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Los uruguayos están atrapados por el vértigo noticioso argentino. Es comprensible. Influyen la TV y el mayor peso demográfico que genera abundante variedad de sucesos con un alto contenido dramático. Algunos sin parangón como el salvaje asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años, en enero de 2020. Ocho jóvenes de entre 18 y 21 años lo agredieron como una horda bárbara en la puerta de un boliche de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. Cualquier adjetivo para describir lo ocurrido resulta insuficiente ante el testimonio de testigos y el dictamen del médico que realizó la autopsia.
“Nunca vi nada semejante”, remarcó el forense Juan Manuel Dávila. La muerte no se produjo debido a una lesión única: “sufrió daños en todo el sistema nervioso central”. Presentaba desgarros en el hígado y lesiones en el intestino grueso y un pulmón. “Se detectó mucho coágulo en cerebro, cerebelo y tronco encefálico (…) los golpes que le dieron hicieron que su cerebro golpeara hasta la muerte contra el hueso”. Era donante de órganos, pero debido a su deterioro fue imposible utilizarlos para salvar otras vidas.
El bestialismo tuvo otro despreciable ingrediente. Sobre el piso, inerte, Báez Sosa, hijo de inmigrantes paraguayos y de piel cetrina recibía insultos racistas de sus atacantes: “Negro de mierda”. Pese al testimonio de testigos la Justicia descartó el odio racial. El 6 de febrero pasado cinco de los asesinos fueron condenados a prisión perpetua y otros tres a quince años de prisión por considerarlos partícipes secundarios.
Mientras los jueces argentinos votaban esa sentencia, el 3 de febrero, en un descampado próximo al arroyo Sacra, en el límite sur de Paysandú, perros de la Policía encontraron grandes bolsas que contenían los cuerpos desmembrados de Giuliana Lara, de 27 años y de su hijo Mateo Miños, de ocho años. Habían desaparecido cinco días antes. Un cúmulo de indicios condujeron hacia Jorge Lara, de 29 años, hermano de Giuliana y tío de Mateo. La fiscal Graciela Irigoyen le imputó “Homicidio muy especialmente agravado por el parentesco” y lo avaló la jueza Natalia López. La planificación y perversidad quedó al desnudo cuando el victimario compró las bolsas de nylon y le pidió al comerciante “las más grandes que tengas”.
Dos hechos igualmente terribles y conmovedores, cometidos por depredadores que tendrán diferentes condenas penales porque en Uruguay la sanción máxima prevista en el Código Penal son 30 años de prisión y eventualmente hasta quince de medidas de seguridad. Ambos hechos generaron comentarios diversos, muchos basados en opiniones emocionales. Por eso vale poner las cosas en su sitio.
Las medidas de seguridad son de rara aplicación en Uruguay e incluso la flexibilidad legal habilita que los condenados a la pena máxima obtengan la libertad. El caso más notorio ha sido el del criminal serial Pablo Gonçalvez que entre 1992 y 1993 asesinó a Ana Luisa Miller de 26 años, Andrea Castro de 15 y Maria Victoria Williams de 22. También se le imputó la violación de una enfermera y por todo: 30 años. Pero la consternación se coló entre los uruguayos cuando fue liberado el 23 de julio de 2016 sin cumplir la totalidad de la pena porque se le computaron a su favor años de trabajo y estudio. Al año siguiente fue detenido en Paraguay con una pistola y cocaína y condenado a dos años. El caso de Gonçalvez es uno de varios.
En 2019 el senador blanco Jorge Larrañaga impulsó una reforma constitucional para establecer el efectivo cumplimiento de las penas, prisión permanente revisable, intervención militar en la seguridad y allanamientos nocturnos. El Frente Amplio en el poder y organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles organizaron una campaña en contra basada en argumentos emocionales (No a la reforma, el miedo no es la forma) y en la sombra militar de la dictadura. Poco respaldo tuvo Larrañaga de los restantes líderes de la oposición. Lo dejaron casi solo. El peso de las urnas les generó incertidumbre y una vez más se equivocaron.
Aunque en las elecciones de 2019 la reforma no alcanzó la mitad más uno de los votos para aprobarse, logró el respaldo de 1.136.298 ciudadanos, el 46,3%. Un contundente apoyo que queda más en evidencia cuando se observan los votos obtenidos por los partidos en la primera vuelta: Frente Amplio 39,2%, Partido Nacional 28,62%, Partido Colorado 12,3% y Cabido Abierto 11%.
Ese robusto apoyo demostró -mal que le pese a la izquierda y a las organizaciones colgadas de nubes partidarias antes que respaldar a los ciudadanos-, que los uruguayos temen por sus vidas, su patrimonio y al tsunami de las drogas. Es un miedo que, aunque no lo admitan, también sienten sus votantes sobre su integridad material, el futuro familiar y la progresiva degradación cultural y social.
En ese plebiscito los cambios propuestos anidaron en el espíritu de los ciudadanos y es probable que la presión de los electores fuerce a votarlos o que muchos del 46,3%, decepcionados, tomen el camino del voto en blanco.
Pero todo es según el color. En julio de 2021 el Tribunal Supremo italiano confirmó la condena a cadena perpetua para 11 militares uruguayos y el excanciller Juan Carlos Blanco acusados de la desaparición y muerte de personas de origen italiano con el marco del conocido Plan Cóndor. La mayoría están presos en Uruguay por violaciones a los derechos humanos y otros fallecieron. El único que permanece en prisión es Jorge Tróccoli porque vivía en Italia.
Ninguno de quienes en 2019 militaron en contra de la propuesta de Larrañaga se quejó de que Italia les haya aplicado a criminales uruguayos la prisión perpetua. Puede ser compresible y compartible, pero los principios filosóficos del sistema penal no pueden tener diferentes caras que dependan de intereses políticos y electorales. Un asco.
