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Contra lo que podían ser los pronósticos dominantes, los niveles de conflictividad laboral en el actual período de gobierno no explotaron e incluso empresarios y trabajadores aplicaron sensatez y pragmatismo cuando, en la pandemia, fue necesario salvaguardar empleos antes que discutir aumentos salariales. Hubo algunos ajustes regulatorios positivos, pero eso no quita que, en materia de relaciones laborales, no haya varias cuentas pendientes que, viendo lo que marca el calendario, quedarán para la siguiente administración.
Una modernización de los Consejos de Salarios parece fundamental para, por ejemplo, evitar poner en la misma bolsa a grandes y pequeñas empresas de un sector, cuyas realidades son muy disímiles, o a firmas que operan en contextos geográficos también muy diferentes. Por otro lado, la cuestión de la productividad sigue sin ser ubicada en el lugar que se merece en estas negociaciones. Con una perspectiva académica, algún estudio reciente —como el elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo— marca una posible “hoja de ruta” referida por ejemplo a los descuelgues automáticos, las categorías laborales, el trabajo a destajo y el fraccionamiento de las licencias. El mundo del trabajo está cambiando a un ritmo vertiginoso y Uruguay debe adecuarse a eso.
En esa línea, si bien es cierto que no hubo una conflictividad desbordada en estos años, las relaciones obrero-patronales en algunas empresas y rubros de actividad continuaron estando pautadas por la tensión y muchas veces el conflicto. Algunos casos salen a luz solo cuando el problema se transforma en crisis, como el de la desarrolladora de proyectos inmobiliarios Balsa y Asociados, que por estos días se presentó a concurso de acreedores. Según alegó la empresa ante la Justicia concursal, sus complicaciones devinieron por que enfrentó una “importante pérdida de productividad” determinada, entre otras razones, por una “altísima conflictividad”. En 2023 la cantidad de días de paro estuvo “muy por encima del promedio de la industria” de la construcción y otras veces su personal trabajó “a reglamento”, sin hacer horas extras. Más allá de los detalles del caso específico, que desconocemos, el derecho de los trabajadores a reclamar en ciertas ocasiones parece desmedido y extemporáneo.
Una reciente entrevista en El Observador al presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, plantea muy claramente cómo vive al menos parte del empresariado esta realidad.
Pache dice que no están habiendo “grandes conflictos” pero sí “fogonazos de líderes sindicales no tan alineados con la central sindical y seguramente con una visión de un metro y medio y no de largo plazo”. En una actividad que en los últimos tiempos se vio muy golpeada por la diferencia cambiaria con Argentina y por problemas de costos, “si hay algo que necesita una industria para tomar la decisión de cerrar e importar es que la hostiguen”. Según el dirigente empresarial, los conflictos laborales “que muchos no tienen motivo específico” son, para algunas fábricas, “como el tiro de gracia”. Agregó que algunas medidas que se toman por parte de los sindicatos están basadas “en que si no hay un diálogo de reducción de jornada laboral, se hace un paro”.
“No escuché comentarios de industriales que me digan que el sindicato le pidió una reunión para ver cómo se produce más y cómo la fábrica puede ser más competitiva para mantener la fuente de trabajo segura”, señaló.
Está claro que, así como hay trabajadores y sindicatos que se exceden, también hay empresarios que no respetan las condiciones de trabajo o abusan de su personal. No todos son santos. Pero sería saludable una reflexión serena de ambas partes que permita canalizar mejor los conflictos y, asimismo, poder poner en discusión mejoras en los procesos productivos que hagan más eficientes a las empresas y que permitan crear más empleos y mejores salarios. El próximo gobierno, sea del color político que sea, debería proponerse facilitar este diálogo.
