Preocupante

En efecto, el año pasado el déficit del sector público consolidado (SPC) fue de 4% del PBI, marcando un aumento de 0,4% en relación con el dese­quilibrio de 3,6% del PBI que se había alcanzado en el 2015.

Si bien el resultado fiscal del año 2016 estuvo levemente por debajo del que el gobierno había proyectado en la última rendición de cuentas (4,3% del PBI), la situación en materia fiscal muestra una dinámica difícil de sostener, sobre todo por el continuo crecimiento de los gastos corrientes, en un contexto donde el mantenimiento de los ingresos se está logrando fundamentalmente a base de incrementos de impuestos y subas de las tarifas públicas. En efecto, el año pasado, la recaudación de la DGI se sostuvo simplemente por el aumento de la recaudación del impuesto a la renta, que fue esencialmente consecuencia de la nueva forma de cálculo que se decretó a fines del año 2015. A ello hay que agregar el efecto favorable sobre las finanzas de Ancap que tuvo el hecho de que no se bajaran los precios de los combustibles cuando el costo del petróleo estuvo bastante por debajo de los valores tomados por el ente en su paramétrica para fijar sus costos. Sin considerar esos dos factores, el déficit fiscal de 2016 se habría ubicado cerca del 5% del PBI.

Para 2017, el gobierno recurrirá al ajuste de las tasas del IRPF y del IASS que entró en vigencia el 1º de enero, y a la continuación de los incrementos de las tarifas públicas a los efectos de mantener y en lo posible incrementar la recaudación, en esta suerte de “mini-ajuste fiscal” permanente en el que vivimos desde 2015.

Dada esta realidad, es paradójico que el gobierno se plantee aumentar todavía más el gasto público en la próxima rendición de cuentas, aunque aparentemente las directivas del Poder Ejecutivo serían mantener una conducta prudente y solo incrementar el gasto en las áreas “prioritarias” (educación, sistema nacional de cuidados, seguridad pública y vivienda).

Lamentablemente, el presidente Tabaré Vázquez parece no haber entendido o no quiere asumir que no tiene dinero para gastar, que a pesar de haberles metido la mano en el bolsillo a los ciudadanos por múltiples vías (aumentos de impuestos, sea por cambios en las tasas o en sus formas de cálculo, ajustes de las tarifas públicas, etc.), el agujero fiscal en lugar de disminuir se agranda, y que la única conducta prudente en esta circunstancia sería la de bajar el gasto público global en lugar de pretender aumentarlo.

La teoría de los “espacios fiscales” utilizada por el equipo económico desde el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fue un gigantesco desastre y es lo que ha puesto al país en la delicada situación actual. No solo se gastó el crecimiento de la recaudación que la bonanza externa produjo, sino que se pulverizó un superávit primario de más de 4% del PBI al inicio del 2005 transformándolo en un déficit de 0,7% del PBI el año pasado. Que después de la década de la mayor bonanza económica que tuvo el país en más de 50 años, y de aplicar ajustes de tarifas y de impuestos desde el 2015 a la fecha, se haya terminado con el déficit global más alto desde los años en que Uruguay se debatía con las consecuencias de la crisis financiera de 2002, es la muestra más acabada del despilfarro fiscal que los gobiernos “progresistas” realizaron desde el 2005 a la fecha.

Para colmo de males, si el jolgorio de gasto se hubiera transformado en una mejora sustancial de la educación y de la salud pública, o en que los ciudadanos tuvieran niveles de seguridad personal y material adecuados, o en que se hubiera creado una infraestructura de transporte del primer mundo, por lo menos la sociedad hubiera recibido algo a cambio de la exorbitante presión recaudatoria que se le ha impuesto. Pero ya sabemos que lamentablemente no ha sido el caso, lo que nos deja con la peor situación posible, con impuestos del primer mundo y servicios públicos del tercero.

Aunque la excelente temporada turística actual y el ajuste fiscal y de tarifas públicas que entró en vigencia a comienzos de este año mejorarán los números fiscales en los próximos meses, el problema de fondo subsiste. En lugar de pensar en gastar más, el gobierno debería pensar en gastar menos y mucho mejor, y comenzar a bajar la presión que se le está poniendo al sector privado.