Que se maten entre ellos

La columna de Gabriel Pereyra

6 minutos

Nº 2094 - 22 al 28 de Octubre de 2020

Cuando los partidos que hoy gobiernan eran oposición golpeaban permanentemente sobre el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, diciéndole que justificaba su incapacidad de reducir los homicidios señalando que su aumento se debía a los “ajustes de cuenta”.

Si el ataque era una chicana política para desgastar al ya desgastado ministro, es una cosa. Si en verdad creían lo que decían, reflejaban entonces una gran ignorancia sobre la tipología de este delito y su periplo en el país.

Por décadas los homicidios rondaron los 200 al año y en su mayoría se atribuían a “situaciones mal resueltas”. Con la violencia doméstica minimizada en su gravedad, este argumento se aplicaba a los homicidios derivados de rapiñas o por “cuestiones de momento” entre personas conocidas. Con los primeros, contribuían a entregarlos otros delincuentes que no querían gente quemada en su barrio; con los segundos, el crimen solía aclararse apenas se indagaba en el entorno de la víctima. Eran minoritarios los homicidios a sangre fría. Eso contribuyó a altos niveles de aclaración que llegaron a rondar el 80% y ubicaban a Uruguay en una lista destacada de países en la región y el mundo.

Pero, si hay consenso en que la consolidación del narcotráfico interno cambió el panorama delictivo, es obvio que también cambió la lógica de este delito. Enfrentamientos entre bandas de delincuentes, pistoleros que quieren subir en la pirámide de mando y narcos lumpenizados provenientes de bandas de rapiñeros que, acostumbrados a llevarse lo ajeno, empezaban su carrera en el mundo del narco robando mercancía a otro narco, lo cual se paga con la vida, instalaron en el país un tipo de homicidio difícil de aclarar. Testigos que corrían la misma suerte que el muerto o preferían no correrla y que no colaboraban con la Policía contribuyeron a instalar un ambiente de impunidad, ya que las aclaraciones de homicidios por violencia doméstica rondan el 92%, los cometidos por personas conocidas el 85%, pero los llamados por ajustes de cuenta solo se resuelven el 30%. En determinados ámbitos es barato judicialmente matar. Y por eso cada vez se mata más, lo que tira hacia abajo el porcentaje total de homicidios aclarados. Más homicidios y más difíciles de aclarar. Eso decía Bonomi cuando siendo ministro lo asolaba un 40% de ajustes de cuentas en el total de homicidios. Hoy son el 50%.

Parece que sus críticos tuvieron que llegar al gobierno para probar el amargo sabor de la violencia, y su carácter incontenible. Como ejemplo, en 12 días de octubre hubo 17 homicidios, de los cuales en 11 casos las víctimas tenían antecedentes penales. Once víctimas sumaban 50 antecedentes por diversos delitos. Rapiñeros y ladrones que se volcaron al narcotráfico, donde las reglas de juego son otras y cambian todo el tiempo, como cambian los liderazgos o los dueños de las bocas de venta, que un día cierran y al otro abren.

Los propios por propios y los ajenos porque ya estuvieron allí, nadie podrá responsabilizar al ministro Jorge Larrañaga por este fenómeno. Pero es importante que no se pierdan de vista las razones de estas matanzas y, sobre todo, las consecuencias. Que nadie ensaye el “que se maten entre ellos”, porque tamaña ignorancia nos puede matar de un rebote.

Los conflictos cada vez más sangrientos entre delincuentes aumentan la sensación de impunidad, y la violencia desbocada termina, como ocurrió en estos días, con una nena de 11 años asesinada por una bala perdida, porque ya nadie duda en desenfundar y abrir fuego en cualquier lugar y hora. Total…, será difícil que lo atrapen.

Este estado de cosas provoca nuevas modalidades de violencia, como el uso de la tortura antes de una ejecución o la desaparición de la víctima a través de diversos métodos (incinerarla, tirarla en criaderos de chanchos, etc.).

La naturalización de la muerte y la violencia es una pésima noticia para toda la sociedad, no solo para la víctima.

Desesperado ante una situación más grave que la que vive Uruguay, en 2006 el presidente mexicano Felipe Calderón le declaró “la guerra” al narco, aumentó la cantidad de policías y militares e incrementó el gasto en seguridad en un 50%. Seis años después, los muertos en uno y otro bando alcanzaban los 60.000, y había más carteles, más cantidad de plantíos, más cantidad de droga, más tipos de droga, cocaína y heroína de mejor calidad, y más sicarios.

El que quiera combatir a esta violencia con más violencia y quiera hacer responsable a la Policía y al Ministerio del Interior le convendría leer a fondo la historia de México.

Al que quiera terminar con esta creciente violencia hay que invitarlo a pensar por qué razón las bocas y los principales narcos y bandas están ubicados en barrios pobres. ¿Por qué será que no se da esto en los barrios de la costa, de donde salen los compradores que financian esta locura? Si queremos no digo terminar, sino al menos encaminar el combate a esta situación, sin importar el partido que esté en el gobierno, preguntémonos y busquemos respuestas acerca de por qué los sicarios son todos pobres, todos jóvenes y casi todos sin estudios, algunos incluso totalmente analfabetos. Ahí habría que criticar al sistema educativo, a las políticas sociales, no a la Policía. ¿Cómo y por qué la sociedad los sanciona enviándolos a cárceles para nada benévolas, donde se violan sus derechos humanos, pero cuando salen no temen volver y casi el 100% (hay excepciones muy excepcionales) retorna al delito? ¿Qué estamos haciendo para evitar emplear más violencia fuera y dentro de las cárceles y, una vez presos, intentar rehabilitarlos? ¿O será que por buenas que sean las cárceles (hay alguna que funciona bien, pero tampoco rehabilita a nadie) ya llegaron allí perdidos para siempre luego de una niñez en el rancho, en la pobreza, el frío, el abandono familiar y estatal? Pero supongamos incluso que en un esfuerzo de comprensión mayúsculo se invierte en cárceles y tratamientos y se logra amansarlos después de tanto palo que les dio la vida, ¿qué cuernos van a hacer cuando salgan en libertad si gente más preparada que ellos está haciendo cola en las ollas populares? ¿Tiene usted un puesto de trabajo para este exconvicto?

Entonces, ¿qué responsabilidad tienen la Policía, Bonomi, Larrañaga, en todas estas fracturas añejas y profundas? Lo que no se hizo antes no veo que se esté haciendo ahora para que dentro de 20 años alguien, vaya a saber quién, recoja algún fruto maduro y no podrido. Ojalá que me equivoque, pero me parece que vamos a seguir contando delincuentes asesinados, o sea que vamos a contar cada vez más asesinos, o sea, vamos a estar cada vez más rodeados, cada vez más asustados, cada vez más regalados. Y, como siempre, es posible que cualquiera sea alcanzado por esta violencia desbocada; pero más que posible es probable que esto les pase muchísimo más a los pobres, honrados o delincuentes, pero pobres.