Policía y Justicia en la mira mafiosa

La investigación, silenciosa y estratégica, les cerró a los policías el camino hacia la impunidad. La tarde en que Guillot se disponía a procesarlos la calle donde estaba el juzgado fue bloqueada por varios vehículos policiales. Enfrente se apostó una docena de policías con armas largas. La intimidación tuvo el respaldo del general Hugo Linares Brum, jefe de Policía de Montevideo.

Parecen situaciones diferentes, pero ambas tienen en común la impotencia contra el avance criminal: primero en la dictadura y ahora en democracia. A partir de 1985 la restauración democrática combatió de forma progresiva a los sectores policiales corruptos, y la mayoría son hoy profesionales eficientes y dispuestos a combatir el delito. Por eso los criminales los consideran enemigos a los que hay que exterminar. Lo mismo piensan sobre jueces y fiscales independientes.

Tomás Linn destacó en El País que entre enero y febrero 78 funcionarios policiales fueron el blanco de algún tipo de ataques. ¡78 en un mes y medio! La participación de sicarios parece obvia en algunos casos, algo que también señaló el fiscal de Corte Jorge Díaz. Alertó sobre el riesgo de que jueces y fiscales puedan ser su blanco.

Ha sido una preocupación constante de Díaz, quien tiene un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de las mafias, ya que antes de su actual cargo fue juez penal y de crimen organizado.

Jueces y fiscales tiene hoy similar indefensión que Guillot pero, como él, siguen adelante. La otra diferencia es que entonces los ataques a la Justicia tenían el respaldo (cuando no el impulso) de un Estado totalitario. Ahora, cuando de narcotraficantes se trata, los asesinos están agazapados con un poderoso respaldo económico y de armas.

Las advertencias de Díaz se fundan en hechos. Sin embargo, debido al paso del tiempo y porque algunos consideran de mayor relevancia otros sucesos, ese riesgo queda en un segundo plano o en el olvido. Pero no son nuevos. En 2012, poco después de asumir como fiscal de Corte, Díaz razonó que varias organizaciones de narcotraficantes habían perdido mucho dinero debido a la acción policial y judicial y que por esa razón “han analizado la posibilidad de realizar algún tipo de actividad contra alguno de los operadores del sistema”.

Para no atosigar al lector citemos solo algunos casos. En 2010 la fiscal Mónica Ferrero recibió una amenaza de muerte mientras investigaba estafas imputadas a oficiales de la Armada y a empresarios privados.

En agosto de 2013 la Policía descubrió un plan para atentar contra el juez penal Gabriel Ohanian, que investigaba un caso pesado de tráfico de drogas y había procesado a varios miembros de una organización. Los mafiosos libres y sin identificar planeaban el atentado.

En setiembre de 2014 dos custodios de la jueza Julia Staricco, que estaba al frente de su domicilio, fueron atacados a balazos.

El 8 de enero de 2015 Búsqueda publicó una carta del general (r) Wile Purtscher en defensa del general Miguel Dalmao condenado a 28 años de prisión por el homicidio especialmente agravado en 1974 de Nibia Sabalsagaray.

Purtscher escribió que la muerte de Dalamo fue “un asesinato” cometido por “jueces que se creen dioses” (dos jueces y dos fiscales penales y tres ministros de un Tribunal de Apelaciones). Irascible amenazó: “Ahora soy yo el que quiero venganza” y esta “llegará por algún medio”. Fue indagado por el delito de amenaza y fue sancionado con una multa de 200 Unidades Reajustables. Ley con precios de oferta.

En diferentes momentos también fueron objeto de amenazas los jueces Néstor Valetti, Graciela Gatti y Adriana de los Santos cuando se desempeñaban en sedes de Crimen Organizado. Por otras razones ajenas al narcotráfico recibieron amenazas la jueza Dolores Sánchez y la fiscal María Camiño.

¿Qué medidas existen para proteger a los funcionarios que pueden resultar blanco de los mafiosos? En 2008 el artículo 51 de la Ley 18.362 estableció que se otorgaran medidas de salvaguarda para el personal vinculado a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Los protegen las mismas medidas que el Decreto 209/2000 reglamentario de la ley de seguridad ciudadana para testigos y denunciantes.

Con ese fundamento el Ministerio del Interior creó un grupo especial destinado a proteger a jueces y fiscales involucrados directamente en investigaciones sobre narcotráfico y, eventualmente, a otros amenazados por diversas razones.

Alguien podrá argumentar que las advertencias carecen de fundamento porque los hechos denunciados nunca se han concretado en agresiones personales. Hay que estar alerta porque solo basta un paso para caer en el abismo. Basta que una vez un delincuente pase la línea roja para que se abra una compuerta.

En una sociedad en la cual el concepto de autoridad (su ejercicio) se ha ido degradando poco a poco la firmeza de los magistrados transmite confianza frente al caos. Su protección debe ser absoluta porque es al mismo tiempo nuestra protección.