N° 1837 - 15 al 21 de Octubre de 2015
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáDavid le ganó a Goliat con inteligencia y flexibilidad. Jamás le hubiera ganado por la fuerza ni con rigidez de movimientos. Uruguay es David, pero pelea en el mundo comercial como Goliat.
Las empresas en general (y las pequeñas en particular) necesitan mucha creatividad y flexibilidad para poder competir en un mundo globalizado, pero la legislación uruguaya no las provee de tales municiones.
El caso de los Consejos de Salarios y la fijación de salarios mínimos por sector de actividad no solo atenta contra el desarrollo de la empresa, contra la libertad de llegar a acuerdos libres entre partes, sino también contra las oportunidades de mejora para los trabajadores. Como la mayoría de las intervenciones estatales, tienen la buena intención de proteger al más débil, pero a la larga o la corta, lo terminan perjudicando.
La ley 10.449 del año 1943 establece en su artículo 5º: “Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios que deben percibir los trabajadores, empleados u obreros del comercio, la industria, oficinas y escritorios de propiedad privada y los servicios públicos no atendidos por el Estado”.
Y el artículo 1º define al salario mínimo como “aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales”.
¿Qué es un nivel de vida suficiente? ¿Cómo se mide la satisfacción de las necesidades físicas, intelectuales y morales? ¿Es una tarea que compete a cada individuo o se hace en patota y a todos los consideramos con iguales necesidades e iguales salarios?
El pretender fijar por decreto el precio de los bienes y servicios es una ilusión que aún atrapa a muchos incautos. Por ejemplo: recién salidos de la dictadura militar en 1985, se pretendió “proteger” a los inquilinos que pagaban menos de $ 1.500 con la congelación de los lanzamientos (no se los podía sacar de la vivienda, aun vencido el contrato de alquiler). Sin dudas que esos inquilinos se vieron beneficiados, pero los que estaban buscando alquilar por menos de $ 1.500 se vieron enormemente perjudicados. ¿Qué sucedió y los legisladores ni lo imaginaron? Los propietarios hicieron dos cosas: primero, subieron los alquileres a un piso por encima de los $ 1.500. Es decir, aquel que estaba dispuesto a alquilar una pieza por $ 1.000, la puso inmediatamente en $ 1.600 para evitar caer en la norma “protectora” que lo hubiera obligado a esperar años para recuperar su propiedad. Y lo otro fue retirar del mercado su oferta, ante la incertidumbre de más intervención. Por lo tanto, al haber menos propiedades en alquiler y la demanda ser la misma, los precios de los alquileres subieron. Concomitantemente, los inversores no invirtieron en la construcción de nuevos edificios para la clase media o baja (que son los que más se necesitan), concentrándose en los de gama alta. ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los inquilinos de bajos ingresos. ¡Qué paradoja!
Todo bien consumible se regula por dos factores: cantidad y precio. Si el Estado establece un precio fijo para los salarios, la otra variable de ajuste es la cantidad. Ergo, se contrata menos gente, los que están van al seguro de paro y se procura incorporar más tecnología y mejores procesos para evitar tener más empleados. El invento termina por matar al inventor.
Es muy lindo decir que un peón de la construcción gane más de mil dólares por mes, pero luego el metro cuadrado se hace inaccesible para ese mismo peón, cuando se pone del otro lado del mostrador y quiere comprarse una casa. Tan es así, que cuando el PIT-CNT se puso a construir viviendas para sus afiliados, el dirigente Marcelo Abdala declaró en el programa En Perspectiva que “se trata de la combinación de diferentes nuevas tecnologías constructivas, no prefabricadas sino estrictamente de vivienda industrializada, que permiten procesos de reducción sustantiva del precio del metro cuadrado de construcción, es decir, de bajos costos, rápido plazo de entrega y alta calidad”. Todo esto para decir que iban a construir viviendas con la menor cantidad de mano de obra posible. Otra paradoja.
Además, los Consejos de Salarios están diseñados para fijar salarios por sector industrial, no por empresa. Y en ese gran bolsón entran organizaciones con miles de empleados junto a la pequeña empresa con cinco empleados. De esta manera se puede llegar a “estrangular” a las pequeñas empresas que no puedan pagar esos salarios y beneficios que sí pueden las grandes. Una manera indirecta de sacarlos del mercado.
Por último, la fuerza de los hechos: durante el gobierno del Dr. Lacalle Herrera (1990-1995), los Consejos de Salarios no fueron convocados y las empresas debieron negociar directamente con sus empleados las condiciones de contratación. Muchos pensarán que los “débiles” trabajadores fueron “explotados” por los avaros empresarios, pero no fue así. Mejoraron los ingresos de los trabajadores y bajó la desocupación. El mercado encontró su justo equilibrio.
Lo que empresarios y trabajadores necesitan para negociar es buena calidad de información, tanto del mercado como de la empresa. No puede ser que haya que pagar algunos miles de dólares para comprar una “encuesta de remuneraciones y beneficios” cuando esos datos están disponibles desde el Estado.
Además, las empresas deberían poder mostrar sus números, en una relación de confianza con sus trabajadores, con la finalidad de llegar a acuerdos ganar-ganar y poder hacer ajustes (al alza o a la baja) cuando las condiciones lo exijan.
Pero, lamentablemente, casi toda nuestra legislación laboral está basada en la desconfianza. Pies de barro para un David no se puede sustentar.