Esta carta responde, por lo pronto, a la necesidad de expresar mi gratitud a todos aquellos que en estos días me han brindado generosamente su apoyo y colaboración en la edición y la presentación pública de un texto mío. En segundo lugar, me adelanto a asumir toda la responsabilidad que corresponda por ciertos equívocos y malentendidos que dicho texto ha provocado en un lector tan atento y bien entrenado como el Dr. Adolfo Garcé. En tercer lugar, me propongo enumerar aquellas pistas presentes en el texto que podrían haber evitado tales malentendidos si yo me hubiera tomado el trabajo de destacarlas adecuadamente. En cuarto lugar, una vez despejado el camino, procedo a reformular la agenda de discrepancias entre el Dr. Garcé y yo que se mantienen pedientes y sobre las que vale la pena proseguir nuestro intercambio argumental, tan esclarecedor para mí.
I. Agradecimientos. En esta oportunidad me veo obligado, por razones de espacio, a reducir al mínimo el capítulo de los agradecimientos. Me limito a señalar que estoy en deuda tanto con las autoridades de instituciones —Universidad Claeh, semanario Búsqueda—, como con personas, en particular, Adolfo Garcé, Romeo Pérez, Martín Peixoto, Jose Rilla y Alejandro Coto, Daniel Cal, etc.
II. Reconocimiento de responsabilidades por algunos malentendidos. En mi extensa carta, publicada en la sección Cartas al director del semanario Busqueda (24/11/22), me apresuré a señalar que a mi juicio los comentarios de Garcé asumían el supuesto (a mi juicio infundado) según el cual mi texto apuntaba a evaluar los resultados de las reformas de 1996 y, en particular, la introducción del balotaje para la adjudicación del mandato presidencial, atribuyéndole entre otras cosas la polarización del sistema político uruguayo. La relectura de mi texto me obliga a reconocer que debía haberme adelantado a desautorizar esa posible lectura y más aún que debí haber subrayado en forma explícita los alcances de mis denuncias sobre la pendiente de deterioros por la que se venían deslizando varios experimentos democráticos. En efecto, desde el momento en que mis advertencias acerca de los bloqueos y los sesgos distorsionantes identificables en ciertas democracias contemporáneas abarcaban contextos institucionales tan diferentes entre sí como Gran Bretaña, EE.UU, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Francia y Uruguay, di por supuesto que quedaba descartada la lectura según la cual me proponía atribuir dicha pendiente de deterioros de nuestro sistema político a las reformas electorales sancionadas en 1996. Tendría que haber insistido todas las veces que fuera necesario de modo de no dejar lugar a dudas acerca de la índole específica de los problemas y de las amenazas que consideraba merecedores de la atención y de la alarma de los lectores. Por un lado, las prácticas democráticas uruguayas actuales no eran las únicas que estaban afectadas por bloqueos y rigideces, condenadas a no aprender de su pasado y a no reconocer errores y miopías. Por otro lado, también debría haber subrayado que los argumentos invocados para introducir el balotaje en 1996, lejos de ser una mera ocurrencia sin antecedentes en el pasado, coincidían punto por punto con los esgrimidos por la fracción batllista del Partido Colorado para oponerse a la representación proporcional en las primeras décadas del siglo XX y que así como Juan Carlos Blanco retomaba en los primeros años del siglo XXI la apuesta de José Batlle y Ordóñez por el sistema electoral británico y su corolario, un sistema oligopólico de partidos, de manera similar, Alejandro Atchugarry asumía en enero de 1995 la misma línea argumental desarrollada por Julio María Sosa en la convencional nacional constituyente (1916-1918). Hubiera correspondido, pues, que aclarara que los objetivos centrales de mis señalamientos críticos eran ciertas concepciones mayoritaristas y plebiscitarias de la legitimidad del ejercicio de la autoridad democrática, así como aquellas argumentaciones orientadas a justificar la configuración y el funcionamiento de un mercado político cuyas notorias improntas oligopólicas y oligocráticas condenan a las minorías políticas y a los grupos de ciudadanos descontentos con la oferta existente a ejercer sus libertades y derechos políticos en condiciones inequitativas. Así, pues, corresponde que yo asuma la responsabiidad central sobre aquellos malentendidos que se ocasionaron a partir de una lectura de mi texto como centrado en los impactos de las reformas electorales del 96 sobre el sistema político uruguayo.
