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Regulación de medios evita “censura empresarial”, dice experto
“El Estado puede ser un ‘enemigo’ letal de la libertad de prensa (...) pero, a su vez, puede ser un ‘amigo’ fundamental llamado a desplegar un rol proteccional”, opina el constitucionalista Daniel Ochs
“El gran enemigo histórico de la libertad expresiva es el Estado, quien censuró a los escritos u opiniones que no agradaban al gobierno”, escribió el abogado constitucionalista Daniel Ochs en un artículo que publicará en la revista del Colegio de Abogados del Uruguay en la primera semana de marzo. Pero ahora, dice, el Estado puede ser “amigo” de la libertad de expresión para combatir la “censura empresarial” impuesta por grandes medios de comunicación. Ese es uno de los argumentos que justifican la regulación de los medios por parte del Estado, dice Ochs.
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En el artículo, a cuyo adelanto accedió Búsqueda, el jurista cita al profesor de la Universidad de Yale Owen Fiss, según el cual “al lado de la censura tradicional u ortodoxa, se ha desarrollado una nueva forma de atentar contra la libertad de prensa como herramienta democrática”.
“Esta se configura cuando, operando en un sistema competitivo, los periodistas, editores, directores, propietarios y anunciantes apuntan, sin presión alguna del gobierno, a maximizar los dividendos económicos renunciando a cubrir, presentar y exponer, de manera justiciera, los asuntos públicos”, puntualiza.
A juicio de Ochs, “este ‘cáncer’ para la democracia moderna precisa de antídotos y terapéuticas distintas a las tradicionales”.
“Antes, el Estado era el ‘enemigo’ de la libertad y lo más sano era alejarlo de la comunicación de ideas; ahora, la irrupción de esta censura empresarial, nos impone ‘llamar’ al Estado pues él es el único ‘amigo’ de la libertad conculcada que nos puede ayudar”, afirma el constitucionalista.
“El Estado puede ser un ‘enemigo’ letal de la libertad de prensa en su misión democrática esencial (si persigue medios o periodistas de tono opositor, si distribuye arbitrariamente la publicidad oficial, si cancela permisos sin fundamentos serios). Pero, a su vez, puede ser un ‘amigo’ fundamental llamado a desplegar un rol proteccional que solo él puede ejercer en orden a neutralizar la censura empresarial que coagula, sin injerencia estatal, según las reglas del mercado”, agrega.
En cuanto a la posibilidad de que “el Estado censure sutilmente o de modo encubierto” a través de sanciones, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el 2014 por el Parlamento “supone un avance extraordinario al erigir como materia necesariamente justiciable las sanciones graves irrogadas a los medios”.
“Se ha amputado al Ejecutivo (el más propenso a los desbordes) la competencia para sancionar a los medios y se ha colocado la misma en cabeza del Poder Judicial”, lo cual es una “solución garantista”, sostiene Ochs.
Eso impedirá que, por ejemplo, “se reedite la situación de 1994, donde el Ejecutivo —por acto administrativo en el que ni siquiera oyó ex ante a los interesados afectados— revocó el permiso para operar la CX 44 Radio Panamericana”.
Para Ochs, “el gran déficit de la libertad expresiva” en Uruguay “está dado por la conformación de estructuras empresarias oligopólicas que concentran una enorme cantidad de medios”.
“Y en esta materia no tienen cabida las ‘dos bibliotecas’. No hay país democrático en el mundo que no se haya preocupado por evitar este indeseable fenómeno. No hay un solo país serio que no haya declarado la guerra a la concentración de medios. La concentración de medios en pocas manos es sinónimo de negación abierta al pluralismo comunicacional. La concentración monopólica u oligopólica rechina con el concepto mismo de la democracia”, afirma.
