Se precisa mayor “formalización de las empresas” para que el crédito ayude a la reactivación, dice la “agencia de las mipymes”

El caso uruguayo pone la lupa sobre la acción desarrollada desde la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), que según el documento “está jugando un rol fundamental como la ‘agencia de las mipymes’” con un “enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales” en el país. El análisis de la Cepal —elaborado en el marco de proyecto coordinado por la Unctad, sigla en inglés de Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo— se apoya en datos aportados por la propia Ande y en conversaciones con su presidenta, Carmen Sánchez.

Añade, en cuanto a los recursos disponibles en el sistema financiero, que “si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas”.

Aludiendo a las “perspectivas” en torno al financiamiento a las mipymes uruguayas, el estudio recoge, basándose en la entrevista con Sánchez, que los créditos fueron “ajustados desde programas existentes” y que “se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa”. Por otro lado, según lo transmitido por la jerarca, “se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales”.

En materia de “transformación empresarial”, el desafío es que la “redefinición de instrumentos conlleva una revisión casa adentro también de las capacidades institucionales propias de los programas”. En ese aspecto, los Centros de Competitividad que en los últimos años empezó a desplegar la Ande “permiten la difusión de los servicios de apoyo a las mipymes en territorio, pero se requiere una mayor participación local. El resto es llevar el funcionamiento de los centros a todo el país”, cita el documento. La intención es “crear una mayor apropiación territorial con aliados y operadores locales”, señala.

Institucionalidad

El documento de la Cepal describe los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte.

Repasa que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad-Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional para el período 2017-2021 como un “marco de proyectos de carácter transversal, enfocados en áreas de interés para el desarrollo productivo”. En materia de mipymes en particular, buscaba promover la articulación de las diferentes instituciones, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación o el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. “El nuevo gobierno posicionado el 1° de marzo de 2020 presentó un enfoque diferente (…) concentrando la atención en la definición de roles para evitar la superposición de acciones, sin la necesidad de contar con un órgano específico de articulación”, y en ese contexto, la Ande “destaca por su capacidad de diseño e implementación de estrategias”.

Ante la pandemia, la intervención de la Ande y del Sistema Nacional de Garantías (Siga) —que administra esa agencia— fue “clave para abordar las problemáticas que se derivan de la crisis sanitaria y afectan la actividad económica y productiva, especialmente de las mipymes”, subrayan los autores.

En 2019 la Ande realizó aportes no reembolsables dirigidos al apoyo de diferentes proyectos por US$ 9,4 millones, que sumados a los aportes de las contrapartes movilizaron un total de US$ 14,1 millones. En contribuciones reembolsables, los créditos ascendieron a US$ 4,2 millones, de acuerdo al informe.

Mipymes y pandemia

La respuesta del gobierno ante los problemas que enfrentan en particular las mipymes ha sido considerada insuficiente, aun por parte de algunos socios de la coalición como Cabildo Abierto o los colorados. Incluso, las nuevas medidas propuestas en febrero por el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley —exoneraciones de aportes previsionales y otros alivios fiscales, entre otras— “se quedan cortas” porque “la mediana empresa nacional (…) no está incluida en este articulado”, afirmó el líder de los cabildantes, el senador Guido Manini Ríos.

La Cepal contabilizó en Uruguay, hasta diciembre de 2020, un total de 19 medidas de apoyo a las empresas chicas o medianas: seis relacionadas con el “empleo”, también seis de “liquidez” y siete para “financiamiento”.

El estudio cita datos a octubre de 2020 acerca de las medidas de respaldo entregadas en cuanto al financiamiento a las empresas. Desde la entrada en vigencia de las nuevas medidas de apoyo —a fines de marzo, tras declararse la emergencia sanitaria— se dieron casi 5.300 créditos por un total de $ 1.070 millones. El 82% fue para capital de trabajo. El Siga Emergencia canalizó 14.986 operaciones por un monto total garantizado superior a US$ 415,9 millones, con cobertura promedio del 76%.

Otras medidas, como parte de una “estrategia de transformación empresarial”, consigna que la “existencia de programas y herramientas operativos ha permitido una redefinición de instrumentos en el marco de la pandemia. Actualmente, los programas de la Ande se concentran en la reactivación post Covid-19”. Asimismo, bajo la lógica de impulsar la creación de bienes públicos que sean de libre acceso para beneficiar a las empresas de un mismo sector, se realizó una convocatoria específica para promover la reactivación sectorial en el contexto de la pandemia. De 21 proyectos postulados, se aprobaron seis.