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    viernes 21 de junio de 2024

    Repartir el poder

    Nº 2276 - 16 al 22 de Mayo de 2024

    El Senado rechazó la semana pasada aprobar una ley de paridad. El proyecto presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez buscaba subsanar —o al menos mitigar— un problema histórico de la política uruguaya: la baja presencia de mujeres en cargos de poder y decisión. Pero no consiguió los votos necesarios. Lo respaldaron los legisladores y legisladoras del Frente Amplio, Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, y Beatriz Argimón y Rodríguez del Partido Nacional.

    Durante el debate parlamentario, los opositores al proyecto argumentaron que no debían imponerse restricciones a la “libertad” del elector. No obstante, como lúcidamente apuntó Argimón durante su argumentación en defensa de la ley, la Constitución ya prevé mecanismos de acción afirmativa al establecer un mínimo de dos diputados por departamento para garantizar que las diferentes regiones del país estén representadas en el Parlamento nacional. El espíritu es similar: asegurar que en el Legislativo estén representados la mayor parte de los intereses de la sociedad.

    Además, ¿cuál es la libertad del elector que se busca proteger? La lista de votación ya está conformada cuando llega al electorado. “No es un sistema donde hay hombres y mujeres y (el elector) puede designar a quién quiere”, como explicó la vicepresidenta. La lista ya fue negociada y acordada previamente, muchas veces “a altas horas de la noche por el candidato”, algo que fue admitido —y cuestionado— por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El resultado de esto es, en palabras de Argimón, que quedan por el camino “compañeras inteligentes, prestigiosas, trabajadoras, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones”.

    También se cuestiona la paridad bajo el argumento de que al Parlamento deben llegar los “mejores”, sin importar el género. Pero ¿cómo se garantiza que quienes integran las listas sean, efectivamente, “los mejores”? ¿Los mejores entre quiénes y de acuerdo a qué criterios? Cualquier persona que participe en la actividad política o sepa cómo esta funciona sabe que los lugares en las listas no se definen solo de acuerdo a los “talentos y virtudes”. Son el resultado de negociaciones políticas, de respaldos, de alianzas. En esas negociaciones ¿participan las mujeres en igualdad de condiciones?

    Esos argumentos podrían entenderse si vinieran de una persona que desconoce el funcionamiento de los partidos políticos y de la conformación de las listas. Pero, como planteó la senadora Sanguinetti, cuesta entender que esos argumentos se esgriman por parte de personas que “vaya si comprenden cómo funcionan las cosas” en el Parlamento. “¿En serio se sostiene que en Uruguay hay libertad para integrar las listas?”, preguntó a sus pares la senadora.

    Mientras no haya una ley de paridad sería bueno que, al menos, los legisladores se atrevan a tener un debate serio y honesto sobre cómo mejorar los mecanismos de participación política. De lo contrario, daría la sensación de que el rechazo al proyecto responde a un motivo más mundano que defender la libertad: la resistencia a repartir el poder. Para que entre una mujer a los primeros lugares de una lista, debe salir un varón. ¿Temen los que hoy dominan las negociaciones, el tejido de alianzas, los cargos ejecutivos y las bancas del Parlamento, perder su lugar para que entren personas nuevas?

    Puede discutirse si la imposición de la paridad de género en las listas para cargos electivos es la mejor forma de asegurar que más mujeres lleguen a ocupar las bancas. Lo que sí es claro es que la “ley de cuotas” no fue suficiente y que es necesario tomar nuevas medidas que aseguren una participación más equitativa en la política nacional. Si no es una ley de paridad, tendrán que ser otros caminos. Porque un país que se jacta de la calidad de su democracia no puede ignorar el problema de que las mujeres, siendo más de la mitad de la población, ocupen un cuarto de las bancas del Parlamento.

    Es de esperar que, eventualmente, el cambio cultural en la sociedad uruguaya redunde en una mayor presencia de mujeres en todos los niveles de la política. Pero, a juzgar por la historia reciente, el progreso es demasiado lento. En la primera legislatura tras la recuperación democrática, en 1985, no había una sola mujer. Pasaron casi 40 años y las mujeres apenas superan el 20% del Parlamento. A ese ritmo, Uruguay quedó detrás de la mayoría de los países de la región y ni que hablar de los países europeos. ¿Puede la democracia uruguaya darse el lujo de seguir esperando?