1. En el capítulo II de Jugando con fuego, y en particular a partir de la página 48, se incluyen análisis del funcionamiento de los sistemas de partidos binarios, y las principales referencias comparativas se extraen de las democracias británica y estadounidense. La mención al experimento británico no encaja en lo más mínimo con la lectura que propone Garcé, centrada en los regímenes presidencialistas y en el recurso al balotaje.
2. Más aún, esas mismas referencias comparativas y los análisis que las acompañan tampoco confirman la relación supuesta en la lectura de Garcé entre los sistemas de partidos binarios y la polarización del sistema político. Por el contrario, en ese mismo capítulo se perfilan por lo menos tres modalidades del funcionamiento de los sistemas de partidos binarios: a) la convergencia hacia el centro de sus convocatorias ideológicas y de sus propuestas programáticas; b) la polarización asociada a la captura de uno de los dos polos por una fracción radicalizada o fundamentalista; c) una polarización discursiva y argumental a nivel de las convocatorias, pero compensada por un desdibujamiento de las discrepancias programáticas y de las políticas públicas efectivamente implementadas.
3. Las referencias a los casos de Brasil, Perú y Francia también desautorizan aquellas lecturas que atribuyen a mi texto una conexión causal directa entre la introducción del balotaje y la configuración de un sistema de partidos binarios.
4. Todo un capítulo del libro, el más largo, está dedicado a analizar críticamente a dos dispositivos institucionales introducidos en la reforma de 1966: el recurso al trámite legislativo de urgente consideración y los mecanismos de democracia directa para derogar leyes y para introducir enmiendas constitucionales. Tales innovaciones asumen una impronta plebiscitaria insoslayable y se proponen facilitarles a los gobiernos la tarea de persuadir para ampliar al máximo los respaldos a sus orientaciones porgramáticas, ahorrándoles así la tarea de levantar la mayor cantidad posible de objecciones, temores y motivos de desconfianza. Dichos disposistivos fueron sancionados 30 años antes de las reformas electorales que aportaron el balotaje y las elecciones primarias no obligatorias.
5. En Jugando con el fuego se acumulan referencias inequívocas a la opción decisiva que asumieron en la década de los 90 del siglo pasado los principales dirigentes de los partidos políticos uruguayos al convocar a la ciudadanía a alinearse en un sistema de bloques binarios rígidamente enfrentados, opción que hoy siguen impulsando, quizás con un entusiasmo decreciente. Otra vez, el centro de atención no está puesto en la ingeniería institucional, sino en los fundamentos que justifican la autoridad democrática y en los márgenes que disponen las instancias democráticas para procesar rendidoramente nuestras discrepancias ideológicas y programáticas. Ello no implica zanjar trivialmene dichas discrepancias ni forzar acuerdos suprapartidarios con base en meras concesiones. Se trata de tomarse el trabajo de recomponer la comunidad epistémica una y otra vez, de modo que el nosotros ciudadano resulte convocado a recorrer una continuidad endógenamente orientada de aprendizajes y contrastaciones compartidas, de revisiones recíprocas de las formulaciones de los diagnósticos y de las propuestas alternativas a la luz de los intercambios de argumentos expertos y testimonios profanos irremplazables. De lo contrario, nuestras democracias están condenadas a quedar atrapadas en los mismos callejones sin salida, a volver siempre a fojas cero como en el film El Día de la Marmota”, a repetir una y otra vez las mismas oscilaciones erráticas entre alineamientos mayoritarios efímeros, asociados a agendas puntuales y a circunstancias cambiantes, de modo que a nuestro tránsito por el mundo podría aplicarse las conclusiones amargas que figuran en el monólogo final de Macbeth: “La vida es una sombra que pasa, una historia contada por un idiota, llena de furia y estrépito, carente de significado”.
