Rutina cumplida, señales nuevas

Más de un millón de compatriotas fueron a las urnas sin mayor entusiasmo. Con escasa o nula información y conocimiento respecto de la problemática, situación y posibilidades del BPS, de los candidatos o de sus propuestas.

Como se planteó entonces, se insiste ahora en que el problema se resuelve eliminando la convocatoria electoral cuando en alguno de los órdenes participe una sola lista y no exista competencia. Ello evitaría la molestia —y el fastidio— a muchos electores indiferentes ante una elección en la que no ven incentivos para participar. Porque no encuentran sentido a un pronunciamiento que se limitará a avalar o rechazar una candidatura que con solo unos pocos votos resultará aprobada.

Aun a riesgo de dejar la elección en manos de minorías dominadas por el militantismo propio de aparatos políticos o sindicales, lo cual ya ocurre en activos y pasivos, sería mucho más lógico eliminar la obligatoriedad del voto. O, en todo caso, eliminar las sanciones a quienes no participen en el comicio.

Porque el voto es, ante todo, un derecho del ciudadano. Un derecho al que luego le fue dado, en base a fundamentos cuestionables, el carácter de obligación ciudadana. Un carácter particularmente notable en esta elección.

Eliminar la obligatoriedad o las sanciones que se imponen a quien no vote permitiría saber cuál es realmente el grado de respaldo y de representatividad de cada candidatura. Un respaldo y una representatividad probablemente forzada —e incrementada— sin la coerción legal y el riesgo de afrontar una sanción pecuniaria o de otro tipo.

Saber el respaldo y la representatividad real de los “directores sociales” no es un dato de menor importancia dado este injerto de corporativismo que dio entrada a intereses particulares en la dirección del organismo previsional.

Desde la izquierda, partidaria de “enriquecer la vida democrática” del país incorporando al sistema procedimientos e instrumentos de “participación popular”, palancas desde donde potenciar su influencia y presión sobre las decisiones de gobierno con base en el activismo de la militancia y movilización de sus partidarios, se responsabiliza a los medios de comunicación por el alto porcentaje de votos en blanco y anulado (41,7% en activos, 21,9% en pasivos, 50,6% en empresas) registrado en estos comicios. Se reprocha a los medios, particularmente a la televisión, por el escaso aporte informativo que hicieron a la elección, la ausencia de debates que interiorizaran a los votantes de lo actuado por sus representantes y de las iniciativas que pretenden impulsar.

Un cargo del que el oficialismo y la izquierda no pueden exonerarse dado que tienen bajo su control el Canal 5 y TV Ciudad (que suele abordar temáticas nacionales) y varios medios impresos. Tampoco estos medios dieron prioridad a informar sobre la elección. Las decenas de periodistas y comunicadores que trabajan para el gobierno no fueron motivados a jerarquizar el comicio. Tampoco fueron destinados recursos del Estado para financiar una campaña publicitaria oficial. Las organizaciones que promovieron las candidaturas dependieron en todo caso de sus propios recursos.

Resulta fácil lavarse las manos, responsabilizar a otros cuando los resultados no son los mejores o los esperados.

Electores de primera hora denunciaron asimismo que no encontraron hojas de votación en los circuitos y responsabilizaron por ello a los funcionarios designados por la Corte Electoral. Denuncia que se escucha elección tras elección, pero que al fin de cuentas supone un mal menor.

La apatía, el desinterés que caracterizó la participación de los electores en estos comicios, como ocurriera en 2006 y 2011, es consecuencia de una decisión política, democrática, que quita atractivo al sufragio. Porque las políticas, las decisiones más trascendentes del BPS, se canalizan a través de la mayoría de “directores políticos” (cuatro en siete) que siguen lineamientos discutidos y resueltos en ámbitos políticos. Los “directores sociales” cumplen una función importante en materia de contralor, pero su incidencia en lo propositivo o resolutivo refiere a cuestiones administrativas o de menor orden. Eso el ciudadano común lo sabe y por eso la elección no despierta entusiasmo.

Cada elección aporta señales que sugieren opiniones y estados de ánimo de la ciudadanía.

No era desconocido que la lista 11 en el orden de activos era patrocinada por el PIT-CNT y que la lista 1 era su correlato en el orden de pasivos. Ambas candidaturas tenían una estructura nacional de apoyo infinitamente superior a la de sus competidores (listas 16 y 2 respectivamente), un tanto improvisadas.

Aun así, aunque vencedoras, las nóminas arropadas por la izquierda registraron votaciones sorprendentemente bajas para sus expectativas, incluso si se las compara con las dos elecciones precedentes.

En la elección de activos de 2006 la lista encabezada por Ariel Ferrari recibió el 59,1% de los votos emitidos. Cinco años después Ferrari fue reelecto con 50,34%. El pasado domingo Ramón Ruiz recibió 39,8%.

Los votos en blanco y anulado en 2011 fueron levemente inferiores al guarismo del candidato del PIT-CNT. El domingo 13 superaron en casi dos puntos porcentuales el registro de Ruiz.

Y un dato no menor: la votación en Montevideo de Ferrari en 2011 (44,6%) y la de Ruiz el domingo (36,4%) fueron inferiores a los porcentajes registrados por ambos en lo nacional.

Estas cifras, ¿dicen algo? ¿Suponen un debilitamiento del poder de convocatoria de los sindicatos? ¿Constituyen un síntoma del desgaste de un movimiento sindical que, curiosamente, nunca tuvo tantos afiliados y tanta presencia en los cuadros del gobierno —e influencia— como en estos 11 años de gobiernos frenteamplistas?

(*) Según datos del escrutinio primario de la Corte Electoral contabilizado el 99,7% de los votos emitidos