En estos momentos y según varias encuestadoras, los uruguayos le tienen más miedo a la inflación que a los rapiñeros. Bastó que la crisis se empezara a hacer sentir para que en las encuestas la economía apareciera en el primer lugar de preocupación, relegando a la seguridad a un tercer o cuarto puesto. Inflación, salario, empleo, son las palabras que empiezan a sonar en boca de quienes están pasando mal, pero no necesariamente los que están peor. Para esos, los del fondo del tacho en términos sociales, la inflación es algo que apenas algunos entienden, el empleo ya casi es una quimera y al salario lo conceptualizan en términos de supervivencia. Hay que pasar el día, será con algo que se llame salario, ayuda, dádiva o escarbe de volquetas para comer. Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales indicó que en 2020 las ollas populares sirvieron unos ocho millones de platos. Pasada la pandemia, decenas de miles de personas de la periferia siguen alimentándose de la caridad.
Y cuando la crisis ya había monopolizado todas las tertulias de los medios o de boliche —en general muy parecidas unas a otras— el gobierno salió a anunciar un aumento salarial a cuenta de próximos reajustes de 2% y 3% para empleados públicos y jubilados, y pidió a los privados que procurasen seguir esa línea.
Los economistas se despacharon en Twitter. Javier de Haedo, exsubsecretario de Economía durante el gobierno de Lacalle Herrera, escribió en la red social: “Insólito giro del gobierno, solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición. Más gasto público y más costo para las empresas. Muy original todo. Nunca ajuste del Estado y de la política”.
Gabriel Oddone dijo que el gobierno priorizó la protección del “modelo de convivencia” por sobre las reformas proeficiencia.
Oddone y varios de sus colegas pusieron especial énfasis en una característica de los anuncios: dejar afuera a quienes más lo necesitan.
Estas medidas son excluyentes “porque no contienen soluciones efectivas y duraderas para el núcleo duro de pobreza (jóvenes y niños). Por eso la pobreza tiene cara de niño, las reformas educativas se postergan y las cárceles explotan de jóvenes. Es un pacto para quienes integramos el sistema”, escribió Oddone.
A su vez, Pablo Roselli sostuvo que “la expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres (donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos)”.
Nicolas Civcheski, a su turno, escribió en Twitter: “Cabe preguntarse si un aumento generalizado de las pasividades está alineado con el objetivo de reformar la SS (seguridad social) y con reorientar el gasto a la primera infancia, siendo que las mismas representan 1/3 del gasto público y los niveles de pobreza en menores son casi x10 vs. +65 años”.
Los niños son 10 veces más pobres que los mayores de 65 años, pero reciben tres veces menos dinero de las partidas públicas.
Cuando los socios de la coalición oficialista aún desfilaban por la Torre Ejecutiva con propuestas de todo tipo y color, algunas más irresponsables que otras, Oddone, en una entrevista con M24, había dicho que él prefería “realizar una transferencia de recursos directa a personas carenciadas para que puedan comprar productos que son más caros. No tiene sentido proteger a personas que no lo necesitan, sino a la gente realmente vulnerable”.
Dar plata a los pobres, esa medida que tanto encrespa a los puristas del gasto perfecto en un país que desde hace décadas gasta más de lo que percibe y en general gasta mal.
Pero cuando se trata de los pobres, ¡ah, usen bien el dinero que les damos!; reclamos que se expresan con una convicción y vehemencia que no se veían cuando el dinero se destinó a tapar agujeros de bancos fundidos o empresas estatales mal administradas.
Para estos evangelizadores del gasto ajeno, el colmo de los colmos es darles dinero a los pobres y sin pedirle nada a cambio.
Así como luego de una crisis económica la recuperación alcanza más rápidamente a quienes están apenas por debajo de la línea de pobreza y luego a quienes están en el fondo de la gráfica, las transferencias directas tienen un disímil impacto entre los pobres.
Algunos estudios internacionales concluyeron que cuando estas transferencias son contributivas y requieren una contrapartida del beneficiario, son bien aceptadas por los menos pobres entre los pobres, porque les hace la diferencia y pueden con poco esfuerzo responder a la exigencia que la ayuda estatal les demanda.
En cambio, contra lo que se podría prever, para los más pobres entres los pobres, las generalmente magras ayudas oficiales, cuando requieren una contrapartida, no son bien recepcionadas. En medio de la miseria económica y social en que viven estas personas, ese dinero no les hace la diferencia y los obliga a cumplir con cosas que de pronto no están en su menú de herramientas para la supervivencia cotidiana, o cumplirlas les implica gastar parte de esa pequeña ayuda en transporte para, por ejemplo, llegar hasta donde está un médico o un dentista para sus hijos.
La sociedad, por la vía de una educación estatal paupérrima y políticas sociales erráticas, vio cómo se endurecía la pobreza en determinados sectores, deviniendo además en una marginalidad cultural de inempleables; pero llegado el momento de tirarles un cabo les pide que naden cien metros antes de agarrarlo.
Y esas reacciones se dan en un marco de escasa empatía y comprensión por la pobreza, como también parecen las medidas gubernamentales de estos días.
Una nota de la revista Jot Down que Fernando Santullo compartió en estos días a través de Twitter, daba cuenta de la experiencia de un politólogo que trabajó en servicios sociales en Estados Unidos ayudando a los pobres a llenar complejos formularios. Cuando en una ocasión le increpó a una mujer haber gastado 100 dólares en Internet y TV cable en vez de en comida, esta rompió a llorar, admitió su falta y la fundamentó: cuando sus pequeños hijos le pedían para salir a pasear, ir a comer afuera, comprar un regalo, ropa, etc., etc., su respuesta era siempre “no”. No y no y no y no. Harta de tanto no, se dio el lujo de que sus hijos dejaran de simplemente mirar a la pared y pudieran ver a Bob Esponja. Era eso, dijo la mujer, o ya no poder más.
Solo la fría mirada de quien nunca pasó necesidades, o de quien ignora los complejos recovecos que tiene la vida cuando se la encara desde la urgencia y el miedo a no sobrevivir el día a día, solo desde la falta de una empatía mínima, se puede señalar con el dedo a quienes usan el dinero de la seguridad social para comprarse, por ejemplo, una TV. Señalamiento que no se suele hacer a cómo los jubilados gastan su dinero cuando la mitad de lo que estos perciben proviene de transferencias directas.
En algunos hogares, una TV puede ser la diferencia para que los niños estén en casa y no en la calle, donde el narco en vez de “no”, tiene la chance de decirles que “sí”; que sí a una motito, que sí a dinero en el bolsillo, que sí a porro gratis, que sí a un arma al cinto.
Esto parecen no entenderlo algunas voces de simples ciudadanos que desde un atalaya señalan impúdicamente el accionar de los pobres. Quizás es más preocupante que el gobierno, a la hora de tomar medidas para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa el país, beneficie a los siempre privilegiados empleados públicos (ninguno de ellos perdió su puesto durante la pandemia), o a los jubilados, que son 10 veces más ricos que los niños pobres. Pero, además, si se llegan a cumplir los vaticinios de los economistas en el sentido de que las medidas van a llevar por un sendero de más inflación, entonces los más pobres entre los pobres no solo no habrán recibido ninguna ayuda, sino que serán los más perjudicados por las consecuencias de estas acciones con las que el gobierno eligió privilegiar a los ya privilegiados.
