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Por “mala praxis” se entiende la mala actuación (o mala práctica) de un profesional, cuando actúa con negligencia, causando un daño a su cliente, del cual se tendrá que hacer responsable con sus propios bienes.
Los casos más comunes de “mala praxis” refieren a errores cometidos por actos médicos, pero también aplica (aunque lo veamos con menos frecuencia) a los abogados, contadores, arquitectos o ingenieros, cuando defienden mal a su cliente y termina injustamente preso; o liquida mal sus impuestos y el Estado lo multa; o a la casa se le rajó la azotea porque hicieron mal los cálculos de estructura. En todos estos casos los profesionales deben hacerse cargo de sus errores y pagar los daños causados.
¿Pero qué hay de la mala praxis gerencial? Una mala gestión gerencial puede costar mucho más dinero que un error médico, jurídico o contable. Tan es así que Larry Bossidy, en su libro “Execution”, comenta el caso de un dirigente sindical que le increpaba por qué él ganaba 20 veces más que un obrero y le respondió: “Si usted comete un error grave, es probable que pierda su empleo, pero si yo cometo un error grave, tres mil personas perderán sus empleos”.
En la actividad privada, la mala praxis gerencial se suele pagar con el propio empleo. Una empresa seria debe despedir al gerente que comete un error grave, no porque sea “dura” o “desalmada”, sino porque tiene que dar el ejemplo. La tolerancia a los errores va minando la moral de la organización, confunde a sus miembros, baja la productividad y termina por matar a la organización entera. Cuando esa mala praxis está en los líderes (sean estos sus dueños, los hijos del dueño o gerentes profesionales), la visibilidad del daño es mayor y, por eso, la medida correctiva tiene que ser contundente.
Este principio elemental no se aplica para los gerentes de los organismos públicos y menos aún para los políticos que ponen en sus directorios.
El caso patético de Pluna no deja de desconcertarnos un día sí y otro también. Los responsables de este embrollo quieren curar sus mortíferas heridas diciendo que actuaron de “buena fe”, que no querían provocar tremendo daño y que sus “intenciones” no fueron causar tal desaguisado. Y similares argumentos se escucharon en otros tiempos para justificar dos mil millones de dólares de pérdidas en el BHU, otros cientos de millones en Ancap cuando compró estaciones en Argentina y varios miles de millones más por aquí y por allá.
Pregúntese usted, señor constructor; o usted, jefe de calderas de un barco; o usted, señora cocinera de un hogar infantil: ¿qué sería de su empleo si diera estos bucéfalos argumentos, cuando se caiga la casa que construyó, explote el barco que conducía o se enfermen varios niños porque confundió la sal con el veneno para las hormigas?
¿Por qué toleramos con tanta indulgencia la mala praxis gerencial en los administradores de la cosa pública y somos tan tajantes con los privados? ¿Qué atroz insanía nos hace juzgar con varas tan dispares conductas tan semejantes?
Si no responsabilizamos a los administradores ineptos (aunque bien intencionados), le estaremos dando un mensaje muy equivocado a la sociedad toda y en especial a los jóvenes: creerán que es un mérito poner en su currículum “inútil sin referencias” o “inepto con buenas intenciones”. Siendo así, ¿quién los contratará?
