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En los últimos días se conocieron diversas noticias que marcan la difícil situación por la que están atravesando diversos sectores productivos. Desde la compleja negociación que está intentando realizar una conocida cadena de supermercados para tratar de abatir sus costos en unos US$ 6 millones por año, pasando por el envío al seguro de paro de 120 empleados en un frigorífico de Cerro Largo, la pérdida de miles de litros de leche por un conflicto debido a que una empresa transportista decidió cerrar —pagando todas sus obligaciones— porque no le daban los números, así como el pedido de los productores arroceros para reunirse con el presidente Vázquez a efectos de discutir los costos de producción, son todos elementos que denotan una complicada situación en materia de costo país.
El “país productivo” del que tantas veces hablaron los gobiernos del Frente Amplio desde el 2005 a la fecha lamentablemente queda cada vez más lejos, habiendo sido aplastado por el imparable crecimiento del gasto público improductivo, por las rigideces que se introdujeron en las relaciones laborales, por el descalabro de la infraestructura física y del capital humano, por la caída de los hábitos de trabajo y por la equivocada política de inserción internacional que permanentemente privilegió las “afinidades ideológicas” en lugar de las conveniencias económicas.
Ya no hay precios de los commodities récord que permitan ocultar las falencias de lo que se hizo en todos estos años y entonces hay que lidiar con el siempre difícil proceso de ajustarse a la “escasez”. Y todo parece indicar que, en este proceso, el Estado no va a contribuir prácticamente en nada, lo que recargará fuertemente el ajuste sobre el sector privado, que tendrá que ver cuál es la mejor forma que encuentra para reducir sus costos variables y poder continuar sobreviviendo.
De una forma u otra, la falta de contribución del sector público al inevitable ajuste tarde o temprano se reflejará en un deterioro mayor del mercado de trabajo privado, sea por pérdida de salario o de mayor caída en el empleo. Ni más ni menos eso es lo que se está reflejando en los casos mencionados al principio; en el caso de la negociación que se está procesando en Tienda Inglesa, la disyuntiva parece ser la reducción de algunos beneficios o la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo; en el caso del frigorífico y de la empresa transportista láctea, el ajuste directamente pasó por una reducción de los puestos de trabajo (teóricamente temporal en un caso, permanente por el cierre en el otro).
Las empresas privadas no tienen tanto margen como los gobiernos para perder dinero permanentemente y endeudarse, por lo que simplemente para sobrevivir se ven obligadas a ajustar sus costos de producción por la vía que sea, o en caso de que ello no pueda hacerse, a cerrar. Y si el Estado las obliga a pagar más impuestos, o más por la electricidad, el combustible y las comunicaciones, la tarea de sobrevivir para el empresario privado se vuelve mucho más ardua, le obliga a redoblar el esfuerzo y a moverse con más rapidez.
Salvo que mejoren de manera dramática los precios de venta de nuestros principales productos de exportación (algo que lamentablemente es muy poco probable), el sector privado seguirá en ajuste permanente, particularmente los sectores exportadores fuera de la región. Para ellos, además, el “atraso cambiario” que importamos desde la región (particularmente desde Argentina) complica todavía más la situación y requiere un ajuste mucho más fuerte todavía.
Dado el contexto actual, pretender continuar aumentando el gasto público como pretende el gobierno en la Rendición de Cuentas recientemente enviada al Parlamento carece de toda lógica y lo único que va a hacer es complicar todavía más la situación. Si el gobierno no reacciona, el sector privado lo hará por necesidad y las consecuencias no serán para nada agradables, ni en el corto ni mucho menos en el mediano plazo.
