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Los procesos judiciales tienen el objetivo de dirimir pacíficamente los conflictos. A partir de los argumentos de las partes pueden surgir cuestiones que, como es el caso, desnudan insensibilidad, desprecio por los derechos humanos y por la separación de poderes. Ocurrió durante una acción de amparo para revertir la dramática situación límite de varios reclusos. El Estado-Ministerio del Interior descalificó esa preocupación del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, y los coincidentes argumentos del juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez de las Heras.
Cuando el juez dictó esa sentencia, la emergencia como tal había sido superada, pero avanzó porque consideró que “existe un riesgo inminente (amenaza cierta) de daño a bienes jurídicos de tutela constitucional de las personas privadas de libertad”. Recordó que la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física de los presos surge de la Constitución y de leyes nacionales e internacionales.
Es obvio que el ministro Eduardo Bonomi tiene derecho a cuestionar el fallo de un juez y a reclamar que un Tribunal de Apelaciones defina la cuestión. En cambio, no tiene derecho moral e institucional de atribuirle a Petit intereses subalternos, mala fe. El comisionado no hizo más que cumplir con su función, para la cual fue votado por la unanimidad de los partidos.
Vuelve a sorprender que Bonomi —enjaulado durante 13 años en las cárceles de la dictadura—, olvide lo que allí padeció junto a miles de uruguayos cuya situación generó reclamos internacionales por la violación a sus derechos humanos. Quizá no es olvido. Tal vez cree que quienes asesinan, rapiñan y secuestran con objetivos políticos merecen un tratamiento preferencial sobre los otros presos y que estos sí deben sufrir.
Pero esto no es nuevo. En 2010 Manfred Nowak, relator sobre la tortura de la ONU, tras visitar las cárceles uruguayas (de la democracia) denunció que los reclusos padecían “condiciones infrahumanas”. Argumentó que “se hacinan como animales enjaulados (que) tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete” y que “para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico”. Nowak no era un burócrata. Tiene una larga trayectoria y fue uno de los jueces de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina.
Entonces Bonomi ya era ministro. A partir del informe de Nowak se produjeron algunas mejoras pero, como ha señalado Petit, el sistema “sigue estando muy mal”. Vocablos sinónimos de mal son: daño, perjuicio, pérdida, deterioro, defecto, menoscabo, ruina, estrago, calamidad y detrimento, la esencia de esa acción de amparo.
El ministro acusó al comisionado de haber tomado ese camino con un objetivo mediático antes que jurídico y puso en duda el aspecto físico de desnutrición de los presos. Dijo que pudieron posar en las fotos encogiendo el abdomen. Indirectamente le atribuye a Petit haber conspirado para perjudicarlo. ¡Patético!
Las fotografías las tomó personalmente el comisionado en el módulo 8 del exComcar. El aspecto físico de los reclusos recuerda a los campos de concentración. Sus condiciones constituyen “un cuadro de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos de los reclusos”, sostuvo Petit.
Consideró como “un hecho notorio que las condiciones de detención impuestas por el Estado son absolutamente precarias y configuran, en sí mismas, un cuadro de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos de los reclusos”. Agregó que “la privación de libertad transcurre diariamente entre la basura, las ratas, la falta de agua potable y energía eléctrica, el frío y el hambre”.
Martínez de las Heras le dio la razón y condenó al ministerio a diseñar y efectivizar un programa de tratamiento individual que atienda las necesidades básicas y actividades socioeducativas de siete reclusos.
Al apelar, el ministerio utilizó un abstruso, reaccionario y antidemocrático argumento: la sentencia viola el principio de separación de poderes porque sustituye a la administración en su diseño de políticas públicas. Añadió que el fallo es discriminatorio porque refiere solo a un grupo de reclusos.
La semana pasada el Tribunal de Apelaciones de 1er turno de las ministras Nilza Salvo, Beatriz Venturini y Teresita Macció, revolcó jurídicamente a Bonomi y confirmó la sentencia de Martínez de las Heras.
“Cuando un juez dispone una medida de amparo, que consiste en ordenar al Estado que haga o deje de hacer algo para proteger un derecho afectado no estamos ante una interferencia indebida en la esfera de competencia de otro sistema orgánico, no se está vulnerando el principio de separación de poderes ni sustituyendo a la administración en el diseño e implementación de políticas públicas. Simplemente se ejerce la función jurisdiccional ante un conflicto individual y concreto suscitado entre el titular de un derecho fundamental y la autoridad que lo desconoce”, dicen las ministras.
Rechazaron también el argumento de que Martínez de las Heras viola el principio de igualdad y vuelven a revolcar a Bonomi: “De seguirse la tesitura del Estado habría que permitir la vulneración de derechos humanos o el riesgo de ello so pretexto de respetar la igualdad para que todas las personas estuvieran en las mismas y legítimas condiciones”.
No podemos esperar que el ministro asuma esos argumentos. Se los pasará por los bigotes, mantendrá su tesitura y dentro de un tiempo volverá a las andadas. Su última preocupación ha sido seguir el consejo de sus asesores de imagen y ascender a sargento al cocinero y funcionario Nilson Viazzo luego de su victoria en Masterchef. Seguramente no es para mejorar la calidad del menú carcelario.
Las cárceles uruguayas tienen hoy 11.200 presos y el país se ubica entre los primeros 30 del mundo con más reclusos. Según especialistas carcelarios, de mantenerse la actual tendencia, en 2025 —cuando el próximo gobierno se acerque a su fin— el número de presos será de 15.000.
Este es un tema en el que las organizaciones sociales se mantienen ajenas. Se esconden para no enfrentarse al gobierno y prefieren discutir sobre el sexo de los ángeles. Los políticos del oficialismo y de la oposición también permanecen ajenos; se centran en pequeños debates y peleas de campito.
El padecimiento de los presos y de sus familias no aporta votos.