6. Por último, en las páginas finales de mi libro propongo ciertas medidas que los partidos políticos y sus dirigentes podrían adoptar para mejorar nuestras prácticas democráticas aun en el marco institucional vigente. Al introducir esas “propuestas de caminos alternativos al embudo plebiscitario” —y aclarando que en todo caso deberían ser objeto de compromisos públicos detallados y expresos— admito un cierto margen para la gravitación de aquellos factores a los que Adolfo Garcé abarca como “los dirigentes políticos (sus actitudes y desempeños) y el grado de civilización política de la ciudadanía”. Se trata, creo yo, de los mismos factores a los que el Dr. Horacio Cassinelli Muñoz designaba como “nuestras costumbres políticas” en una entrevista publicada en la revista Postdata en enero de 1995 (con una salvedad nada menor: el Dr. Casinelli, a diferencia de Garcé, era contrario al balotaje y en la entrevista mencionada aporta argumentos contundentes para rechazar esa alternativa).
IV. Las discrepancias pendientes. Recién ahora, después de haber despejado el camino, arribo al punto en el que mis discrepancias con Adolfo Garcé empiezan a perfilar sus verdaderos alcances. El propio Garcé las resume en el tramo final de su carta a esta sección y, en lo que a mí respecta, estoy dispuesto a seguir este intercambio. A modo de invitación y a la vez de reto, me apresuro a especificar cuáles son las asignaturas pendientes.
1. En primer lugar, Garcé debería convencerme de que los distintos sistemas electorales y regímenes de gobierno son moralmente neutros, que no incurren en violaciones flagrantes de las libertades políticas y que cumplen con las exigencias mínimas de equidad, es decir, que otorgan a todos los ciudadanos, cualquiera sea su orientación ideológica y su ubicación dentro del espectro plural de opiniones, las mismas oportunidades exante de asociarse con otros e incidir sobre la distribución de los recursos de autoridad que se adjudican. Para cumplir con ese principio normativo de justicia e igualdad ciudadana, es preciso que si un núcleo de ciudadanos se alinea y respalda a una convocatoria política y recluta un determinado porcentaje de votos, entonces, corresponde que ese núcleo obtenga el mismo porcentaje de los recursos de autoridad disputados. Tal principio de justicia es abiertamente transgredido por los sistemas mayoritaristas de adjudicación de escaños legislativos, vigentes en Gran Bretaña, EE.UU., así como en Uruguay hasta la reforma constitucional de 1918 y en Nueva Zelanda hasta la reforma electoral de 1993 (aplicada por primera vez en 1996). En ese sentido, también es transgresor el sistema presidencialista porque atribuye a una mayoría (simple o calificada) la totalidad de los recursos disputados. Esa inequidad básica multiplica su carga moral negativa en la medida en que coarta la libertad de los ciudadanos desde el momento en que reduce las opciones electorales disponibles y los obliga a armar coaliciones forzadas entre agrupaciones con orientaciones diferentes, ya que solo así tienen chances de incidir en la adjudicacón de los cargos disputados y pueden o bien impedir que la orientación partidaria más temida termine controlando dichos cargos o resignarse a que su voto solo sirva para castigar a los dirigentes políticos que han cometidos abusos y atropellos inexcusables, como señala el filósofo argentino Roberto Gargarella. Precisamente, Gargarella denuncia a este esquema mayoritario como “una extorsión electoral” y el profesor Mathew Flinders de la Universidad de Sheffield lo denomina como “la gran trampa de los sistemas binarios”. Más allá de esos cargos, hay otro mucho más grave: tanto el diseñador de esos sistemas como el politólogo que los defiende se ubican a sí mismos como tutores y guardianes de los ciudadanos, autorizados a protegerlos de su propia inmadurez y dispersión, de su incapacidad para armar coaliciones responsables y consistentes para legislar y gobernar.
