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Que la situación fiscal y la dinámica de la deuda pública en Uruguay son insostenibles, es algo que ya no admite ninguna duda. Podrá discutirse si el actual gobierno logrará “legarle” al que vendrá la tarea de recomponer esa sostenibilidad, o si a pesar del año electoral deberá hacerlo el propio Tabaré Vázquez ya en 2019. También habrá quienes quieran discutir qué combinación de aumentos de impuestos y/o reducción de gastos se deberían emplear.
En nuestra opinión, el único camino posible para salir del actual problema fiscal y de dinámica de la deuda pública, contribuyendo al mismo tiempo a sentar las bases para revertir el muy mediocre panorama de nivel de actividad y de empleo que hemos tenido desde 2015 a la fecha, es actuar drásticamente sobre el gasto público sin la menor demora. Y hay que hacerlo tanto con medidas de corto plazo junto con otras estructurales —en áreas como la seguridad social— y una redefinición profunda del rol del Estado a escala nacional, departamental así como en las empresas públicas.
El cambio en las circunstancias internacionales (precios de las materias primas, suba de las tasas de interés en Estados Unidos; disminución de los flujos de capitales hacia los mercados emergentes; apreciación del dólar; menor ritmo de crecimiento de China, etc.) y regionales (fuerte crisis en los países vecinos; cambio adverso en las relaciones de precios con Brasil y sobre todo con Argentina, etc.) hacen que el sector privado ya no pueda seguir cargando con la mochila tan pesada que representa un gasto público que no ha parado de subir desde 2005. El gasto corriente del sector público subió en siete puntos del Producto Bruto Interno-PBI (un PBI que, además, creció de manera muy apreciable, al menos hasta 2014), siendo este un motivo básico para que el superávit corriente de 4,2% del Producto en los 12 meses cerrados en febrero de 2005 se transformara en el déficit antes del pago de intereses de 0,5% del PBI actual, a pesar del aumento de la recaudación por los sucesivos ajustes fiscales y del uso de las tarifas públicas con fines recaudatorios.
Cuando el contexto internacional y regional ayudaba generando fuertes “vientos de cola” (soja a US$ 600 la tonelada; tasa de interés a 0% y abundante ingreso de capitales, fuerte “atraso cambiario” y crecimiento regional, etc.), el sector privado pudo absorber tanto el peso cada vez mayor de ese gasto público como su prácticamente nula productividad (a pesar del fuerte aumento de las erogaciones, en lugar de mejorar hubo deterioros notorios en la calidad de la educación, de la salud y de la seguridad públicas, así como una virtual desaparición de la inversión en infraestructura por parte del Estado). Con la situación regional y externa actual, y la esperable para los próximos años, ello ya no es posible. Y esta realidad está asfixiando al sector privado, provocando crecientes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, a la vez que genera un desaliento fuerte para la inversión (además de los problemas en esta área por el actual marco normativo del mercado de trabajo).
En las tendencias actuales, y tal cual ha sido el caso desde el 2005 a la fecha, quien quiera producir y trabajar y vivir en Uruguay sabe que enfrenta una presión tributaria directa e implícita creciente año a año. Eso lo obliga a repensar seriamente la opción de seguir viviendo y produciendo en el país, algo que ya han hecho miles de compatriotas que decidieron emigrar (lamentablemente los más calificados), así como centenas de empresarios que al final cayeron en la cuenta de que el “país productivo” fue una gran mentira y un chiste de mal gusto.
Uruguay necesita un shock sobre el gasto público, pero el mismo no debe pensarse en función de bajar el déficit sino de bajar impuestos (comenzando preferiblemente por los aportes patronales a la seguridad social, el impuesto a la renta empresarial y el IRPF, y continuando luego con los que gravan el consumo), así como las tarifas públicas. Asimismo, debería pensarse en una regla en la que digamos, por los próximos 10 años, la mitad del incremento de la recaudación que se genera por el crecimiento de la economía se debe destinar a seguir bajando impuestos y la otra mitad a la reducción del déficit, de forma tal de cambiar radicalmente la actual dinámica de presión fiscal que enfrenta el sector privado.
Afortunadamente, dentro de un panorama que no cabe duda es sumamente complicado, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos da una ventana de esperanza, al cuantificar la ineficiencia en la ejecución del gasto público en los diversos países de la región. En el caso de Uruguay, el monto de dicha ineficiencia está estimado en 3,7% del PBI (un nivel casi similar al actual déficit fiscal). Es un número impactante. Si a eso se le suma potencialmente una reforma estructural del Estado que lo adecue a las necesidades del siglo XXI, seguramente los ahorros podrían multiplicarse, lo mismo que la reducción potencial de impuestos y tarifas públicas. Resta saber si habrá voluntad política para evitar que el país siga apagándose de a poco.
