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El trabajo eleva y dignifica. Esta máxima sería de gran utilidad si se aplicara más dentro de las cárceles para mantener activos a los reclusos, para que desarrollen habilidades laborales para cuando terminen su condena y también para producir ingresos para sus familias, ahorros para su salida y hasta para financiar los costos de su reclusión.
Todos lamentan la renuncia de Luis Parodi como director de la cárcel de Punta Rieles, donde logró desarrollar varias actividades productivas rentadas con los reclusos: panadería, peluquería, carpintería, artesanías, fábrica de bloques, vivero, una pizzería y varios emprendimientos más.
Tanto en Estados Unidos como en China, muchos de los reclusos trabajan, sea como obligación para compensar los costos de su reclusión o para indemnizar los daños causados con sus delitos o en forma voluntaria.
Existen tres áreas donde se realizan trabajos con los reclusos: a) labores de cocina, limpieza o mantenimiento en la propia prisión, b) tareas para organismos estatales, como arreglo de carreteras o limpieza de espacios públicos y c) como empleados de empresas privadas. Esta última opción es la más cuestionada, sea por las condiciones de trabajo del trabajador o sea por otros empresarios que perciben una competencia desleal por los menores costos de mano de obra. Pero lo cierto es que son los mejores puestos por la remuneración, el aprendizaje y las oportunidades a futuro.
En China, cerca de Shanghái, existe el Zhejiang Prison Management Bureau, que gestiona la contratación de presos para empresas privadas e, incluso, llega a montar fábricas enteras dentro de los establecimientos penitenciarios, como el caso de una industria textil que ocupa más de mil personas en una sola cárcel. Allí los índices de violencia bajaron, los presos sienten que tienen un destino útil y sus familiares reciben el salario generado por el preso/operario.
A este sistema le llaman láojiào (reeducación a través del trabajo) y ocupa unos 2 millones de presos en la fabricación de productos tan variados como textiles, cemento, granjas, tambos, productos químicos, plásticos, té o martillos neumáticos.
En Uruguay la Ley de Urgente Consideración trae nuevas normas para fomentar aún más el trabajo y la capacitación de los reclusos, ya que solo el 8% había terminado la secundaria, 15% tenía incompleto o completo el segundo ciclo o la UTU y apenas el 2% había ingresado a la educación terciaria. Hay una correlación entre los bajos niveles de educación, la falta de hábitos laborales y la reincidencia en el delito.
Si bien son pocas las empresas que han contratado exreclusos, los índices de satisfacción con su rendimiento son positivos. Comentan que cuidan su trabajo, llegan en hora, ordenan sus rutinas de cobro de haberes y manejo del dinero y se sienten ciudadanos útiles.
Si bien no existen recetas mágicas, la combinación de buenas prácticas, normas claras, flexibilidad laboral y una gran dosis de paciencia y vocación parece dar resultados.
