Se duplicó la cantidad de reclusos interesados en cursar carreras universitarias; hay unos 200 aspirantes

Más del 21% de los reclusos cursa algún nivel de la educación formal y muchos otros realizan cursos y talleres en el ámbito no formal, según el último informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

Las carreras sociales y humanísticas son las más demandadas por las personas privadas de libertad. Psicología, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas están entre las opciones más requeridas por los reclusos. La Universidad toma más de 60 exámenes por semestre en las cárceles. (Búsqueda Nº 1.967)

Así y todo, todavía son “muy pocos” los que obtienen la autorización para que se les conceda las salidas transitorias por estudio. La mayoría se prepara por su cuenta, con la ayuda de “tutores pares” —decenas de estudiantes avanzados—, o con docentes que acuden a la cárcel (es el caso de Ciencias Económicas y de Arquitectura), y toman los exámenes libres, dijo Gabriela Pasturino, docente del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa).

“Homogenizar” criterios entre los servicios para facilitar el ingreso y el tránsito universitario es “clave” para “garantizar el derecho a estudiar de las personas privadas de libertad”, aseguró Cristina en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar.

Si bien aumentó el número de aspirantes de forma “exponencial” en los últimos tres años, agregó, muchos reclusos “quedan afuera”.

Ante este panorama, la universidad elaborará un protocolo de actuación junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior para favorecer una actuación “más eficaz” dentro del sistema penitenciario, sostuvo el prorrector. “Si yo como profesor doy clases de Biología en la cárcel y entro periódicamente, debo hacerlo en condiciones apropiadas y con mínimas garantías, y no depender de la voluntad del jefe de turno”, dijo.

Cristina —quien visitó semanas atrás el Penal de Libertad junto al rector Rodrigo Arim y otras autoridades universitarias para la entrega de ceibalitas a los reclusos— reclamó la creación de “ciclos de formación” en las cárceles para evitar la duplicación de esfuerzos. También se creó una comisión a nivel central de la Udelar que definirá una estrategia común entre los servicios, en respuesta al crecimiento de la demanda de acceso al estudio universitario en prisión, que todavía es “un lujo para pocos”.

El prorrector citó como experiencia “exitosa” a considerar la de la Universidad de Buenos Aires, que comprende varias carreras que se estudian dentro de la cárcel.

A su turno, el rector coincidió en que la Udelar exige “una política clara, permanente y estable” con respecto a la población privada de libertad.

Si bien la mayoría de los presos universitarios se ubican en el área metropolitana, la demanda también crece en el interior, aseguró Cristina.

En términos porcentuales, las mujeres privadas de libertad son quienes más se apuntan a estudiar carreras terciarias —un 15% del total de reclusos inscriptos en la Udelar—, y representan un 4% de la población carcelaria.

“Tiempo sin sentido”

La universidad firmó recientemente un acuerdo con el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, a efectos de definir un “paraguas interinstitucional” sobre las líneas de investigación y estadística, y generar conocimiento sobre el efecto del sistema de enseñanza en la población privada de libertad y su entorno.

Desde el ámbito académico y penitenciario coinciden en que la educación es “la única salida real” para la recuperación de los presos y su posterior reinserción en la sociedad. Las normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por Uruguay la definen “fundamental”, mientras la Ley de Educación (N° 18.437) expresa en su primer artículo que “el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida”.

Sin embargo, en muchos casos los prisioneros no pueden asistir a clases aun cuando hay cupos disponibles, dijo Petit. Agregó que, en general, esa realidad no ha cambiado demasiado, y la oferta educativa sigue siendo ínfima comparada con las enormes necesidades que hay dentro de las cárceles.

A la falta de cupos se suma que el personal de apoyo es insuficiente, que también escasean los materiales y que desde las instituciones tampoco se estimula que los presos estudien. Petit machacó que la educación es un foco a atender de forma urgente, porque “para buena parte de los internos del sistema, la privación de libertad se vuelve un espacio de tiempo sin sentido”. (Búsqueda Nº 1.953)