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Las designaciones de Elbio Rosselli como jefe de la misión en Naciones Unidas y de Carlos Pérez del Castillo en la Unión Europea, dos de los diplomáticos de mayor experiencia y calificación que tiene el país, así como otras decisiones de la Cancillería suponen una acertada revisión de la política seguida en los últimos años en Relaciones Exteriores. Revisión necesaria, que restablece equilibrios, ponderación y el profesionalismo perdido tras años en los que prevaleció la partidización “progre”, la obsecuencia y el amiguismo. No es un hecho menor y debe ser resaltado como tal.
La reorientación de la gestión en el MRE se inició apenas asumió funciones el ministro Rodolfo Nin Novoa, quien anticipó que “no debe caerse en la tentación de privilegiar la política por sobre lo jurídico”, recordó que la mejor defensa de un país pequeño como Uruguay radica en el respeto del derecho internacional, y anunció que ese criterio, y no la política ni la ideología, guiaría la actuación del gobierno en sus relaciones internacionales.
Tales anuncios fueron seguidos, además, del cese de los “embajadores itinerantes” designados durante la “administración Mujica” y el desmantelamiento de una red de militantes del MPP, una suerte de “comisarios políticos” incorporados mediante pases en comisión a la Cancillería.
Sin perjuicio de que los gobiernos del FA han logrado aumentar las exportaciones a Venezuela, aprovechando la pretensión de liderazgo regional de Hugo Chávez y el desabastecimiento de alimentos de la nación caribeña, la Cancillería ha tomado distancia del gobierno venezolano en los foros regionales. Y cuidando las formalidades del caso, le ha instado a respetar los principios democráticos y las libertades políticas.
Búsqueda informó la semana pasada que completada la misión del embajador Oscar Ramos, designado por Mujica, el gobierno se propone designar en Caracas a un diplomático de carrera. Un cambio que supone toda una definición política, acorde con la nueva situación venezolana.
El reemplazo de un embajador político por un profesional de carrera en este caso es una medida inteligente, sobre todo cuando sectores de la oposición han puesto su mira en la intermediación en los negocios con dicho país a cargo de militantes que integran el MPP. A buen entendedor pocas palabras bastan.
En otra resolución adoptada en diciembre, el Poder Ejecutivo promovió al cargo de embajador a cinco profesionales, algunos a cargo de jefaturas de misión en el exterior, cuyas expectativas de ascender habían sido postergadas durante más de una década. No fueron los únicos postergados en estos diez años, pero principio requieren las cosas.
La llegada del Frente Amplio al gobierno abrió un proceso de cambios en la Cancillería con el fin de imponer criterios, y orientaciones políticas basados en el ADN de la coalición de izquierda.
Al asumir el canciller Reinaldo Gargano en marzo del 2005, encontró una situación que consideró “incómoda”: pocos, o muy pocos, diplomáticos de carrera, adherían o expresaban simpatías por la coalición de izquierda. En virtud de ello y considerando que carecía de personal de “confianza” armó su equipo de colaboradores, disponiendo promociones —y postergaciones—en la adjudicación de comisiones y destinos. Pero además, por vía presupuestaria amplió de 12 a 20 la cuota de “embajadores políticos”, y habilitó la designación como jefes de misión y otros cargos en el extranjero a funcionarios que, sin haber alcanzado el rango requerido tuviesen título universitario. La decisión le abrió el camino y le permitió conquistar voluntades.
Si bien elevó la cuota de “embajadores políticos”, y efectuó varias designaciones por esa vía, Gargano no llegó a cubrir la totalidad de esos cargos. Sí lo hizo durante el segundo quinquenio frentista Luis Almagro, quien además dio entrada a una camada de militantes emepepistas cuya presencia fue un factor de fricciones internas. Disminuyó además, las exigencias requeridas para ingresar al Servicio Exterior.
Pese a sus permanentes invocaciones a dotar de mayor capacitación y profesionalización al personal del Ministerio, la gestión de Almagro se caracterizó por privilegiar la lealtad personal y la obsecuencia por sobre la profesionalidad del trabajo, por postergar a quienes no acompañaban o criticaban sus decisiones.
Quizás el hecho más notorio fue el papelón diplomático protagonizado en setiembre de 2011 en una subcomisión de Naciones Unidas, en la que un asesor técnico de la Cancillería no pudo fundamentar la solicitud de extender el límite de la plataforma marítima de 200 a 350 millas por no saber hablar inglés, idioma oficial de las subcomisiones de la ONU, requisito conocido de antemano.
El visto bueno de dicha subcomisión, cuyo aval es imprescindible para que la comisión respectiva de la ONU apruebe la solicitud que Uruguay plantea desde 1997 y en la que ha comprometido importantes estudios y recursos económicos, está pendiente aún hoy, cuatro años y medio después de aquel episodio. El reconocimiento de los derechos del país sobre esa franja de 150 millas es vital para ejercer soberanía sobre el fondo y subsuelo para la exploración y explotación de los recursos naturales.
Los esfuerzos de Vázquez y Nin Novoa por reorientar los pasos del Ministerio y la política exterior del país encuentra periódicos frenos y obstáculos en la interna frentista. Ello quedó en evidencia cuando en setiembre del año pasado el presidente tomó nota de la decisión del Plenario Nacional del FA y resolvió retirar a Uruguay de las negociaciones por el TISA (Tratado Internacional de Comercio y Servicios).
En estos días se informó de las resistencias que la designación del ex vicepresidente Luis Hierro como embajador en Perú ha despertado en senadores oficialistas, que se niegan a votar la venia solicitada por el Ejecutivo. Lo sorprendente es que la negativa no radica en cuestionamientos referidos a los antecedentes o a la falta de aptitudes del candidato sino en su condición de “adversario” político.
Es posible que sea una respuesta de sectores del oficialismo a la la actitud asumida por la oposición en la Comisión que investigó los negocios de Ancap.
Pero sea por lo que fuere, la negativa a conceder la venia solicitada va más allá del candidato propuesto. Es un nuevo tironeo político que afecta el prestigio del presidente y cuestiona la gestión del ministro Nin. Propio de un gobierno que el oficialismo disputa.
