Respeto por el bien común

Hace dos semanas “El País” informó que el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra (MLN-MPP), y empresarios de boliches —inicialmente autorizados como resto-pubs— de La Pedrera deberán comparecer en marzo en un juzgado penal por una denuncia de desacato. Los denunciantes (unas 40 personas entre residentes permanentes y propietarios extranjeros de viviendas) sostienen que Pereyra desacató un fallo judicial civil. Fue la consecuencia de una acción de amparo que le impuso a la Intendencia de Rocha controlar y restringir el trabajo de boliches porque producen contaminación sonora y sanitaria. A la tortura de privar al habitante de un sueño reparador, cuando este sale a la calle debe esquivar excrementos y otros desperdicios humanos.

Un aserto propio de la filosofía totalitaria de sus maestros. Revela que le tiene sin cuidado una adversa consecuencia judicial, lo que equivale a decir que le da lo mismo ir o no preso porque es capaz de enfrentar cualquier cosa. Tal vez imagina que por ese camino aumenta el respaldo de quienes se guían por los principios de su gurú, el ex presidente José Mujica: primero lo político, después lo jurídico y los ciudadanos en el fondo del tarro.

Además de ese exabrupto más propio de un barrabrava que de un gobernante de primera línea, Pereyra miente. Induce a error a sus electores para hacerles creer que es un mártir dispuesto a ponerle el pecho al castigo de la ley. Falso: salvo excepciones nadie va preso por un desacato de esas características. Ese razonamiento autoritario se ata con el de otros políticos que se consideran semidioses y creen que no deben pagar las consecuencias de sus acciones u omisiones. Cuando los servidores públicos desestiman esas consecuencias se produce una siembra que contamina al resto de los ciudadanos. Aunque los energúmenos aplaudan.

Además de su arrogante desdeño a una eventual sanción penal, descalificó al abogado Pablo Correa Calcagno y a sus mandantes, los denunciantes. Según su criterio sobre el funcionamiento del sistema, el intendente sostiene que el abogado acciona judicialmente porque “le pagan para eso” (¡vaya novedad! Es interesante saber por su propia boca que los abogados que lo defienden trabajan gratis y si son empleados municipales, no cobran sueldo)

También lo cuestionó por darle información a la prensa antes de empezar la temporada. “Ahora este hombre reaviva la discusión entre la Intendencia y algunos propietarios”, dijo, y para que quedara claro su pensamiento sectario añadió que “esa calidad (la de propietarios) no los transforma en vecinos. (…) Hay gente que se cree dueña de La Pedrera y actúa en consecuencia”. Y si son turistas, no votan en ese departamento.

En lugar de razonar como un gobernante para todos, el intendente cree que solo pueden considerarse vecinos con pleno derecho quienes viven en La Pedrera. Vale decir, los “vecinos”. Parecen no ser tenidos en cuenta los turistas del resto del país o los extranjeros propietarios de casas de veraneo que han invertido jerarquizando el lugar, que pagan sus impuestos, que gastan su dinero en servicios y que tienen el mismo derecho que los residentes de exigir que las autoridades los protejan. Se trata del bien común, intendente.

Pereyra ignora una de las garantías del debido proceso: el derecho a la defensa. Es el que tiene toda persona de gozar del mejor asesoramiento legal ante cualquier acción judicial o administrativa. El abogado cuestionado y cualquier otro tienen el derecho y el deber de defender los intereses de sus patrocinados. Si no lo hacen —a diferencia de lo que opina Pereyra— son omisos y el Colegio de Abogados del Uruguay debe sancionarlos, de la misma forma que tiene la obligación de proteger a quienes son atacados por ejercer lícitamente su profesión.

A muchos políticos se les entreveran los papeles (o los entreveran a propósito). Hace pocos días un periodista le preguntó al nuevo ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo, si cree que la responsabilidad política del partido de gobierno, el derechista Partido Popular (PP), se puede considerar saldada con la sucesión de juicios por corrupción contra ex gobernantes de esa colectividad política. El ministro, que es licenciado en Derecho, respondió: “En nuestro gobierno eso se salda con las elecciones. Cuando vamos a votar hacemos un balance y valoramos qué nos parece la gestión de un gobierno o las propuestas de la oposición” .

Un razonamiento que se hermana al de Pereyra y demuestra que no importa el tamaño geográfico del mundo, porque los extremos políticos se tocan. Ambos creen que cuando se obtiene la mayoría de los votos para volver a gobernar, se queda eximido de toda responsabilidad ante la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Patético y sombrío.