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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios es una persona jurídica de derecho público no estatal. Se mueve dentro del derecho privado, pero goza de beneficios públicos. No tiene que salir a captar clientes, no tiene competencia directa, el cobro a los afiliados es compulsivo y maneja un portafolio de inversiones bastante simple.
Su situación financiera de mediano plazo es endeble, pero sus funcionarios cobran salarios como si trabajaran en la más próspera y rentable multinacional. Otra perla en el collar de los privilegios estatales y paraestatales.
El principesco salario nominal del gerente general es de 715.900 pesos (unos 17.500 dólares mensuales). Pero no es el único. Otros seis gerentes ganan entre $ 271.000 y $ 297.000 por mes; 18 técnicos con un promedio de $ 167.800; 44 oficiales con promedio de $ 140.800 y 65 administrativos con promedio de $ 92.276.
De acuerdo con un relevamiento de mercado, el salario global promedio de un gerente general en Uruguay está en el eje de los $ 472.000. Dentro de ese grupo, el 25% de los que ganan menos perciben $ 350.000 y los que más ganan llegan a $ 609.000.
Además, todos estos gerentes generales en la actividad privada compiten, tienen que ganarse a los clientes día a día, deben preocuparse y ocuparse de la cobranza, de mantener clientes satisfechos y controlar sus costos. Y un porcentaje muy importante de sus ingresos son variables, asociados al logro de resultados. Nada de esto sucede en la Caja Profesional.
Si bien tienen un plan estratégico, no hay indicadores de gestión asociados a resultados. Tampoco evalúan el desempeño del personal ni asocian beneficios a sus logros.
La rentabilidad promedio en el trienio 2016-2018 fue del 1,22%, mientras que las AFAP obtuvieron un 3.45%1 y en 2019 fue del 3,57% en UR vs. 5,56% de Republica AFAP (casi un 50% menos).
De los aproximadamente 140.000 profesionales universitarios existentes, la mitad no aportan a la caja porque declaran no ejercicio, pero si el sistema fuera más flexible o existieran opciones atractivas, probablemente muchos reingresarían al sistema.
El portafolio de inversiones que manejan es muy básico (en parte por las propias disposiciones legales) y consiste en: títulos de deuda pública (61,92%), activos forestales (16,30%), letras de regulación monetaria (8,12%), U.S. Treasuries (5,18%) y el restante 8,48% se divide en varias colocaciones menores. ¿Realmente se necesita toda esta estructura organizacional y salarial para gestionar esta cartera? ¿No sería mucho más eficiente contratar una empresa profesional en gestión de activos y pagarle a base de un success fee?
Además, el mundo laboral viene cambiando desde hace décadas. Antes, la regla general era trabajar toda la vida en la misma empresa o profesión, pero hoy es una rara excepción. Las personas cambian de rubros y profesiones durante sus 30 o 35 años de vida laboral, por lo que ya no tiene mucho sentido contar con un sistema de jubilación para algunos profesionales, otro para escribanos, otro para policías, otro para militares, otro para bancarios u otro para comerciantes.
Cada persona —realice el trabajo que realice— debería aportar a un único sistema, lo que llevará a que estas cajas se transformen en una AFAP o se fusionen con alguna ya existente.
No hay más espacio para el derroche y la ineficiencia del sistema, que termina ajustándose con más impuestos, topes jubilatorios o restricción de beneficios que pagan los consumidores. El sistema debe priorizar los derechos de los futuros jubilados, pero parece que la prioridad la tienen —una vez más— los funcionarios. Otro tema que demanda cambios urgentes.
