Nº 2199 - 10 al 16 de Noviembre de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUn año antes de que Búsqueda saliera a la calle por primera vez, en 1971, un funcionario de inteligencia de EEUU le entregó al diario The New York Times lo que luego se conocería como “los Papeles del Pentágono”. En plena guerra de Vietnam, el diario divulgó información calificada como “secreto de Estado”, en la cual, entre otras cosas, el gobierno admitía que la guerra se estaba perdiendo y que miles de estadounidenses morían en una lucha lejana que terminaría, efectivamente, en un desastre con dimensiones de conmoción psicológica e histórica para la potencia. El gobierno estadounidense recurrió a la Justicia para censurar tal publicación y acusó al periódico de apátrida y otros calificativos por el estilo. La Corte de Justicia dio lugar a la primera enmienda de la Constitución y habilitó a que el público pudiera saber lo que el poder le ocultaba.
Más acá en el tiempo, Julian Assange y su Wikileaks o el analista de Inteligencia Edward Snowden, sufren aún hoy la amenaza del gobierno de EEUU de cientos de años de cárcel por revelar, entre otras miles de situaciones, cómo soldados americanos asesinan a un grupo de civiles indefensos y a un periodista de la agencia Reuters, en un crimen de guerra que no fue obstáculo para que los disidentes sufrieran, otra vez, la acusación de traición, espionaje, etc.
En estos días, el periodista Eduardo Preve, de TV Ciudad, divulgó tramos de un documento que el jefe de la Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, había presentado en una sesión del Parlamento calificada de “secreta”. Allí se dio cuenta de valoraciones estratégicas y de la orden a la Policía de seguirle la pista a los grupos violentistas.
Garcé presentó una denuncia penal, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que se trató de un “sabotaje nacional” y el ministro de Defensa, Javier García, tildó el hecho como una “traición a la patria”.
Es cierto que la ley sanciona la divulgación de “secretos de Estado”. Lo que la ley no dice es qué se considera “secreto de Estado”. Y eso queda a criterio de los fiscales y los jueces.
Al actuar, los magistrados deberán tener en cuenta si alcanza con que el gobierno decrete el citado “secreto de Estado” para evitar su divulgación, porque con ese criterio cualquier cosa que el poder de turno quiera mantener en reserva lo rotulará como “secreto de Estado” y con ello violaría otro principio también consagrado por la ley, que es el de la libertad de expresión e información.
A diferencia de aquellos “papeles del Pentágono”, divulgados en medio de una guerra, esta información publicada por TV Ciudad no pone en riesgo la seguridad nacional ni vidas humanas que pudieran estar vinculadas a lo develado.
Y si hubiese discrepancias entre lo que el gobierno sostiene y lo que piensa el medio en cuestión, lo resolverá la Justicia.
Pero, podría ocurrir que el periodista se enfrentara a la disyuntiva de que su convicción acerca de que algo es de interés público y debe ser publicado choque con el texto de la ley.
Cuando alguna gente se pregunta si el derecho a publicar es ilimitado, una respuesta podría ser que la ley es la que pone límites. Lo cual no quiere decir que un periodista o un medio no estén dispuestos a violentar la ley si creen que el valor de la información a divulgar merece el riesgo.
A diferencia de otras profesiones, el periodismo trabaja en base a unos derechos que son universales. No hay que ser periodista para tener y ejercer el derecho a difundir información. Eso hace que los periodistas estén sometidos a la crítica, con una convicción de parte del que critica, opina y da consejos aún desde la ignorancia, de una manera que no lo sufren otras profesiones.
¿Cuándo hay que cortar y sacar? Lo decide el cirujano. Y sí, puede ser criticado, pero el que lo hace sabe que lo hace desde su ignorancia.
Con el periodismo no. Es un poco como los DT de fútbol, los hay por millones.
Ser periodista, además de tener fuentes allí donde el común de la gente no llega, además de chequear la información que se va a divulgar, además de manejar los rudimentos para que al hacerlo la información sea comprensible, implica una responsabilidad social. Esa responsabilidad que, para algunos, no tuvo TV Ciudad al revelar el informe de Inteligencia que fue manejado en una sesión “secreta”. ¿Secreta para quién? Para los implicados en la reunión. Ningún periodista, que yo sepa, afilió a ese secreto.
Cuando era cronista parlamentario y en el Senado se celebraba alguna sesión “secreta”, tenía un lugar estratégico, debajo de una mesa, en el cual me escondía y desde allí oía lo que los senadores, y no yo, se habían comprometido a que fuera secreto.
Si el poder, o quien sea, quiere que algo sea secreto, que se encargue de mantenerlo. No pueden pretender que les hagamos su trabajo cuando precisamente el nuestro es el contrario, que el secreto se devele.
Pero, además, si hay algo que siempre debería primar por encima de la ley e incluso de la ética, es el sentido común.
No estamos en un país donde los servicios de inteligencia tengan un estricto control parlamentario como ocurre en otras naciones. Más bien estamos en un país en el que, ante la sospecha de que un servicio de inteligencia pudo estar espiando a un periodista, el Ministerio del Interior superó el asunto preguntándole a los propios encargados del servicio si eso era así.
Cuando el gobierno de un país da señales de actuar en clave de broma, mucho más serio se hace el trabajo de la prensa. Y no solo hay que soportar los embates del poder de turno o de las audiencias, que elogian o critican según sople el viento, sino que, en aras del interés del público, de la libertad de prensa y de la transparencia, hay que estar dispuesto a chocar con los elefantes blancos.
El ministro de Defensa calificó el hecho como un acto de traición a la patria. “La patria”, como ocurre con Dios, el honor y un largo etcétera de conceptos, sirven un día a una causa y otro a otra, o han sido utilizados para justificar atrocidades, injusticias, dictaduras. Los dictadores en todo tiempo y lugar ejercen su poder en nombre de “la patria”. Por eso, al ministro y a todo el que piense como él, incluso colegas, les tengo una noticia que seguro no les gustará: hay quienes ejercemos el periodismo sin que nos interese la patria.
Pueden vestir de seda a una manada de monos, pero lo único que de verdad está en juego aquí no es la patria, sino la libertad en toda su expresión y el derecho del público a saber aquello de lo que algunos se creen propietarios.