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    Que la política no lleve a esperar demasiado

    N° 1986 - 13 al 19 de Setiembre de 2018

    El martes 11 se produjo el tradicional almuerzo de trabajo entre el equipo económico y las autoridades de la Asociación Rural, en el marco de la Expo Prado, donde las dificultades que enfrentan algunos sectores—en particular el arroz y la lechería— estuvieron sobre la mesa. También se habló allí de problemas más transversales a toda la economía y acerca de los riesgos potenciados por un vecindario turbulento. Todos temas que han acaparado los análisis económicos en las últimas semanas, con el gobierno de un lado y los analistas privados de casi todo pelo y color del otro.

    Es claro que Uruguay no tiene ninguna urgencia financiera de corto plazo que lo obligue a actuar apresuradamente, y esa es una diferencia esencial en relación con Argentina, que a todos los efectos prácticos ha perdido el acceso a los mercados de crédito voluntarios. La política de gestión de deuda pública llevada adelante por los últimos gobiernos (extendiendo el perfil de vencimientos, modificando la composición por monedas y por tasas de interés y acumulando liquidez para enfrentar los vencimientos en el corto plazo), así como el elevado nivel de “caja” en moneda extranjera que tiene el Banco Central, le dan al equipo económico liderado por Danilo Astori cierto margen como para pensar qué hacer para absorber mejor el shock negativo que está recibiendo Uruguay de la región y del resto del mundo.

    Si bien esto es una ventaja apreciable, sería terriblemente peligroso confundir la ausencia de presiones financieras de corto plazo con la creencia de que “estamos blindados” y que por ello la política económica no se va a modificar. Sobre todo si, dados los tiempos políticos que se avecinan y la situación en la que se encuentra el partido de gobierno de acuerdo a las últimas encuestas de opinión, se intenta básicamente continuar en “piloto automático” dejando para el próximo período el inevitable ajuste ante el cambio negativo en el contexto regional.

    Como ocurriera con Brasil hace casi dos décadas, Uruguay enfrenta hoy un fenómeno similar desde Argentina: el resultado es una depreciación real y significativa del peso argentino, lo que implica niveles de precios en dólares sustancialmente más bajos en ese país. Ello es necesario debido a que el resto del mundo no está dispuesto a financiarle más a los argentinos un déficit de cuenta corriente superior a 5% del Producto Bruto Interno-PBI (en Brasil era superior a 4% del PBI en 1998). Si ello va a ocurrir con 40% de inflación y un dólar a $ 42 a fines de este año, como surge de la última encuesta de expectativas publicada por el Banco Central argentino, o con inflación de 50% y un dólar a $ 50, o con alguna otra combinación, es lo que no se puede saber hoy. Es más, es difícil prevér si es que efectivamente va a haber una convergencia rápida o si primero la crisis financiera va a intensificarse y a generar un overshooting todavía mayor en el tipo de cambio que deprima más el nivel de precios en dólares.

    Es claro en este contexto que el gobierno y el equipo económico uruguayo no pueden continuar esperando demasiado para cambiar la actual estrategia de “piloto automático”, y deberían utilizar con inteligencia los márgenes financieros con los que se cuenta. Nadie en su sano juicio puede afirmar que una devaluación acumulada de 14%, con una inflación de algo más de 7% en Uruguay, representa una respuesta suficiente ante el cambio negativo en el contexto regional. Podrá haber dudas respecto a si el cambio negativo en la región llevará o no a una recesión en la economía local, pero sin duda es cada vez más difícil asumir que se van a cumplir las previsiones de crecimiento y de recaudación impositiva proyectadas por el gobierno. En este contexto, por más que se enoje el ministro Danilo Astori, es imposible pensar en que el déficit fiscal va a caer y, de hecho, lo más probable es que aumente. Si las negociaciones salariales actuales terminan validando subas reales, la destrucción de empleo en adelante será mucho más significativa (o la tasa de inflación y devaluación requeridas para “licuar” los salarios reales y en dólares serán mucho más altas) de la que se ha observado desde 2014 a la fecha. Eso, de materializarse, también agravará el panorama fiscal por el impacto directo sobre las finanzas del BPS y la mayor caída del consumo.

    Si el equipo económico quiere volver a generar confianza y transmitir que efectivamente tiene la situación bajo control, lo primero que debería hacer es reconocer la realidad, para luego reprogramar las metas e instrumentos de la política económica. Ojalá que la política no lleve a esperar demasiado.

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