“‘Prisioneros políticos’ en Uruguay: la apropiación discursiva para ‘pelear la idea de quién es la víctima’”. Así titula la diaria un artículo referido al “discurso” de los autodenominados “Familiares de Prisioneros Políticos”, que obviamente alude a los militares y policías que, habiendo combatido exitosamente la conspiración marxista que, a fines de los 60 e inicios de los 70, atentara contra la constitución por la vía armada, hoy a cincuenta años de sucedidos los hechos, paradójicamente se encuentran privados de su libertad.
Comencemos por desasnarnos con la RAE, respecto a los vocablos de que se sirve el neo-marxismo, para inculcar conceptos falaces o tergiversados sobre la historia reciente y sus protagonistas, que al no existir “oposición pedagógica-cultural” alguna: los faltos de instrucción, desinformados o desatentos (del llano y de la cima), han ido asimilándolos, naturalizándolos y trasmitiéndolos en los hogares, en las aulas, y en los medios de comunicación.
Preso político: “se tiende a llamar así a las personas que están privadas de libertad sin haber cometido ningún delito, sino que lo están por sus ideas políticas. Y esta etiqueta con la que, sin cuestionamientos, suele “calificarse” a los sediciosos, no aplica. Porque en el camino de la “revolución armada”, aquellos militantes sociales se convirtieron en guerrilleros, y estos cometieron delitos tales como: extorsiones (a jueces y legisladores), sabotajes (en servicios estatales y privados), rapiñas (en bancos, financieras, instituciones, etc.), secuestros (de connacionales y de diplomáticos extranjeros), homicidios (muertes decididas o ejecuciones, al decir de “las hermanas Topolanski”), y otras acciones delictivas destinadas a debilitar al gobierno y a sus fuerzas de seguridad.
Al respecto, nuestro Código Penal no diferencia los delitos por la finalidad que persiguen. El sabotaje es sabotaje, según sea realizado con el objeto de: afectar el patrimonio de un empresario o interrumpir un servicio esencial. La rapiña es rapiña, si es cometida por ladronzuelos para sobrevivir unos meses o adquirir algún bien, o por sediciosos con el fin de hacer finanzas o apertrecharse. El secuestro es secuestro: sea cometido por un delincuente para negociar la libertad a cambio de dinero, o por guerrilleros para forzar al gobierno a tomar resoluciones en su provecho. Y el homicidio es homicidio, según se cometa con fines: de disputas familiares, de querellas comerciales o de disidencias políticas.
Por tanto, la condena a sediciosos por haber cometido estos delitos, no les confiere el estatus de “preso político”.
Este concepto solo adquiere validez en países en los que ha triunfado la revolución marxista, como: en la Unión Soviética, Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde instaurado el régimen sobrevienen las purgas, y la aprehensión de los “disidentes” (particularmente a los líderes), por el solo hecho de sabérseles contrarios a la doctrina totalitaria marxista.
Prisionero: “militar u otra persona que, en campaña, cae en poder del enemigo” (entiéndase “campaña”, como sinónimo de combate u operación militar...).
A partir de esta definición, nos detendremos a apreciar determinados contextos políticos, para luego de un análisis básico, poder concluir sobre el tema.
Veamos, en el año 2005 accede por primera vez al gobierno el Frente Amplio; coalición política integrada por partidos marxistas y movimientos revolucionarios que otrora participaron o fueron cómplices de la lucha armada.
E inspirado en Antonio Gramsci, el neo-marxismo o socialismo del siglo XXI comenzó a preparar el terreno para avanzar sobre dos objetivos: 1) la “dirección intelectual y moral” de la sociedad, que se logra interviniendo la educación y la cultura, y 2) la “dominación”, ejercida a través de la fuerzas coercitivas del Estado (Policía y FF.AA.), para lo que en el mediano plazo era ineludible sustituirlas.
En cuanto a los efectos de la educación sobre dos o tres generaciones, y al cambio cultural que evidencia nuestra sociedad, los resultados están a la vista. Respecto a las FF.AA. y particularmente al Ejército, sabían que este era un hueso duro. Y como para la purga no era momento, recurrieron a lo más a mano que tenían, que eran los “veteranos del 70”. Por lo que, uniendo lo útil a lo agradable, iniciaron una etapa de venganza, de divisiones y de “mensajes”.
A partir de ese momento: a) con mayorías parlamentarias; b) con la Fiscalía General de la Nación en su poder; c) con “compañeros” enquistados en el Poder Judicial; d) y con la tranquilidad que les transmitía el quietismo anuente de la oposición política y de jerarcas de Estado, muchos de aquellos militares y policías que cumplieron exitosamente la misión de combatir a las facciones sediciosas que atentaron contra los gobiernos: del Consejo Nacional de Gobierno (62-67), del Gral. Oscar Gestido, de Jorge Pacheco Areco y de Juan Ma. Bordaberry, vienen siendo enviados a prisión, en procesos donde claramente subyace la prevaricación. Hombres que, en su mayoría, rondan los ochenta años.
Lo expresado permite inferir que “aquella guerra” no acabó. Cambió la estrategia, pues hoy los objetivos son las mentes de las masas y de todos aquellos que se oponen, o pueden llegar a oponerse a sus propósitos.
Es una guerra psico-política, en la que la “campaña” es permanente. Una guerra en la que el enemigo, nuevamente, arremete contra Estado. El mismo enemigo, solo que esta vez sus armas son: los libros de texto, los medios de comunicación, la militancia, la contracultura, y el miedo: a “no quedar bien”, a “no ser políticamente correcto”, a “quedar pegado”, etc., que les infunden a sus eventuales adversarios.
Esta realidad hace que a los militares y policías que están cayendo en poder de ese enemigo, se los considere prisioneros políticos.
Son soldados y policías que, acantonados en “cuarteles de invierno”, padecen fríos para los que no hay abrigo. El frío de la injusticia, y el frío del abandono del Estado.
Abrigo que correspondería les den hoy, los pares de aquellos que, cincuenta años atrás, cuando sintieron que el país se les iba de las manos, solicitaron y votaron el estado de guerra interno, ordenándole “hacerse cargo”… No hablemos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ni de los dos plebiscitos que la dejaban firme, ni de la ley interpretativa.
Otra cosa, los “prisioneros políticos” no se sienten víctimas, y no buscan ni necesitan compasión.
¡Claro que se sentirían muy dichosos si esta vez el Mando Superior de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, actuando con el Ministro de Defensa Nacional, se hicieran cargo de su situación!
Amén de un buen gesto, sería un buen mensaje a las nuevas generaciones.
Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar
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