Silencios estridentes

Para ello abandonó el discurso revolucionario sandinista, tejió alianzas con empresarios y supo convivir con el “imperialista” Bush (y Obama). Pactó con el ex presidente Arnoldo Alemán, preso por corrupción, y ha formalizado acuerdos y ha logrado concesiones recíprocas con la jerarquía católica.

Ortega cursó estudios en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú y regresó a Nicaragua sumándose a la guerrilla. Estuvo preso siete años por un asalto bancario siendo liberado en 1974 en canje por jerarcas somocistas tomados de rehenes durante un operativo del FSL.

Tras la caída del dictador (1979) encabezó la Junta de Gobierno y se convirtió en presidente del país seis años más tarde. En 1990 perdió la reelección ante Violeta Chamorro pero antes de dejar el poder sus partidarios se apropiaron en “la piñata” de todo tipo de bienes ajenos. Volvió a ser derrotado en 1997 por Arnoldo Alemán y en 2002 por Enrique Bolaños.

En 1998 fue acusado judicialmente por su hijastra, Zoilamérica Narváez, hija de un anterior matrimonio de la hoy primera dama, de haberla violado reiteradamente cuando era niña, pero la causa fue archivada años después por considerar que los delitos denunciados habían prescripto. Meses atrás denunció el acoso del gobierno sandinista y la expulsión de su compañero boliviano.

Travestido políticamente, con solo 39% de los votos, Ortega recuperó el poder en 2007. Desde entonces Ortega y Murillo se han dedicado a acumular poder y fortuna. Controlan el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. Controlan también el Ejército, la Policía y medios de comunicación. Desde entonces Nicaragua se alió al bloque bolivariano liderado por la chequera petrolera de Hugo Chávez bajo la dirección cubana.

Hace unas semanas, tras un fallo de la Corte Suprema que resolvió un antiguo litigio sobre la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), el Consejo Electoral reconoció a un diputado “colaboracionista”, el abogado Pedro Reyes. La decisión abrió el camino para que, en una medida sin precedentes, días después la Asamblea Legislativa destituyera a 28 legisladores del PLI (16 titulares y 8 suplentes), leales al opositor Eduardo Montealegre, coordinador de la coalición opositora que incluye a disidentes del FSL. La destitución se fundamentó en una norma constitucional que establece que los escaños pertenecen al Partido por el que fueron electos.

A menos de tres meses de la elección presidencial, la “jugada” política deja al matrimonio Ortega-Murillo sin rivales de fuste a la vista, le asegura un nuevo quinquenio en el poder y, no poca cosa, encamina la sucesión ante los problemas de salud de Ortega.

El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), escindido del FSI, denunció que la destitución de los diputados, entre ellos el ex canciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, “viola el principio de independencia” y “rompe el equilibrio de poderes”, lo que consideró “un golpe de Estado al Parlamento”. Sostuvo que se “debilita aún más la democracia en el país” al haberse “cerrado los espacios de la oposición y del pueblo”. Tras recordar que el gobierno anunció que no permitirá observadores independientes en la elección, consideró que “prepara un fraude electoral”.

Es notorio que la distancia geográfica, así como la historia y las realidades políticas, sociales y culturales de las naciones centroamericanas, son una barrera para seguir y comprender cabalmente los acontecimientos nicaragüenses desde estos confines del continente.

Aun así llama la atención la escasa repercusión que estas noticias han tenido en la comunidad izquierdista, siempre tan motivada a denunciar los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos cuando estos son generados por gobiernos ideológicamente ubicados a la “derecha”.

Comunidad siempre dispuesta a resaltar la superioridad moral de sus ideas, de sus valores éticos, y en negárselos a quienes no comparten sus ideas y convicciones. O simplemente a quienes piensan diferente. Siempre tan callados cuando se trata de presos políticos o de huelgas de hambre de opositores en Cuba o Venezuela. O cuando regímenes populistas organizan a bandas de matones armados para enfrentar las protestas de ciudadanos que reclaman cambios como ocurre en la hoy caótica Venezuela.

Sorprende la solidaridad, ahora algo atenuada, con un régimen despótico del que desde hace más de medio siglo huyen miles y miles de cubanos todos los años, aun a riesgo de sus vidas, escapando de la pobreza y tratando de buscarse una vida mejor a partir de su esfuerzo personal y del ejercicio de la libertad. Sorprende el ominoso silencio, el mirar para otro lado y hacerse los desentendidos cuando la corrupción golpea las filas de gobiernos “ideológicamente amigos” o con quienes hacemos negocios que ayudan a financiar la actividad política.

En política suele haber silencios cómplices y silencios temerosos. Incomprensibles todos. Los hubo y los hay tanto por derecha como por izquierda. Todos son vergonzosos. Silencios originados en coincidencias ideológicas, en adhesiones, simpatías o intereses políticos. E incluso económicos.

Silencios que dicen mucho, valga la paradoja, de la honestidad intelectual del debate político y de las personas cuando, por las razones que fueren, se silencian las opiniones por temor o por cálcu­lo político.

Son hemiplejías políticas y morales que no es posible ocultar. Y que, ante el fracaso de los popu-progresismos regionales, resultan cada vez más notorias en la izquierda.

Un silencio cada día más estridente que degrada las convicciones democráticas y las ideas que se proclaman públicamente. Que contribuye además a entender la crisis en la que se sumió la izquierda latinoamericana apenas alcanzó el poder. Es la distancia existente entre sueños y realidades.