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En un verano donde no abundan las noticias, y mucho menos las positivas o que potencialmente pueden serlo, la llamada del Secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, al presidente electo, Luis Lacalle Pou, y el pedido de este de que se pudiera reconsiderar la posibilidad de reflotar la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Uruguay, es algo que vale la pena rescatar.
Rápidamente, Lacalle Pou se encargó de aclarar que no hay que generarse falsas expectativas, pero lo que importa resaltar es la actitud del gobierno, que entrará en funciones el próximo 1º de marzo, de buscar por todos los medios posibles y en toda oportunidad que se presente nuevos acuerdos comerciales para facilitar el acceso de la producción nacional en mejores condiciones en los principales mercados mundiales.
Los TLC no son “per se” una herramienta “mágica” para mejorar las perspectivas de crecimiento económico y bienestar, pero dan un incentivo muy significativo para que los países que consiguen mejores accesos para sus exportaciones realicen las reformas internas necesarias a los efectos de poder aprovechar todo el potencial que los acuerdos comerciales pueden desatar.
Así, acuerdos tipo TLC brindarían incentivos muy altos para atacar el alto “costo país”, ya que es obvio que de poco sirve tener acceso preferencial a los mercados externos si por un problema de costos internos, de todas formas, no es posible vender al no ser competitivo.
Y el problema del alto “costo país” tiene múltiples facetas que hay que atacar de manera simultánea. Una parte es el alto peso del gasto público que hay que financiar con impuestos que no se pueden exportar, especialmente cuando lo que el Estado devuelve a la sociedad en materia de “bienes públicos” deja mucho que desear, y tiene muy poca relación con los impuestos que se cobran. Estrechamente vinculado a este tema está el uso de las tarifas públicas como forma de financiamiento para el gasto estatal, política que supuestamente el nuevo gobierno ha prometido modificar.
También vinculado al tema fiscal aparece el hecho de que las políticas expansivas, y la necesidad de financiar un creciente déficit con endeudamiento externo, directa e indirectamente contribuyen a generar una apreciación indebida de la moneda local, quitándole competitividad a los productores nacionales de bienes transables. El equilibrio presupuestario a escala global y una política monetaria relativamente expansiva deberían ser el objetivo a perseguir desde el punto de vista del manejo macroeconómico, a diferencia de lo que ha sido la norma en los últimos años.
Otra parte del problema del elevado “costo país” también se debe a situaciones de competencia imperfecta en los mercados de bienes no transables, por lo que una mayor desregulación de dichos mercados —que aliente una mayor competencia como forma de bajar costos— también debería figurar con una alta prioridad en cualquier agenda de reformas que pretenda preparar al país para que se pueda aprovechar mejor los eventuales beneficios de los TLC que pudieran firmarse.
Finalmente, en materia salarial debería acordarse que el único criterio válido para los aumentos reales es la evolución de la productividad de la mano de obra de cada empresa.
En definitiva, el ejercicio de bajar el alto “costo país” es algo que habrá que hacer de todas maneras, por una cuestión de supervivencia, primero y, segundo, para potenciar las posibilidades de crecimiento si se logran mejores accesos a mercados externos, sea por convenios comerciales que se acuerden conjuntamente con el Mercosur, o los que Uruguay pueda firmar de manera individual. En todo caso, si el tren de los TLC vuelve a pasar, esta vez habrá que subirse.