2. En segundo lugar, Garcé tendría que convencerme de que el presidencialismo no es una anomalía institucional, un dispositivo moralmente perverso que a partir de una mayoría puntual de pronunciamientos ciudadanos asociados a una diversidad inagotable de motivos y consideraciones, positivas y negativas, algunas de índole circunstancial y otras asociadas a lealtades más permanentes, construye una fantasía inverificable, aquello a lo que Robert Dahl denominaba “el mito del mandato presidencial”, un supuesto respaldo plebiscitario unificado y vigente a lo largo de un período establecido. Y lo peor de todo no es la insensatez de pretender elaborar una película de larga duración a partir de una foto puntual, forzada y borrosa, sino aquello que señalaba Martín C. Martínez, el atar las manos a los ciudadanos, como si fueran menores de edad o ebrios consetudinarios, obligándolos que acepten mansamente la prolongación del mandato hasta la terminación de cada período de gobierno, aún en aquellos casos en los que a los pocos meses el titular de dicho mandato ya ha demostrado o bien que ningún dirigente politico le hace caso, como le ocurre al presidente Alberto Fernández, o bien que no está a la altura de las prerrogativas y responsabilidades de un gobernante y es una hoja en la tormenta, como es el caso del presidente Pedro Castillo (de paso, vale la pena recordar que la democracia británica, si bien sigue soportando un sistema atávico de adjudicación de los escaños parlamentarios, solo otorga mandatos revocables a los titulares de la rama ejecutiva, lo que le ha permitido destituir al estrafalario Boris Johnson y a la despistada de Liz Truss). Por otra parte, corresponde aclarar que mi calificación del presidencialismo como una institucion “atávica” no es una ocurrencia mía. En este punto, me limito a prolongar el pensamiento de Justino Jiménez de Aréchaga y de Martín C. Martínez. En efecto, el primero se refería a los sistemas electorales mayoritaristas como “empíricos y reñidos con la razón”, mientras que el segundo se refería a los regímenes presidencialistas como “ese absurdo de los gobiernos regidos por el calendario”.
3. En tercer lugar, Garcé debería convencerme de que es razonable su apuesta —y la del Dr. Cassinelli Muñoz— a dejar librada la salud y el vigor de la democracia uruguaya a componentes tan frágiles y perecederos, tan expuestos a los olvidos, los descuidos y los atajos perezosos, como “el grado de civilización política de la ciudadanía” y “nuestras costumbres políticas”. En este terreno, tengo mucha confianza en las consideraciones que he venido acumulando hace décadas, así como en las enseñanzas que cabe extraer a partir de la comparación entre las trayectorias inversas recorridas desde la década de los 90 hasta nuestros días por la democracia neozelandesa, por un lado y, por el otro, las democracias británica, estadounidense y uruguaya.
4. En cuarto lugar, también debería convencerme de que resulta sensato aplicar su extraña receta de alternar períodos de gobiernos que tutelan a los ciudadanos y los embretan en opciones unificadoras con períodos en los que los ciudadanos asumen plenamente su condición de titulares de los agentes morales responsables y se les reconoce la autoridad para armar y desarmar flexiblemente coaliciones legislativas y de gobierno. Desde mi punto de vista, se trata de una receta tan aleatoria como imprecisa, no muy diferente a aquella que nos propone una mezcla en la que vamos introduciendo alternativamente, y a ojo de buen cubero, una pizca de ciencia y luego una pizca de magia vudú. Sospecho que Garcé considera mis apuestas al pluralismo no tutelado y las coaliciones flexibles como el resultado de una concepción ingenua y “frutillita” de la condición humana, así como de mi renuencia a hacerme cargo de las pasiones que desatan las competencias por el control de los recursos de autoridad. Y bien, en ese terreno también considero que estoy bien pertrechado. Ante todo, por cuanto he venido acumulando una argumentación robusta para demostrar el fracaso inevitable al que están condenados los atajos perezosos, las democracias tuteladas que impiden fortificar aquellos músculos específicos que dan consistencia genuina a los partidos y a los gobiernos. Y también porque la observación de las trayectorias democráticas en las últimas décadas ha pronunciado un fallo inapelable a esta altura: las más frágiles y erráticas —Gran Bretaña, EE.UU., Argentina, Brasil, etc.— son las tuteladas, mientras que las más maduras y consistentes —Alemania y Nueva Zelanda— son las que habilitan a los ciudadanos a ejercer más amplios controles sobre sus gestiones, las que les proporcionan mejores instrumentos a las minorías y a los ciudadanos de a pie para defenderse de los oligopolios y las oligarquías, tanto en el plano político como el económico.
Sin embargo, sigo dispuesto a atender y dejarme persuadir por las razones que pueda aportar mi estimado amigo Adolfo Garcé. Espero, pues, su respuesta a mi invitación.
Carlos Pareja
CI 575.187-6
