Reivindicando la actividad de Ancap, el director en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, aparece recortado en la pantalla sobre una foto de la refinería de La Teja, mientras se refiere, a través de la plataforma Zoom, al “peor de los escenarios de incertidumbre” que, según él, atraviesa esa empresa estatal. Alude a un deterioro de la situación económica del ente, al que se agrega la falta de previsibilidad en los costos y la restricción para mitigar los riesgos en el precio del crudo al discontinuarse las coberturas financieras que hacía desde el período de gobierno anterior.
A su juicio, el Poder Ejecutivo —a través de resoluciones y leyes— tiene una actitud “aparentemente predecible”, pero luego toma “decisiones discrecionales y erráticas”. Atando “cabos”, para Sosa hay una “improvisación” que está conduciendo a una “situación muy nefasta” de Ancap que no descarta tenga “una intencionalidad”. Cuestiona que la reforma en el mercado de los combustibles planteada por el gobierno conduzca a una disminución futura de las tarifas y asegura que los cambios anunciados no confieren “previsibilidad ni para Ancap, ni para nadie”.
—“Combustibles: Una verdad a medias es una mentira completa”, escribió recientemente en las redes sociales. Y concluyó que en lugar de crear un fondo de estabilización se hizo un pozo de desestabilización… ¿Por qué?
—Hay que hacer un racconto. La nueva administración comenzó con una caja de US$ 193 millones y una serie de acciones comenzaron a complejizar la situación económica de Ancap. Una fue la suba del dólar, en marzo, a poco de asumir el nuevo gobierno; en todo 2020 se incrementó 13,5% y eso repercutió en un deterioro financiero por tipo de cambio en US$ 55 millones. Creo que no hubo una actitud proactiva de parte del Banco Central para evitar que el dólar subiera tanto.
Luego, en abril de 2020 el gobierno decidió incrementar el Imesi que se aplica sobre las naftas y eso ocasionó —como el precio al cliente final se mantuvo fijo— una pérdida de US$ 38 millones. Este año volvió a subirlo y Ancap también tuvo que absorberlo.
Ancap tiene incertidumbre en especial sobre el precio del crudo, y también respecto de la cotización del dólar y las tasas de interés, tres variables que no puede controlar. Ante eso, en 2016 se implementaron una serie de coberturas con instrumentos financieros. En el modelo anterior, en general los ajustes de precio se hacían de forma anual y había una previsibilidad de los ingresos. Pero, a partir de diciembre de 2020, con el decreto 363 (que está enmarcado en el artículo 365 de la Ley de Urgente Consideración) se establece que los ajustes van a ser mensuales. Pero la ley generó una incertidumbre para Ancap y no está pudiendo hacer ese tipo de cobertura frente a la posible variación del precio internacional del crudo.
—¿Se discontinuaron las coberturas de precio para la compra de crudo?
—Sí. La ley habla de un período de transición, que no está claro cuánto va a durar, y en ese contexto Ancap no está realizando coberturas. La única vigente es frente al incremento de la cotización del dólar, que está desde 2019 y va hasta mayo de 2022, firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez. Es por un total nominal de US$ 600 millones, por 30 intercambios mensuales de US$ 20 millones. Eso nos posibilitó mitigar en parte el impacto negativo del alza del tipo de cambio que el nuevo gobierno no impidió. Y con respecto a la cobertura frente a las tasas de interés, se está trabajando.
Entonces, por un lado tenemos un deterioro económico durante 2020. Por otro, antes sabíamos cuánto se iba a recaudar en el año; ahora no y sobre los ingresos tampoco sabemos cuánto van a ajustarse mes a mes. Por tanto, no tenemos una previsibilidad a futuro y, además, tampoco tenemos coberturas. O sea que estamos en el peor de los escenarios de incertidumbre.
Hay una actitud aparentemente predecible, pero después hay decisiones discrecionales y erráticas. Y en ese contexto es muy difícil para Ancap hacer una política de mitigación de riesgo. Por eso estamos en una situación que lleva a la desestabilización de Ancap y eso es peor todavía con una situación económica comprometida, porque a futuro tampoco tenemos certidumbre.
—Pero la ministra de Economía dijo que el mantenimiento de las tarifas es una medida extraordinaria y que respaldará a Ancap para que sus finanzas se mantengan sólidas.
