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    Retroceso para todos

    Nº 2161 - 10 al 16 de Febrero de 2022

    Cuando elegimos el camino del periodismo como profesión, sabemos que asumimos ciertos riesgos. Lo más probable es que, si se ejerce con imparcialidad y la mayor independencia posible, surjan algunos enfrentamientos con los poderes de turno, cuya gravedad dependerá de qué tipo de gobierno desarrollen. En Uruguay hemos sido casi siempre privilegiados para realizar nuestro trabajo, salvo en tiempos de dictadura, en los que existía el peligro de la tortura, el encarcelamiento y hasta la muerte.

    Pero no en todos lados es así. Lo ideal sería que los estudiantes de periodismo pudieran conocer directamente la situación extrema en la que se ejerce este oficio en algunas partes del mundo. Para poner solo un ejemplo, la nueva sede de la cadena internacional Al Jazeera cuenta con una muralla memorial con cientos de miles de nombres de periodistas que perdieron sus vidas en zonas de guerra y en todo tipo de conflictos violentos. Allí también hay, a manera de museo, cascos con agujeros de bala, chalecos antibalas implosionados, fotos de periodistas que fueron torturados y de lugares de reclusión para quienes pretenden informar con libertad.

    Hecha esta importante salvedad, en nuestro país también ha habido algunos problemas con respecto al periodismo, incluso en democracia. Fue el caso de la Ley de Respuesta, que perduró unos años como herencia de la dictadura y nos llevó varias veces a recorrer pasillos de los juzgados con la posibilidad técnica de una pena de hasta tres años de prisión (nunca sucedió). Desde esos tiempos tenemos claro que en no todos los niveles de la Justicia hay claridad sobre el verdadero alcance de la libertad de prensa y de expresión, pero con insistencia suele llegarse a buen puerto.

    Hoy nos enfrentamos a una decisión judicial de allanamiento a un medio de comunicación y a un periodista, lo que implica una clara amenaza a las fuentes de información tan necesarias para el correcto ejercicio de la profesión. Es cierto que el fiscal de Corte, Juan Gómez, se manifestó en contra de esa medida y se refirió a un error de apreciación. Pero la acción ya estaba concretada. De todas formas, los periodistas tenemos nuestros mecanismos como para eludir las presiones y seguir informando todo lo posible, con o sin el apoyo de los poderes del Estado, como ocurrió en los tiempos más oscuros.

    Además, elegimos asumir esos riesgos, así que no somos las víctimas en este caso. La mujer que denuncia haber sido violada por cuatro hombres solo por haber elegido disfrutar de su libertad y de su vida en sociedad, su sociedad, sí es una víctima. Si se comprueba lo que denuncia, y así parecen demostrarlo las primeras pruebas ofrecidas por la fiscal del caso, los culpables deberían pagar el precio más alto que permita el Código Penal por haberle arruinado la vida.

    El escritor y periodista Leonardo Haberkorn dio, en el programa de Teledoce, Desayunos Informales, una pequeña lección sobre cómo se debió informar sin violentar la ley sobre el tema de los videos en los que se registra una parte muy parcial de lo ocurrido con esta mujer. Opinó, con razón, que la libertad de expresión no está en juego porque se castigue la utilización de videos que hacen a la intimidad de una persona. No es necesario difundirlos para informar, hay otras formas.

    Es verdad que en casos muy puntuales al periodismo se le reclama torcer la ley de ser necesario –y pagar las consecuencias– para informar correctamente. Más todavía si se ejerce en el contexto de un régimen que no ofrece garantías; pero este no parece ser el caso. Mirando al futuro, nuestra sociedad ha dado un gran paso para atrás politizando una situación de tanto dolor. En el mismo programa de Teledoce, el periodista Nicolás Batalla dio en el clavo al referirse a este tema: si así es el tratamiento que le damos a una denunciante de una violación y la hacemos también víctima del manoseo público de su vida íntima, ¿qué mensaje le estamos dando a las personas que quieran denunciar cualquier tipo de abuso sexual de aquí en más? Ya es difícil de manejar y desalentador con los actuales sistemas judiciales; peor aún si además hay que pasar por el escrutinio público que hoy sufre la denunciante.

    El circo que se montó en torno a una denuncia de violación grupal, que la Justicia está investigando y deberá dirimir, bloquea aún más el camino de sanación que debe vivir la sociedad en un tema que nos aqueja y está lejos de solucionarse en el corto plazo. Como sociedad hoy bajamos varios escalones, porque está claro que hace tiempo que tenemos un problema al respecto y no estamos facilitando su resolución. Hoy retrocedimos todos.