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Empecemos el año hablando de periodismo. El gobierno de Luis Lacalle Pou acordó realizar un acto de ratificación a la Declaración de Chapultepec, que profundiza el papel de la libre expresión para la idea de democracia que defiende la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Esperamos que la lectura del documento permita a las autoridades priorizar en la importancia de la prensa para preservar los valores de la libertad y democracia en un mar de información poco confiable que circula.
El ejemplo del castigo a Edinson Cavani —sancionado por contestar en Instagram “Gracias, negrito” a un aficionado que lo felicitó— es muy preocupante por involucrar a una institución de una gigantesca influencia como la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés), que por lo visto no tiene la capacidad para informarse y entender los usos y costumbres —e intenciones— de otras culturas y opta por el mediocre apego a lo “políticamente correcto”. Esta actitud un tanto cobarde empieza a detectarse en todos los niveles de la sociedad mundial. Por lo tanto, la información responsable es el mejor instrumento para salir —el coraje lo agrega cada uno— de un mundo que pretende encajonar al entendimiento.
Los medios más tradicionales, y especialmente los escritos, muy afectados por la crisis de la pandemia, están encontrando su camino de adaptación a los cambios tecnológicos que proponen los nuevos tiempos, pero siguen enfrentando una discriminación en el tratamiento fiscal —especialmente los que son empresas capitalinas— y un injusto manejo de la publicidad oficial. Recientemente se votó en el Presupuesto un reparto de la publicidad oficial que beneficia a los medios del interior, dándole así la espalda a cualquier criterio profesional y premiando a unos sobre otros, en franca violación a los principios que ahora se firmarían.
Días pasados el presidente de la República se reunió con una delegación de la SIP (Danilo Arbilla, expresidente de la institución, y su representante en Uruguay, Washington Beltrán) y acordaron la ratificación de la firma de la Declaración de Chapultepec en un acto que se haría a comienzos del año si se contara con el permiso del Covid-19. El gobierno uruguayo ya la había firmado en 1994, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera. Hoy en día la SIP busca que cada nuevo gobierno renueve su compromiso.
Se planteó también la firma de la Declaración de Salta (2018), que basada en los mismos principios de Chapultepec encara el tema de las nuevas tecnologías y la influencia de las grandes plataformas y redes sociales. Desde el punto de vista de las libertades se da la bienvenida a estos nuevos instrumentos de información, señalando que el ecosistema digital ha generado espacios que empoderan a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Pero también se señala que los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otro tipo de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación.
A estos abusos se suman el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación y un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información, con una moralina similar a la que hoy afecta a Cavani.
Tomando en cuenta todo ello, se establece una declaración de principios que el presidente Lacalle Pou pidió más tiempo para revisar. En un país que todavía cuenta con una Ley de Medios y planea otra corregida (cuando lo ideal sería recordar que no hay mejor ley de medios que la que no existe), además de un sistema regulatorio bastante corrupto, hay puntos en la declaración que podrían comprometer esos planes.
Como a nosotros, a la SIP le preocupa el tratamiento a la prensa. Le recordaron al presidente que el futuro de la democracia depende de la suerte de la prensa tradicional. Para la SIP —y lo reflejan las declaraciones de Chapultepec y Salta— esa es la gran reserva y garantía del sistema democrático occidental, y por ello su existencia debería ser prioridad esencial para los gobiernos que se consideren democráticos.
No nos preocupa si el gobierno firma o no la Declaración de Chapultepec, pero nos parece fundamental que la lea y asimile el mensaje de su contenido.