—Por un lado, entiendo y yo hubiera tomado la misma decisión en una coyuntura compleja para el país. En eso coincidimos. El tema que es sobre las espaldas de Ancap. Según los trascendidos, quizás no se le pida los resultados de Ducsa por el equivalente de US$ 20 millones. Hace poco aprobamos en el directorio un pedido de autorización al Poder Ejecutivo para solicitar un préstamo de US$ 40 millones. En estos primeros meses del año se ha perdido muchísimo dinero. Los precios de paridad de importación (PPI) que define la Ursea —aun cuando consideramos que están subvaluados, que son irreales, porque no toman en cuenta la internalización al país de los refinados—, están por encima del precio al cual Ancap está vendiendo los combustibles. Si el gobierno tiene la intención de cubrir a Ancap de esta situación, tendría que tomar decisiones inmediatas. Prescindir de esos US$ 20 millones de resultados de Ducsa, y resolver el tema de las coberturas.
—La otra solución sería vía precio... Parece inevitable que las tarifas aumenten en el corto plazo. ¿Eso mejorará la ecuación a pesar del rezago respecto al PPI?
—El gobierno dijo que lo que no se ajustó no sería contemplado para los futuros ajustes. Ancap es la única empresa que corre riesgos porque el Ejecutivo recauda; es verdad que hubo una merma, pero no ha sido significativa producto de la situación pandémica. Por otro lado, aguas abajo de Ancap, en la cadena de distribución secundaria, tampoco corren riesgos, porque al precio de venta que pone Ancap en sus plantas de distribución se le agregan los márgenes, tanto las distribuidoras como estaciones de servicios, fleteros. Entonces si queremos atender el precio de los combustibles, no puede estar solamente focalizado en Ancap.
Se ha intentado focalizar en un relato que el precio de los combustibles es responsabilidad única de Ancap y no es así. Hay tres grandes actores: Ancap, que cada día tiene que tratar de ser más eficiente; el Poder Ejecutivo, que recauda; y el sector privado, que está en la distribución secundaria. ¿Cuál es la medida de eficiencia en el sector privado? No la sabemos. ¿El gobierno está dispuesto a rescindir recaudación? No ha sido la actitud y en menos de un año subió dos veces el Imesi. En la nafta Súper, el 48% de lo que paga el cliente es Imesi.
Hay que concretar ese anuncio de apoyo a Ancap con hechos. Hasta ahora no los vemos y el gobierno también tiene que repensar si quiere mantener esa carga impositiva en este contexto. El que está pagando el costo de esa decisión política de no aumentar las tarifas no es el gobierno, sino un instrumento del Estado que es Ancap.
—Ha sido crítico con el presupuesto de Ancap, con el bajo nivel de inversión y ahora con la falta de previsibilidad. ¿Teme que si se debilita a Ancap, se allane el camino hacia una futura desmonopolización?
—No puedo adjudicar intenciones, me manejo con los hechos.
Si uno empieza a atar cabos de una serie de hechos objetivos, se está ocasionando una inestabilidad a Ancap y para la población. El desprendimiento de activos, la inestabilidad económica, el cuestionamiento del papel estratégico de la refinería... Llego a la conclusión de que o es una improvisación que está llevando a errores y a una situación muy nefasta, o hay una intencionalidad. Eso no lo puedo probar, pero es bastante llamativo.
En el documento que se elevó a la Asamblea General se plantea el desprendimiento de activos, en concreto de la planta de biodiésel que todavía falta amortizar y tiene contrato vigente con Cousa, que provee el aceite. También se cuestiona el papel dominante de Ducsa. Parecería como que se está tratando de que la participación privada en el mercado secundario sea mayor de la que es hoy. Por otro lado, hay un hostigamiento hacia el sector del portland.
—¿Por qué dice que se cuestiona el papel estratégico de la refinería?
—Porque se insistió mucho en un sobrecosto que la población está pagando, pero hoy la situación se invirtió; hoy el PPI está por encima de lo que vende Ancap. Está medido y publicado que, tomando en cuenta la canasta de productos, es más conveniente traer el crudo, refinarlo y venderlo que traer los refinados; eso no es de ahora sino de hace años.
Hoy, si Ancap fuera empresa privada, no estaría vendiendo ni un litro de combustible al precio que establece el Poder Ejecutivo porque hoy está perdiendo y ninguna empresa privada pone un negocio para perder. Es más, quizás, si Ancap fuese una empresa privada, estaría exportando todo el combustible porque hoy es más conveniente colocar el combustible en Argentina —si tuviéramos posibilidades de penetrar, aunque hace poco logramos una venta— porque nos da más ganancia. O sea que gracias al Estado es que el gobierno pudo tomar esta medida de no aumentar los combustibles; si tuviera una empresa privada ninguna lo admitiría. Entonces, no puedo demostrar una intencionalidad, pero veo una sucesión de hechos que me dejan pensando.
- Recuadro de la entrevista
El riesgo de quedarse “sin caja” y los “escenarios” posibles
