Salario mínimo, empleos mínimos

Uruguay no escapa a esta regla. Acumula dos fracasos estrepitosos de “atentado violento al libre mercado”, como lo fueron el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios (Subsistencias, creado por la ley N° 10.940 del 19 de septiembre de 1947, durante el gobierno de Luis Batlle Berres) y la Coprin (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) creada en diciembre de 1968 por Pacheco Areco, cuya finalidad era “articular medidas encaminadas a contrarrestar los actuales factores inflacionarios, promover niveles óptimos en la producción nacional y lograr una equitativa distribución del ingreso”. Por supuesto que no logró nada de eso y sí un despilfarro de recursos públicos, aumento de la burocracia y distorsiones de precios, que terminaron pagando —una vez más— “los nabos de siempre”.

Se supone que si se dejaran librados estos precios a la libre competencia, sólo tomarían leche los “ricos”, porque los precios se irían a las nubes. Pero como los ricos en Uruguay son muy pocos, Conaprole, Lactería o Claldy tendrían que tirar millones de litros de leche que muy pocos podrían comprar o bajar los precios. Y siempre queda la chance de importarla más barata. El libre mercado, a la corta o a la larga, no va a dejar a nadie sin su leche, boleto o verdura al precio justo.

Con los salarios sucede lo mismo. Suena “lindo” que se fije un salario mínimo y que quien no lo pague sea tildado de“explotador”. Pero el salario mínimo obligatorio no tiene en cuenta una regla elemental del mercado: lo que no se ajusta por precio, se ajusta por cantidad. Si le exigen al empresario pagar $ 15.000 pesos a una cajera (que con los gastos de licencia, aguinaldos y otros beneficios lleva el costo a 25.000), es altamente probable que invierta en más tecnología y menos en cajeras. Cuando visité un local de Ikea (el magnífico fabricante de muebles excelentes y económicos), me encontré con la sorpresa de que no tienen cajeras. Recorrí sus enormes instalaciones, anoté los códigos de los muebles que me gustaron, los retiré yo mismo del depósito y al pasar por la caja sólo tuve que accionar un código de barras y pagar con mi tarjeta. Al Sr. Ikea podrán decirle que tiene que pagar diez mil dólares por mes de salario mínimo a una cajera y él dirá que con mucho gusto lo pagará…, el día que contrate una cajera.

El salario no es otra cosa que el “precio” que se paga por un servicio en un momento determinado. Es como si el Estado, con el fin de “proteger” al pequeño productor de tomates y a su familia, dijera: es “deseable” que el kilo de tomates se venda a 100 pesos el kilo. Con ese precio, los productores de tomate podrían alimentar bien a sus hijos y llevar una vida “digna”. Pero los que quieran vender tomates por debajo de ese precio serían penados, aún en el caso en que un productor necesitara vender sus tomates a 60 pesos en vez de 100 para operar a su hijo.

Lo mismo sucede con cualquier asalariado. Hay personas que, antes de estar desocupados, prefieren trabajar por un precio menor al “deseado”. Tal vez porque viven al lado de la empresa y no tienen costos de traslado; o porque les sirve como experiencia laboral o porque directamente no encuentran otra cosa mejor que hacer en ese momento. Pero no pueden llegar a un acuerdo libre y voluntario que les sirve a ambos. El Estado lo prohíbe. Un empleo menos.

El salario mínimo pretende proteger al empleado, pero ¿quién protege al emprendedor? ¿Acaso no es tan ciudadano uno como el otro? ¿Quién le asegura al jardinero del barrio una cartera de clientes mínima? ¿Quién le asegura al electricista un precio mínimo para sus servicios? ¿Y quién le asegura ventas mínimas al almacenero de la esquina?

Por eso, cuantos más precios máximos fije el Estado (como lo hizo la Coprin) y cuantos más salarios mínimos se fijen en los Consejos de Salarios, habrá menos productos, servicios de peor calidad y menos empleos.