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En las últimas semanas la ciudadanía presenció el debate entre el gobierno, la oposición y algunas organizaciones sociales acerca de las “ollas populares”, este fenómeno que se reavivó con la pandemia, y el cruce de reproches en el cual se atribuyen responsabilidades. Parece evidente que allí hay un problema que debe atenderse, pero quizás por la escasez de datos certeros y de análisis acerca de la eficiencia de determinadas políticas públicas prevalece una discusión que no va a fondo.
El Primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, divulgado hace pocas semanas, es muy oportuno. Confirma que si bien Uruguay tuvo progresos sociales en las últimas décadas, todavía hay un núcleo duro de personas que van quedando rezagadas. Es un problema colectivo: no es posible una convivencia social armónica si las desigualdades son profundas. Y con una mirada economicista, la actividad empresarial y la inversión se exponen a mayores niveles de incertidumbre si operan en contextos de marcada injusticia social; alcanza con mirar hacia algunos países vecinos para constatarlo.
La seguridad alimentaria y nutricional se define como aquella situación en la que “las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Por el contrario, la inseguridad alimentaria es cuando las personas carecen de acceso regular a suficiente comida para poder llevar una vida activa y saludable. Esta situación puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos o de recursos para obtenerlos.
Los resultados del estudio confirman que “la inseguridad alimentaria es un problema prevalente en el país” —dice el INE—: de cada 1.000 hogares, 150 (15%) habían reducido la cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero u otros recursos alguna vez en los 12 meses previos al momento de la encuesta (julio de 2022). A su vez, la estimación de inseguridad alimentaria moderada o grave en personas fue de 16,5% (165 de cada 1.000 viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave). Si se mira solo la prevalencia de inseguridad alimentaria grave —cuando se saltean comidas o pasan todo un día sin comer—, los porcentajes tanto en hogares como en personas rondan el 3%.
Un dato doloroso es que las mayores cifras de inseguridad alimentaria se observaron en hogares integrados por niños y niñas menores de seis años (21,5%) y en los ubicados en la región que incluye a Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres. Eso es consistente con las mediciones de pobreza por el método del ingreso, que una y otra vez señalan que es en la infancia y en esos departamentos donde está localizado el problema más severo.
Estas estadísticas indican que el Mides tiene mucho por hacer, pero no solo esa secretaría de Estado. El problema es más abarcativo e incluye la educación, por ejemplo, uno de los asuntos que el gobierno pretende reformar. Es una buena cosa que se investiguen las eventuales irregularidades en el manejo de las “ollas populares”. Hay que ir “hasta el hueso”, como anunció el presidente Luis Lacalle Pou. Sería terrible que se compruebe que hay personas lucrando con la desgracia ajena. Pero además de eso sería una buena noticia que todo el sistema político se comprometa a combatir en conjunto la deficiencia alimentaria. Así demostraría que polemizar sobre la pobreza y el hambre no es solo parte del juego electoral y que en algunos temas importantes está dispuesto a dejar los votos de lado. Es eso lo que hace la diferencia entre un país con capacidad para avanzar y otro condenado a girar eternamente en su propio eje. No puede ser tan difícil.
