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Quién no se ha preguntado, con más o menos alarma, por el destino del tendal de información personal que dejan nuestras comunicaciones, nuestra actividad en las redes y en las aplicaciones. Y quién no se ha respondido a sí mismo que ya no hay nada que se pueda hacer, que ya hemos entregado todo. Y gratis.
Casi nadie en este país sabe quién es Malte Spitz, pero cuando terminen de leer lo que sigue tal vez se interesen en tener más noticias sobre este abogado alemán, militante del Partido Verde. Malte saltó a la fama por una solicitud que presentó a la compañía Telekom de Alemania: pedía que se le entregaran sus propios datos, los recabados por la compañía en 6 meses de uso de su línea de telefonía móvil. Todo de acuerdo a la ley, amparado en su derecho a solicitarlo. Sin embargo, la empresa se opuso, y la batalla legal duró bastante tiempo. Finalmente, hubo un fallo favorable al solicitante que sirvió para que el Tribunal Constitucional alemán aclarara que la retención de datos personales es inconstitucional.
Pero hagamos un alto. ¿Qué son los datos? Es la información que los buscadores, las redes sociales, las aplicaciones, pueden recopilar sobre nosotros, los usuarios. ¿Y por qué los tienen? Porque usted y yo aceptamos los términos y las condiciones de uso. Insisto en ese punto: y se los dimos gratis.
Volvamos a Malte, que por fin recibió lo que la compañía tenía de él: 35.830 líneas de información. Allí estaba todo: a quién llamaba y quién lo llamaba a él, sus correos y sus mensajes, su consumo de datos, las posiciones geográficas dadas por las antenas a las que se conectaba su smartphone. Un detalle completo de sus hábitos y desplazamientos, de sus viajes, de sus citas, de los restaurantes y cafés a los que iba, en los que organizaba protestas públicas o delineaba posiciones políticas de su partido.
Después de eso Malte trabajó junto con Zeit Online, un sitio de noticias en línea de Alemania, y CiudadOpenData y crearon un mapa interactivo que muestra los movimientos y las actividades de Malte reconstruidas con base en los metadatos recogidos por Deustche Telekom. La visualización incluye una línea de tiempo, datos de geolocalización y otra información, lo que pintó una imagen alarmante y exacta de la vida de Malte.
“Era mi vida”, contó Spitz. El mapa interactivo llevó a muchas personas a entender lo que significa para ellos y su privacidad la acumulación de esa información, y Malte pudo ilustrar cómo la sociedad puede ser controlada a través de este tipo de seguimiento y vigilancia masiva. En una de sus conferencias señala que, si en 1989 todos los manifestantes en Berlín hubieran tenido teléfonos inteligentes, el muro de Berlín podría no haber caído.
Spitz se convirtió en un activista por la autodeterminación en defensa de la protección de datos personales, y parte de su trabajo está documentado en su libro What are you doing with my data? (¿Qué están haciendo con mis datos?), publicado en 2014.
Porque nuestros datos, los que hemos entregado alegremente, hoy se llaman el nuevo petróleo, y son un activo tan importante que no se puede cuantificar; son el gran negocio de las redes y aplicaciones que los venden para uso publicitario. Y cuando las redes dicen que no nos cobran nos están engañando, porque lucran con nuestra información, la segmentan, la venden, y deberían pagarnos por proporcionarla.
¿Cómo funciona en Uruguay? ¿Sucede algo similar a esa acumulación de datos masiva? Por supuesto que sí, aunque protegida por Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data y sus decretos reglamentarios que establecen, entre otras cosas, que todos aquellos que actúen en relación con datos personales de terceros deben cumplir los principios generales de legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad de los datos, reserva y responsabilidad. Y que los datos personales deberán ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en función de la finalidad para la que fueron recabados. También existe una Unidad Reguladora y de Control de Datos, que en 2019 recibió 1.902 consultas y 91 denuncias.
Pero a pesar de tantas manifestaciones de buenos deseos no hay mucho que los usuarios podamos hacer después de haber aceptado los términos y condiciones de los contratos, todo eso que firmamos y que jamás leemos.
El uruguayo medio no tiene el grado de conocimientos necesario para sospechar siquiera el riesgo que corre si no selecciona la información que entrega, si no verifica la finalidad, si no sabe con quiénes será compartida. Si se trata de información colectada por una empresa uruguaya, pongámosle de telefonía o bancaria, teóricamente habría formas jurídicas para accionar en reclamo de nuestros derechos, pero ¿qué pasa si es frente a aplicaciones o buscadores o redes sociales, por ejemplo, Facebook? Habrá que llenar mil solicitudes y mil formularios, un derrotero kafkiano en el que nunca habrá un ser humano con quien hablar, y finalmente solo quedará la opción de recurrir a la jurisdicción de Irlanda o Estados Unidos, o a donde tenga en ese momento el domicilio legal la empresa.
Mientras leo sobre este tema, y por curiosidad, me pongo a revisar mis desplazamientos según el historial de Google Maps: no solamente están las rutas que recorrí con las funciones de la aplicación activadas, sino que están las que hice sin buscar ni navegar en la aplicación, y hasta las que transité sin conexión a Internet. Y todavía me falta ver lo mejor: sin solicitarlo, Google Maps me da un detalle de los hoteles donde estuve alojada en los últimos 5 años.
Nos queda poco espacio para desarrollarnos como individuos con privacidad, con dignidad, y ese espacio, casualmente, es que no le interesa al marketing... por ahora. Pensemos entonces nuestros próximos pasos. Y pensemos en lo que dijo Malte Spitz: si en ese tiempo hubiera habido teléfonos inteligentes, el muro de Berlín podría no haber caído.
