los datos del mencionado informe muestran que los países del Pacífico en general tienen una PFE mucho más baja que Uruguay y sus dos grandes vecinos. En efecto, Chile tuvo en el 2015 una PFE de 26,2% del PBI, Colombia de 24,4% del PBI, Ecuador de 23,6% del PBI y Perú de 19,6% del PBI, al tiempo que Paraguay es el país del Mercosur con menor PFE (20,3% en el año 2015).
En momentos en que se está discutiendo en nuestro país el tema del proyecto de ley de los “cincuentones”, un capítulo aparte se refiere al peso de las contribuciones a la seguridad social, donde Uruguay aparece como líder absoluto en la región, con un equivalente a 13,6% del PBI en el año 2015, frente al 5,3% del PBI promedio a nivel de América Latina y del Caribe. Esa cifra es incluso superior al 10,4% del PBI que se registra entre los países que integran la OCDE. De hecho, además de Uruguay a nivel de la región solo otros tres países tienen un peso de la seguridad social por encima del 9% del PBI: Costa Rica (11,3%), Argentina (9,3%) y Brasil (9,2%).
Estar entre los países de mayor PFE de la región no es algo como para festejar, sobre todo considerando lo que el Estado le está devolviendo a la sociedad en términos de provisión de “bienes públicos” (seguridad a nivel general, salud y educación para los sectores más desfavorecidos, etc.) o de infraestructura física (la reciente discusión en torno a lo que hay que hacer para que eventualmente se instale la segunda planta de UPM es bien clara al respecto). En definitiva, la PFE es el “peso” con el que directa e indirectamente (cuando debe pagar los combustibles, la electricidad y las comunicaciones a precios más caros) debe cargar el sector privado, y cuanto menor es el “retorno” que se recibe por los recursos que utiliza el Estado, tanto peor es la situación y la pérdida de competitividad que enfrenta la producción local.
No es casualidad que Chile, Perú y Colombia, países mucho más abiertos al mundo que Uruguay y nuestros dos grandes vecinos, tengan una PFE mucho más baja que la nuestra y la de Argentina y Brasil. Es que es difícil poder exportar impuestos al mundo, y directamente imposible hacerlo cuando se es “tomador de precios” en el mercado internacional. Tampoco es casualidad el atractivo que ha comenzado a tener Paraguay entre los inversores, con una PFE de 20,3% del PBI, alrededor de 40% por debajo de la vigente en el resto de los países del Mercosur.
En Argentina y en Brasil, al menos los gobiernos de los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer están intentando tomar algunas tímidas medidas para poder —aunque más no sea de forma muy gradual— reducir el gasto estatal, y de esa forma poder bajar el nivel de PFE. En nuestro país, por el contrario, el gasto está creciendo en “piloto automático”, y no hay miras de que esto vaya a cambiar al menos en lo que resta de la actual administración. La discusión respecto al proyecto de los “cincuentones”, como antes lo fue la de la última Rendición de Cuentas, confirma la tendencia de que no hay ninguna voluntad política para cambiar una dinámica que es cada vez más perversa.
