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El impulso reformista con el que llegó la coalición multicolor al poder en 2020, que se tradujo en acciones concretas en algunas áreas —como la educación, aunque está todavía en una fase inicial—, fue diluyéndose en otras. El sector de los combustibles, uno de los que estaban en esa agenda, ha tenido transformaciones parciales que no permiten festejar a los consumidores: los precios continúan siendo de los más caros de la región.
El oficialismo partió de la idea de desmonopolizar la importación de los refinados, pero fracasó al no conseguir consensos internos. Ahora, con el reciente conflicto con las empresas distribuidoras de combustibles, el gobierno capituló en la intención de rever los costos en esa parte de la cadena, que si bien no son sustanciales suman en un precio final que es pesado para la producción. Frente a un paro de las empresas de camiones cisterna que hizo escasear combustibles en algunas estaciones por unas horas, el Poder Ejecutivo transó en aplazar por dos años la implementación del nuevo régimen de contratos en la distribución y, además, aceptó realizar un ajuste semestral en los costos de los fletes. Es cierto que si la falta de combustibles se hacía más grave podían verse afectadas algunas cosechas, pero la resolución del conflicto deja la sensación de que los transportistas lograron una rápida victoria. No hubo que recurrir a la declaración de esencialidad del servicio.
Otra reforma que se anunciaba con mucha determinación, pero que no prosperó, es la del negocio de cemento de Ancap, un área que produce constantes pérdidas al ente. La empresa estatal se propuso establecer algún tipo de asociación con privados que invirtieran y aportaran mercados regionales para exportar la producción, una intención que encontró resistencia sindical. Finalmente, sin que estén muy claras las razones, no se presentaron interesados y, ahora, el camino anunciado por las autoridades para tratar de achicar las pérdidas será ir recortando personal o ganando eficiencias en esa actividad.
Estos episodios causaron frustración en algunos sectores empresariales que se ilusionaban con un alivio en algunos costos productivos. En línea con ese sentimiento, Alberto Sayagués, un contador que ha integrado equipos técnicos del Partido Nacional, escribió con decepción en su cuenta en la red social X (antes, Twitter): “Los empleados públicos del portland de Ancap tuvieron más fuerza que el gobierno y la gente seguirá pagando sobrecostos. Los empresarios privados de las transportistas de combustibles del monopolio de Ancap tuvieron más fuerza que el gobierno y la gente seguirá pagando sobrecostos”. Según Sayagués, “en Uruguay el Poder Ejecutivo suele resultar débil o impotente frente a numerosos intereses creados de grupos de presión fuertes, cuyos privilegios paga el resto de la población”. Y propuso una “estrategia diferente”, con mejor información para lograr un apoyo firme de la población, buscando las transformaciones.
La campaña electoral ya está dominando la escena política y los tiempos de reforma parecen agotados. Para los aspirantes a ser tomadores de decisión en el próximo período de gobierno, lo que queda es aprender la lección. A tomar nota.
