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El procesamiento por presuntas violaciones a los derechos humanos de un exmilitar provocó una controversia en la Gran Logia de la Masonería uruguaya, que incluyó dos decisiones contradictorias de un tribunal interno acerca de qué medida disciplinaria adoptar sobre un hermano con un fallo adverso.
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En junio la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, procesó con prisión a los militares retirados Mario Aguerrondo, Raúl Scioscia, Manuel Cola y Carlos Frachelle, y a los militares en situación de reforma Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo por delitos de “privación de libertad y violencia privada” contra unas 30 personas mientras estuvieron detenidas en el Batallón Nº 13 o en el centro 300 Carlos, también llamado Infierno Grande.
Los acusados, según el fallo, “participaron en la privación ilegítima de libertad de las víctimas”, las que “sufrieron apremios físicos que pusieron en peligro su vida, con la finalidad de que los prisioneros brindaran información de las agrupaciones políticas a las que pertenecían y de sus compañeros de militancia, con miras a proceder nuevas detenciones”.
Frachelle, conocido por algunos detenidos como Aquaman por su presunta expertise en el método de tortura denominado submarino, fue identificado como participante en los “apremios físicos” por cuatro víctimas, según el dictamen de primera instancia. Una de ellas, por ejemplo, declaró que fue “encapuchada y puesta de plantón por largas horas, durante unos 10 días, siendo obligada —a golpes— a pararse nuevamente cada vez que se desvanecía”. El fallo agrega que “dichos padecimientos fueron alternados con sesiones de picana eléctrica y submarino, con la finalidad de que brindara información respecto de su militancia gremial en el Sindicato del Hospital de Clínicas, así como sobre su participación” en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
En su comparecencia ante la Justicia, Frachelle defendió su inocencia. “No tengo conocimiento de que se hubiera tratado mal a ninguno, nosotros les dábamos la comida (…). No sé quiénes son ni por qué me nombran”, declaró, según cita el fallo. “A la Unidad llegaba la orden del Comando General del Ejército el nombre y el domicilio de la persona y nunca hubo violencia, se tocaba el timbre y les pedíamos que nos acompañaban, nunca hubo violencia ni resistencia”.
En su dictamen, la jueza Urioste sostuvo que “no importa cuál fuera el régimen imperante en el momento” de los hechos denunciados, “es por demás claro y evidente que ningún sistema puede permitir o considerar como válido la detención arbitraria, privación de libertad sin resolución alguna de la Justicia competente y sometimiento a torturas sistemáticas”.
El procesamiento de Frachelle, apelado por su defensa, activó mecanismos internos en la Masonería. El militar retirado integra la Logia Manuel Oribe y su situación pasó a ser analizada por un tribunal, dijeron a Búsqueda fuentes de la organización.
Un tribunal masónico está integrado por hermanos de otras logias, convocados para analizar y resolver sobre el caso concreto que se les asigna.
En primera instancia, el tribunal, integrado entre otros por el constitucionalista Ruben Correa Freitas, había suspendido a Frachelle, relataron los informantes.
Esa decisión fue cuestionada por la defensa del exmilitar y provocó controversia en la interna, según los informantes. El tribunal tomó otra resolución que “dejó en suspenso” la decisión inicial, al menos hasta que haya una sentencia firme de la Justicia penal. Cuando eso ocurra, el tribunal masónico deberá tomar una posición final.
Como la denuncia fue presentada varios años atrás, el caso sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que involucra a Frachelle se tramita bajo el Código del Proceso Penal anterior al que rige actualmente, y su resolución puede demorar varios meses o años.
Fuentes de la Masonería justificaron la decisión de no suspender a Frachelle. “La jurisprudencia” interna indica que la suspensión no correspondía en esa etapa, dijo uno de los informantes. “Hasta que no haya un fallo firme, rige la presunción de inocencia”, aseguró uno de los consultados. Añadió, no obstante, que sobre Frachelle rige una “suspensión de hecho”, porque mientras su caso es objeto de análisis por parte de un tribunal masónico, no puede participar en actividades de la organización.
El asunto es objeto de discusión interna en la Masonería y dejó heridas, en particular en la Logia Manuel Oribe, que integra Frachelle. Algunos miembros, descontentos con la decisión de levantar la suspensión del tribunal, decidieron cambiar de logia, supo Búsqueda.
